El conflicto político catalán ha provocado una polarización nacionalista en la sociedad española. En Cataluña, donde el soberanismo e independentismo es apoyado por centenares de miles de personas, ha roto la sociedad en dos mitades interclasistas. Una mitad, que no llega al 50%, está movilizada desde 2012, primero por el llamado derecho a decidir en un referéndum, después de los últimos acontecimientos de octubre y noviembre de 2017, por la independencia, con la voluntad de instaurar una República catalana independiente. En el resto del Estado, contrariamente a lo que esperaban parte de la izquierda revolucionaria, la movilización y estado de opinión se ha organizado mayoritariamente en apoyo del gobierno Rajoy, apoyado por Ciudadanos y PSOE y en contra del “procés” con la unidad de España por bandera. Por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco se han visto banderas nacionales borbónicas en los balcones de los barrios populares de una forma apreciable. Incluso en Cataluña el conflicto ha permitido a la derecha españolista y personalidades del socialismo y del PSUC organizar movilizaciones masivas por la unidad española, trayendo —eso sí— autobuses de fuera de Cataluña, y crear un estado de opinión activo contra la independencia entre la población no catalanista.
El capitalismo en España, en Cataluña, ha encontrado las patrias para imponer la misma política, la misma explotación en favor de la burguesía. Y su herramienta más útil: enfrentar a los trabajadores y a las clases populares y así desviar la crisis económica y social hacia su terreno.
La perspectiva de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre será la comprobación de la opinión de los catalanes y constatará en qué medida la fractura catalana beneficia más a unos que otros. La derecha de Ciudadanos tiene puestas las esperanzas en la movilización de “esa mayoría silenciosa” que no se había manifestado. Si como especulan algunos de los análisis electorales, la participación supera el 80%, Ciudadanos subiría espectacularmente y los partidos no catalanistas de la derecha, más el PSC, podrían tener la mayoría del “parlament” de la Generalitat. De todas formas todo indica que la movilización de las dos mitades hará que el conflicto se mantenga y se aboque hacia una negociación donde los intereses de unos y otros cedan.
Este conflicto ha servido para intentar tapar la gran crisis social en la cual vive la sociedad española y las clases populares. Tanto en Cataluña como en el resto del país la fractura social entre la burguesía y el proletariado, entre la gran patronal y las clases trabajadoras, se ha ido agrandando a favor del capital. Son los hombres y mujeres trabajadoras los que están pagando la crisis capitalista aparecida en 2007, manteniendo y aumentando los beneficios de los grandes empresarios. Es precisamente esta crisis económica y social la que determinó en última instancia el cambio de la derecha catalanista y su pequeña burguesía hacia el independentismo. Esta huida hacia adelante le ha permitido liderar la movilización, mantener el “gobern” de la Generalitat y presentarse como víctima de los herederos del rancio autoritarismo franquista del Estado español y el gobierno de Rajoy. Con Puigdemont en Bélgica, en su exilio de opereta para unos, inteligente estrategia defensiva para otros, y parte de sus ministros en la cárcel o juzgados, el clima se ha enrarecido. La campaña electoral comenzó desde la implementación del artículo 155.
Este conflicto sitúa a los intereses de los distintos partidos independentistas en diferentes niveles según aparezcan las distintas maniobras políticas de los aparatos partidarios. Para la derecha catalanista y corrupta de PDeCAT, la antigua Convergencia de Pujol y Mas, el “procés” ha sido la forma de mantener el gobierno de la autonomía y liderar el poder político, ya que desde la crisis económica estaba perdiendo votos, escaños e implantación, en los sectores de la pequeña burguesía catalanista por su acción continua a favor de los recortes sociales y el “austericidio”. Para ERC, el tradicional partido independentista de centro izquierda, era la oportunidad de liderar y encabezar el catalanismo que se compartía con la antigua Convergencia. Y para la CUP ha sido la ocasión de aparecer como la izquierda “anticapitalista” que empujaba a Puigdemont hacia posiciones que iban a facilitar un cambio social, gracias a la movilización, apoyándose en el electorado más radical y popular.
Para organizar las grandes movilizaciones desde la diada de 2012 se han servido de dos grandes organizaciones de masas: ANC y Omnium Cultural. Son organizaciones una social y soberanista, la segunda cultural. Apoyadas por PDeCat y ERC han tenido una trayectoria desde hace años catalanista, recibiendo apoyo institucional de todo tipo y creando el tejido social y popular necesario para mantener la identidad nacionalista. Estas organizaciones con decenas de miles de afiliados constituyen una buena parte de la estructura social catalanista que permite extender, mantener y defender la cultura y la lengua catalana junto a sus posiciones políticas nacionalistas.
Sus respectivos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart encarcelados por organizar el 1-O y liderar las manifestaciones, han estado ligados al poder autonómico. El primero como adjunto al Defensor del pueblo y el segundo como presidente de la Femcat, una asociación de empresarios catalanista y muy cercana al poder de la Generalitat.
Pero el “procés” no hubiera tenido más repercusión que las maniobras politiqueras de los partidos si no hubiera habido una real participación de masas movilizándose. Primero por el derecho a un referéndum decisorio, después resistiéndose a la represión de Rajoy que intentó impedir por la fuerza el 1-O y finalmente oponiéndose al artículo 155 que disolvía el “parlament” para convocar elecciones. Esta movilización popular ha sido llevada a través de los Comités de Defensa del Referéndum, y después convertidos en Comités de Defensa de la República.
En cada barrio, en cada ciudad y pueblo estos comités organizaron el referéndum, ocultaron papeletas y urnas, se resistieron a la policía y participaron en las grandes manifestaciones. En la última huelga general –que fue limitada— del pasado miércoles 8-N cortaron carreteras y vías férreas y participaron activamente apoyándola.
Estos comités han sido realmente los que han encauzado la indignación popular y organizado al sector más radical y activista de los barrios y ciudades. Sin embargo no han ido más allá de la mera reivindicación democrática e independentista con una ausencia total de perspectiva de clase. De todas formas la huelga estuvo limitada a ciertos sectores productivos. Pararon los transportes, eso sí.
¿Y el mundo del trabajo? La clase trabajadora ha permanecido al margen, en su mayoría, como clase; aunque individualmente hayan asistido a las movilizaciones.
Pero sus intereses, sus necesidades, sus reivindicaciones propias no han aparecido. Es más, han sido ocultadas por toda la crisis política y provocaciones del gobierno central.
Por poner un ejemplo: entre el 22 y 24 de noviembre 4 personas fueron juzgadas por su participación en la huelga general del 29-M de 2012 a instigación de la empresa Starbucks y la Generalitat, pidiendo el fiscal seis años de cárcel. Sin embargo, sólo aparecen en los medios de comunicación “los presos políticos catalanistas”.