La transición a la monarquía parlamentaria tras la muerte del dictador supuso la conformación de un régimen político al uso en Europa. La fase final de la dictadura estuvo preñadas de luchas obreras, con la formación de organizaciones de trabajadores de nuevo tipo, que después se convirtieron en sindicatos —CCOO— y la aparición con fuerza de una vanguardia militante y joven que impulsaba las luchas contra la dictadura y el capital. El PCE fue el grupo más importante en estas luchas y en el movimiento obrero. Pero también hubo la aparición de sectores de estudiantes y obreros que en nuevos partidos revolucionarios y sindicatos combativos contribuyeron al auge de estas luchas. Estas luchas fueron reprimidas brutalmente por la Policía Armada, los “grises” de la época, la policía secreta, la temida “social”, y la extrema derecha. Cientos de muertos y torturados todavía no son reconocidos por los gobiernos posteriores a la dictadura y ningún policía ha sido encausado. Si acaso, como en el caso del asesinato de Yolanda González, algunos militantes de la extrema derecha pasaron por la cárcel poco tiempo.
Las imágenes de la represión del referéndum el 1-O, la salida de la policía hacia Barcelona con gritos “a por ellos” y con las banderas nacionales, han recordado aquellos momentos de la Transición. Han sido muchos los comentarios que han interpretado los hechos por la existencia de un régimen político, nacido tras la muerte del dictador, llamado “el régimen del 78”, fundamentado en el franquismo más autoritario. Otros desde la izquierda hablan de un neofranquismo del PP y Rajoy, de la traición de los socialistas al apoyarlo. Entra dentro de una aparente lógica vivida pensar de esta forma. Esta situación, así como los encarcelamientos posteriores de los catalanistas, han motivado que la crítica al Estado y al gobierno Rajoy esté adjetivada por el término franquista.
Existe el razonamiento, entre medios de izquierda, sobre el Estado español, definiendo el régimen del 78 como esencialmente, o con elementos franquistas. Y la represión que vemos o hemos visto en estos años de gobierno del PP es la prueba fehaciente de esto. Desde los titiriteros madrileños encausados y apresados por una obra de marionetas, los más de 800 sindicalistas acusados con penas de cárcel en distintas huelgas, los miles de representantes sindicales despedidos por la patronal, las torturas y golpes de los mossos como de la policía en manifestaciones y detenciones… hasta los detenidos por organizar el 1-O, o declarar la República catalana, son ejemplos de la herencia de un autoritarismo franquista que el Estado, “el régimen del 78”, lleva en sí mismo.
Sin embargo aún siendo comprensible esta visión, debido a nuestra historia política reciente, no es totalmente real. El Estado y sus instituciones, bajo la forma o régimen político que sea, no es más que el aparato de dominación y represión de la clase dominante. Este aserto del marxismo no debemos olvidarlo, pues el hecho que define el Estado en una sociedad no es la “forma”, es su contenido y qué clase detenta el poder. Pues nos podemos engañar con una visión “republicana” del Estado que no sea más que la envoltura de la burguesía. Aunque siempre la clase trabajadora necesitará la máxima libertad y derechos para poder defenderse. Tradicionalmente en el movimiento obrero sería la república democrática.
El Estado moderno, como llaman los historiadores, que nace con el desarrollo capitalista, no es más que la maquinaria que teniendo el monopolio de la violencia ejerce su poder para mantener, proteger y alimentar al sistema capitalista de producción y sus mecanismos de reproducción y relación social e ideológica.
Supone, en efecto, disuadir por las buenas o por las malas —mejor si se hace con consenso— a aquellos que se rebelan contra el orden establecido. Otra función del Estado es regular y gestionar los beneficios del capital. El capitalismo sobrevive no sólo debido a la violencia de sus cuerpos represivos, sino también a las instituciones que permiten que el capital se mantenga con un mercado público, subvenciones, inversiones empresariales, préstamos, sistema de crédito bancario etc. y junto a ello todo un entramado, una red ideológica, que reproduce la falsa conciencia de vivir en el mejor de los mundos posibles.
El Estado capitalista siempre va a recurrir a la violencia para mantener su dominio cuando esté amenazado. Los límites de los derechos humanos no los marca la ley, los marcan los intereses que hay que defender cuando se ven amenazados y la correlación de fuerzas en la lucha de clases. Como dice el refrán “en todas partes cuecen habas” y más si las partes son capitalistas. Recordemos la utilización del yihadismo, de Bin Laden, por el Estado norteamericano para combatir en Afganistán a los soviéticos. O los golpes de Estado organizados por la CIA en América Latina. En la propia república norteamericana las actividades del FBI no dudaron en utilizar la violencia, los actos terroristas más salvajes contra los movimientos por los derechos civiles, o el movimiento obrero, siempre en aquellos momentos que estaban o se sentían amenazados.
