El peso de los nacionalismos históricos, la actividad de ETA, y el arraigo en amplias capas de la población catalana de la identidad cultural y nacional propia, que además había sido potenciada por el PSUC en Cataluña, llevó a que entre los pactos constitucionales se llegara al acuerdo sobre la organización territorial del Estado. Este acuerdo eliminó del programa del PSOE el derecho de autodeterminación de los pueblos, y al federalismo, es decir que el sujeto de la soberanía partiera de las distintas regiones, o naciones. Al final se llegó al acuerdo de conceder a través del artículo 151 de la constitución la “vía rápida” para el autogobierno a través de un referéndum por mayoría absoluta de los electores, no de los votantes. Sin embargo las nacionalidades llamadas históricas, se les eximió de realizarlo. Estas nacionalidades históricas fueron Cataluña, Galicia y País Vasco.
En realidad las autonomías suponían una descentralización del poder político en una amplia gama de competencias que permitían gestionar y adaptar a cada región con entidad nacional e histórica los servicios públicos del Estado. La fiscalidad, el ejército, relaciones exteriores, leyes de ámbito nacional, los transportes y aeropuertos quedaban en manos del gobierno central. El resto lo gestionaban los gobiernos autonómicos. Esto suponía desarrollar toda una serie de instituciones políticas y administrativas que iban a dar un peso clientelar a los políticos en todos los negocios relacionados en su ámbito. La educación y la sanidad también eran gestionadas por ellos. Esto supuso una integración real de la vanguardia antifranquista en la administración, la integración de los sindicatos y de los partidos políticos obreros en el entramado estatal. Además aunque la fiscalidad era competencia del Estado central y su gobierno, éste es el que reparte el dinero para los presupuestos de cada comunidad, las autonomías tienen capacidad fiscal para obtener sus propios impuestos. Solo Euskadi y Navarra tienen el cupo vasco por el cual ellos recaudan los impuestos primero y después acuerdan con el Estado.
En Andalucía este pacto, privilegiando a Cataluña, País Vasco y Galicia, supuso un agravio comparativo. La crisis social y económica había golpeado a todo el país y el nivel de luchas se había desarrollado y generalizado durante este periodo. Las huelgas generales en Euskadi, Navarra y Cataluña (Vallés, San Adrián, Seat etc.), las movilizaciones en Andalucía de Astilleros, el metal sevillano, Casa, jornaleros del SOC, Marinaleda… Por todo el país se habían desarrollado una conciencia obrera y de clase que suponía una participación en cabeza de las movilizaciones de la clase trabajadora.
En Andalucía empezó a propagarse la autonomía, el autogobierno como la salida a la crisis social. Nació el Partido Socialista de Andalucía, el PCE se llamó PCA, el PSOE se le añadió la A y así toda la izquierda reivindicó a Blas Infante, “el padre de la patria andaluza”, un nacionalista andaluz republicano durante la II República. Ahora la autonomía significaba progreso, la vía a la eliminación del paro, la creación de riqueza y la reforma agraria. Además el agravio comparativo con Cataluña y las demás nacionalidades históricas se extendió. Los andaluces “paraos”, emigrantes que habían levantado Cataluña, explotados por las burguesías “periféricas”, eran los componentes de una conciencia “nacional” que nunca había arraigado pues siempre el movimiento obrero había encarado los problemas sociales desde la lucha de clases y no desde el soberanismo territorial, propio de la burguesía y pequeña burguesía del siglo XIX.
La lucha en pro de un referéndum por la autonomía supuso la movilización de millones de personas en toda Andalucía. La bandera blanca y verde, el himno de Blas Infante, las emociones a flor de piel, Al-Andalus, nuestro paraíso cultural histórico destrozado por Castilla y un etc. de estructuras ideológicas propiciaron lo que se llamó la toma de conciencia del pueblo andaluz. Finalmente el 4 de diciembre, fecha de una insurrección republicana federal dirigida por el anarquista, cuando era todavía republicano federal, Fermín Salvochea, en 1868, se escogió como fecha nacional de Andalucía. Millones de personas salieron a la calle el 4 de diciembre de 1977, y también en Cataluña. Se cuenta que la manifestación de emigrantes andaluces en Barcelona fue más masiva que la Diada. El gobierno de UCD reprimió con dureza la manifestación de Málaga con el resultado de un muerto, Manuel José García Caparrós, un obrero de CCOO. La manifestaciones de indignación no se hicieron esperar. El clima de movilización por la autonomía no se hizo esperar. Todos los problemas obreros y sociales se pospusieron al objetivo político de conseguir la autonomía para Andalucía en igualdad a las nacionalidades históricas, es decir a través del artículo 151. Al final el 28 de febrero de 1980 el referéndum se realizó. Se consiguió en todas las provincias de Andalucía el sí por abrumadora mayoría absoluta. Sólo en Almería no se consiguió sobrepasar el 50% de síes del electorado, no de los votantes.
