Desde 2007, que estalló la crisis económica más grande del capitalismo desde 1929, la situación social y las condiciones de vida de las clases populares se han ido deteriorando hasta hacerse crónicas.

La sociedad capitalista funciona en la medida que obtiene beneficios a costa del trabajo colectivo de la clase trabajadora. Estas ganancias se las apropia la minoría de la población, la burguesía, que posee los medios de producción. Sistemáticamente la sociedad capitalista entra en crisis y se acentúa la lucha de clases. Este conflicto tiene un campo de batalla social que es el marco territorial de los Estados y en el capitalismo imperialista se traspasa a todo el planeta. Toda la economía mundial está interconectada debido al desarrollo de las empresas capitalistas y su interconexión entre los distintos sectores. Sin embargo el primer nivel del conflicto social de la lucha de clases es el territorio de un Estado, en nuestro caso el Estado español.

El gobierno de Rajoy no cesa de explicar que hemos salido de la crisis, que se crea empleo y que la economía mejora. Sin embargo los datos lo desmienten. El crecimiento económico, el beneficio de las grandes corporaciones y de los capitalistas, se hace a costa de la pobreza, los salarios, la precariedad laboral de las clases trabajadoras, y de los sistemas públicos del que se benefician todas las clases populares que año tras año han acentuado el deterioro de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos con los recortes de presupuestos, de empleo público y de privatizaciones.

Los precios subieron un 2,1% de media hasta octubre de este año. Los salarios pactados en convenio suben un 1,4% hasta el mismo mes, perdiendo poder adquisitivo, mayor en el caso de las pensiones, cuya revalorización fue del 0,25%. Por el contrario tenemos el crecimiento de los dividendos empresariales (rentas distribuidas de las sociedades no financieras) que en el primer semestre de 2017 se incrementan un 10,1% y se sitúan en 33.729 millones. En 2017 habrá casi 1.900.000 puestos de trabajo menos (equivalente a tiempo completo) que en 2007, la tasa de desempleo continúa siendo de las más altas de la eurozona. Sólo Grecia tiene más parados, con 3.730.000.
Desde 2007, que estalló la crisis económica más grande del capitalismo desde 1929, la situación social y las condiciones de vida de las clases populares se han ido deteriorando hasta hacerse crónicas.

La sociedad capitalista funciona en la medida que obtiene beneficios a costa del trabajo colectivo de la clase trabajadora. Estas ganancias se las apropia la minoría de la población, la burguesía, que posee los medios de producción. Sistemáticamente la sociedad capitalista entra en crisis y se acentúa la lucha de clases. Este conflicto tiene un campo de batalla social que es el marco territorial de los Estados y en el capitalismo imperialista se traspasa a todo el planeta. Toda la economía mundial está interconectada debido al desarrollo de las empresas capitalistas y su interconexión entre los distintos sectores. Sin embargo el primer nivel del conflicto social de la lucha de clases es el territorio de un Estado, en nuestro caso el Estado español.

El gobierno de Rajoy no cesa de explicar que hemos salido de la crisis, que se crea empleo y que la economía mejora. Sin embargo los datos lo desmienten. El crecimiento económico, el beneficio de las grandes corporaciones y de los capitalistas, se hace a costa de la pobreza, los salarios, la precariedad laboral de las clases trabajadoras, y de los sistemas públicos del que se benefician todas las clases populares que año tras año han acentuado el deterioro de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos con los recortes de presupuestos, de empleo público y de privatizaciones.

Los precios subieron un 2,1% de media hasta octubre de este año. Los salarios pactados en convenio suben un 1,4% hasta el mismo mes, perdiendo poder adquisitivo, mayor en el caso de las pensiones, cuya revalorización fue del 0,25%. Por el contrario tenemos el crecimiento de los dividendos empresariales (rentas distribuidas de las sociedades no financieras) que en el primer semestre de 2017 se incrementan un 10,1% y se sitúan en 33.729 millones. En 2017 habrá casi 1.900.000 puestos de trabajo menos (equivalente a tiempo completo) que en 2007, la tasa de desempleo continúa siendo de las más altas de la eurozona. Sólo Grecia tiene más parados, con 3.730.000.