En Europa, la Europa de los derechos humanos y de la UE, después de la hecatombe de la II Guerra Mundial, los países capitalistas no han dudado en mantener los funcionarios y el aparato represor de las dictaduras anteriores. En la República Federal Alemana, a pesar de que cara al exterior se produjo una “desnazificación” del país, construyeron y mantuvieron su aparato judicial y policial con los antiguos nazis. Cerca del 80% de los cuadros del Ministerio de Justicia de la República Federal de Alemania habían trabajado en el mismo puesto con el III Reich, un número mucho más elevado de lo que siempre se había reconocido oficialmente. Los datos los publicó hace unos años el diario “Süddeutsche Zeitung”, que mostraba la continuidad del III Reich en la nueva Alemania. En la Policía Federal Criminal (BKA), fundada en 1951, tuvieron un papel destacado ex jefes de la Gestapo nazi y oficiales de las SS. La muerte de dirigentes encarcelados de la RAF, “suicidados”, mostró al mundo qué “democrática” fue la RFA.
Pero si nos fijamos en la República francesa, tierra de asilo y paradigma de la democracia y de los derechos civiles, vemos la misma actuación del Estado. El 17 de octubre de 1961, una manifestación pacífica convocada por el FLN contra el toque de queda, impuesto para todos los argelinos que vivían en la región parisina por el prefecto de policía Maurice Papon, desembocó en una represión brutal que causó entre 70 y 200 muertos. Precisamente Papon fue el responsable de la muerte de 8 personas, la llamada “masacre de Charonne” (una estación de metro parisina), tras una manifestación del Partido Comunista y la CGT contra la guerra de Argelia. Maurice Papon fue colaboracionista de los nazis y ministro con Valery Giscard d’Estaing, fue condenado en 1998 a 10 años de prisión por firmar las órdenes que llevaron a la deportación de 1.645 judíos de Burdeos entre 1942 y 1944.
No podemos tampoco dejar en el tintero a François Mitterrand, presidente socialista que como funcionario del gobierno de Vichy participó en muchos episodios históricos del gobierno de Petain. Era amigo de René Bousquet, alto funcionario que fue responsable del exterminio judío con las deportaciones y que “sirvió” al Estado hasta la jubilación. Bousquet fue procesado a los 82 años, en 1992, por crímenes contra la humanidad y fue asesinado en extrañas circunstancias.
El Reino Unido no se queda a la cola de la represión. Recordemos el conflicto irlandés, la muerte de Bobi Sand en huelga de hambre. Este conflicto y la represión del Estado fue tema del filme de Ken Loach “Agenda oculta”. Y la represión de la huelga minera de 1984 y 1985 fue salvaje: 20.000 mineros heridos, 13.000 detenidos y dos muertos en los piquetes. En Italia tenemos el ejemplo de Gladio, la red secreta policial contra la izquierda y causante de atentados de la extrema derecha. Julio Andreoti, primer ministro durante años de esta República, nacida de un referéndum contra la monarquía fascista de Mussolini, estaba ligado a la mafia, sus asesinatos y negocios.
Puede que esa maquinaria nacida para defender al capital adopte la forma parlamentaria, bajo una república, o monarquía constitucional, o bajo una dictadura asesina como la franquista. Pero la esencia es la misma. La defensa bajo la violencia, más o menos consensuada, del sistema capitalista y de la burguesía. Es un arma de la burguesía. De la misma manera que un cuchillo está hecho para cortar, el Estado es en esencia “una banda de hombres armados”, como decía Engels. Podremos frenar esa violencia dependiendo de la correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y la burguesía. Es posible reformar las instituciones formales, la forma pero no el fondo. Oponernos a cualquier forma de represión de Rajoy contra los derechos elementales no debe ocultar la naturaleza del Estado capitalista, ni debemos tener ilusiones de que, reformando el régimen del 78, bajo otra forma de gobierno se podrán solucionar los problemas y la crisis social provocada por el capitalismo.
Concluyendo, entendemos por “régimen político” al conjunto de instituciones y leyes por el cual se constituye una comunidad política en un territorio. Es en esencia las normas por las que se rige la sociedad a través del Estado, su aparato jurídico-represor y ejecutivo. Depende de la clase social que detente el poder político y económico para que ese régimen o forma de Estado sea social, igualitario o de clases, en nuestra época, capitalista.
Una república democrática, aun adjetivada de social, lo sería realmente si los trabajadores detentaran los medios de producción y el poder político bajo sus instituciones propias. Podría ser un paso adelante la República democrática siempre que permita el desarrollo del movimiento obrero y que una fuerza obrera en movimiento permita organizarse de forma independiente y con un programa reivindicativo de clase que empuje hacia delante medidas socialistas. Solo la destrucción del Estado capitalista y la edificación de un Estado obrero podrá solucionar los problemas económicos y políticos de las clases trabajadoras y populares en un marco internacional.
En todo caso, es la correlación de fuerzas entre la clase trabajadora y la burguesía la que determinará el progreso político en las formas de Estado. Y en la medida que los trabajadores controlen los medios de producción y toda la sociedad, la República de los trabajadores será social o no será.