El mayor problema que existe hoy, tanto en Cataluña como el resto del país, es la enorme crisis social que sufren las clases populares. Apenas tiene visibilidad en los medios de comunicación. Mientras tanto a la minoría de burgueses que obtienen sus rentas de la propiedad y de la gestión del capital les ha ido muy bien tanto en Cataluña como en España. Según los datos aportados por el profesor Viçenc Navarro, entre 2008 y 2016 las rentas del trabajo bajaron del 50% al 46%, mientras que las rentas del capital subieron durante el mismo periodo del 42% al 45%. Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta en Cataluña se dispararon de manera que la población con más ingresos, los ricos y clases medias profesionales de renta alta, tenían 6 veces más riqueza en 2016 que el 20% más pobre.

En realidad, las 20 mayores fortunas en Cataluña tienen en total una riqueza de 22.400 millones de euros, cantidad casi equivalente al 11% del PIB catalán, siendo éste el 20% del español. En España la décima parte con menor renta laboral está un 24% por debajo de la que tenían antes del inicio de la crisis y la población en riesgo de pobreza se sitúa en el 22,3%. En Cataluña el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el periodo 2008-2015 pasó de un 15% de la población total a un 20%. En cuanto a los salarios, podemos decir que se han depreciado en todo el país, mientras que los beneficios empresariales han subido en este último año según un informe de CCOO un 10%. ¿Dónde ha ido todo ese dinero extraído al mundo del trabajo? Un economista en el periódico “20 Minutos” respondía: “Sencillamente, como ya mostró en un momento Daniel Fuentes, en 2015, a amortizar la deuda de un sector privado sometido a fuertes restricciones crediticias durante los años duros del ajuste. Así que sí, los asalariados —y particularmente los más desprotegidos— han sido los ‘paganinis’ de la crisis, sin que parezca que haya el más mínimo interés en corregir esta situación, unas tasas de paro que están todavía muy lejos de las vividas antes de la crisis y una creación de empleo de muy baja calidad que mantiene en la pobreza a más del 13% de la población que trabaja, cifra que se incrementa hasta el 18% para menores de 25 años.”

Ante esta situación social, el colmo del cinismo ha sido la actuación de los partidos nacionalistas catalanes, que en Cataluña dirigen el movimiento independentista PDeCAT y ERC. Ellos fueron responsables en los gobiernos de la Generalitat de recortes sociales brutales, los mayores de toda España y de la Unión Europea. En 2012 Mas y Junqueras, CiU (PDeCAT) y ERC respectivamente, pactaron el gobierno en base a una consulta de autodeterminación para 2014. El corrupto Artur Mas espetó: “Llegó el momento”. Estaban preparando la salida hacia la independencia como vía de escape a la crisis social en la que estaba sumida Cataluña y para tapar las medidas contra las clases populares y los servicios públicos que estaban desarrollando. Ahora lo justifican con el “austericidio” de Rajoy, del gobierno central, o como les gusta decir de España o el Estado español. El engaño estaba servido: la independencia, venían a decir, nos librará de un gobierno, el de Rajoy, y de la monarquía, que nos impiden hacer leyes sociales.

Sin embargo, no les impidió durante estos años, con la justificación del “procés”, recortar los presupuestos sociales. Durante el periodo 2010-2015, en Cataluña el gasto público social de la Generalitat se redujo en 3.456 millones de euros, lo que significó una reducción de un 17%, pasando de gastarse 19.881 millones en 2010 a 16.424 en 2015. El gasto público educativo se redujo un 17%, pasando de 6.310 millones a 5.234 millones en 2015. El gasto sanitario público de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 9.903 a 8.464 millones de euros. Hubo una privatización masiva de la gestión de los servicios públicos. El gasto público en vivienda y otras actuaciones urbanas de la Generalitat se redujo un 60% pasando de ser 723 millones a 289 millones. El gasto de protección social del gobierno de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 2.110 millones a 1.823 millones. Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña muestran un descenso en la financiación de los servicios públicos del 17%. Tales recortes han sido los más duros de todo el Estado de las autonomías y en la UE. Para “recuperar la economía”, decía el presidente Mas: “la austeridad nos hará fuertes”.
El mayor problema que existe hoy, tanto en Cataluña como el resto del país, es la enorme crisis social que sufren las clases populares. Apenas tiene visibilidad en los medios de comunicación. Mientras tanto a la minoría de burgueses que obtienen sus rentas de la propiedad y de la gestión del capital les ha ido muy bien tanto en Cataluña como en España. Según los datos aportados por el profesor Viçenc Navarro, entre 2008 y 2016 las rentas del trabajo bajaron del 50% al 46%, mientras que las rentas del capital subieron durante el mismo periodo del 42% al 45%. Como consecuencia de ello, las desigualdades de renta en Cataluña se dispararon de manera que la población con más ingresos, los ricos y clases medias profesionales de renta alta, tenían 6 veces más riqueza en 2016 que el 20% más pobre.

En realidad, las 20 mayores fortunas en Cataluña tienen en total una riqueza de 22.400 millones de euros, cantidad casi equivalente al 11% del PIB catalán, siendo éste el 20% del español. En España la décima parte con menor renta laboral está un 24% por debajo de la que tenían antes del inicio de la crisis y la población en riesgo de pobreza se sitúa en el 22,3%. En Cataluña el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el periodo 2008-2015 pasó de un 15% de la población total a un 20%. En cuanto a los salarios, podemos decir que se han depreciado en todo el país, mientras que los beneficios empresariales han subido en este último año según un informe de CCOO un 10%. ¿Dónde ha ido todo ese dinero extraído al mundo del trabajo? Un economista en el periódico “20 Minutos” respondía: “Sencillamente, como ya mostró en un momento Daniel Fuentes, en 2015, a amortizar la deuda de un sector privado sometido a fuertes restricciones crediticias durante los años duros del ajuste. Así que sí, los asalariados —y particularmente los más desprotegidos— han sido los ‘paganinis’ de la crisis, sin que parezca que haya el más mínimo interés en corregir esta situación, unas tasas de paro que están todavía muy lejos de las vividas antes de la crisis y una creación de empleo de muy baja calidad que mantiene en la pobreza a más del 13% de la población que trabaja, cifra que se incrementa hasta el 18% para menores de 25 años.”

Ante esta situación social, el colmo del cinismo ha sido la actuación de los partidos nacionalistas catalanes, que en Cataluña dirigen el movimiento independentista PDeCAT y ERC. Ellos fueron responsables en los gobiernos de la Generalitat de recortes sociales brutales, los mayores de toda España y de la Unión Europea. En 2012 Mas y Junqueras, CiU (PDeCAT) y ERC respectivamente, pactaron el gobierno en base a una consulta de autodeterminación para 2014. El corrupto Artur Mas espetó: “Llegó el momento”. Estaban preparando la salida hacia la independencia como vía de escape a la crisis social en la que estaba sumida Cataluña y para tapar las medidas contra las clases populares y los servicios públicos que estaban desarrollando. Ahora lo justifican con el “austericidio” de Rajoy, del gobierno central, o como les gusta decir de España o el Estado español. El engaño estaba servido: la independencia, venían a decir, nos librará de un gobierno, el de Rajoy, y de la monarquía, que nos impiden hacer leyes sociales.

Sin embargo, no les impidió durante estos años, con la justificación del “procés”, recortar los presupuestos sociales. Durante el periodo 2010-2015, en Cataluña el gasto público social de la Generalitat se redujo en 3.456 millones de euros, lo que significó una reducción de un 17%, pasando de gastarse 19.881 millones en 2010 a 16.424 en 2015. El gasto público educativo se redujo un 17%, pasando de 6.310 millones a 5.234 millones en 2015. El gasto sanitario público de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 9.903 a 8.464 millones de euros. Hubo una privatización masiva de la gestión de los servicios públicos. El gasto público en vivienda y otras actuaciones urbanas de la Generalitat se redujo un 60% pasando de ser 723 millones a 289 millones. El gasto de protección social del gobierno de la Generalitat se redujo un 14%, pasando de 2.110 millones a 1.823 millones. Los presupuestos de la Generalitat de Cataluña muestran un descenso en la financiación de los servicios públicos del 17%. Tales recortes han sido los más duros de todo el Estado de las autonomías y en la UE. Para “recuperar la economía”, decía el presidente Mas: “la austeridad nos hará fuertes”.