Los acontecimientos posteriores significaron torcer la ley, pues no se había conseguido el 50% de los electores para el sí, y en las negociaciones con Suárez Andalucía tuvo su autonomía por la vía rápida del 151. Entonces el PSOE consiguió la hegemonía de la izquierda en las elrre todo el entramado autonómico. También las manifestaciones de la presidenta de la Junta aecciones, integró a parte de la extrema izquierda y del PCE, y creó su red clientelar de la misma manera que Pujol y CiU lo hizo en Cataluña. Esta hegemonía electoral tiene un hecho político relevante que marcó simbólicamente el dominio socialista andaluz. Alejandro Rojas Marcos era la cabeza visible del PSA, ahora PA, partido que había nacido con el auge del nacionalismo andaluz. Rafael Escuredo lo era por el PSOE y además tenía la presidencia de la Junta de Andalucía. Después del referéndum del 28 de febrero Rojas Marcos pactó con Suárez la vía lenta con ciertas prerrogativas. El día del pleno sobre el tema en el Congreso Escuredo, salió a la tribuna y se negó al acuerdo, exigiendo el 151. Esa imagen defendiendo la autonomía plena marcó el triunfo de la hegemonía socialista en Andalucía.
Pasado el tiempo, después de 40 años de las grandes manifestaciones de 1977 podemos hacer balance y sacar enseñanzas que pueden ser útiles para la actualidad. En primer lugar los problemas estructurales de Andalucía como de todo el país no han desaparecido, al contrario se han hecho crónicos. Y después de la crisis económica de 2007/2008, se han acentuado. El paro, la precariedad, problemas fundamentales, aumentan y no han dejado el suelo andaluz. Los que nos prometían jauja con la autonomía se instalaron en el cómodo sillón de los políticos en las instituciones. En todos los índices sociales la población andaluza sigue en el mismo lugar. Incluso tiene los barrios más pobres de Europa, Madre de Dios y Los Pájaros en Sevilla. La red clientelar y corrupta de la Junta a través de subvenciones y ERE es de sobra conocida. La salud y la educación recortadas por la crisis. Los “paganinis” de la crisis siguen siendo los mismos, los trabajadores y los pobres.
La reforma agraria, la histórica reivindicación de la tierra para quien la trabaja, se ha convertido en reforma agraria para las empresas agro-exportadoras y multinacionales. Es decir ahora alrededor del 6% de la población trabaja en el campo. Y el PER mantiene a los pobres que no pudieron salir de los pueblos andaluces, creando a veces una red sumisa al patrón. Los señoritos de antaño son las empresas agrícolas y ganaderas que explotan a una mano de obra ahora en su mayoría inmigrante, pues la natalidad andaluza ha bajado.
Ante este estado de cosas puede que los nuevos soberanistas andaluces, como en Cataluña, argumenten que la soberanía sobre el territorio andaluz, la independencia, es la solución, y no la autonomía. Este argumento falaz no tiene en cuenta que el capitalismo se desarrolla alrededor de la explotación del mundo del trabajo y está organizado internacionalmente. De nada serviría tener poder sobre el territorio si el sistema de producción capitalista en el marco estatal sigue en manos de la burguesía. Simplemente hacemos hincapié en el razonamiento que es el mismo que defienden los nacionalistas y parte de la izquierda: primero la autonomía o la independencia, después los cambios sociales. No es una cuestión de etapas formales. Es un problema de movilización y transformación social donde participan activamente las masas populares.
Es engañar a la gente pretender que con la independencia, o cierta autonomía, se va a mejorar y resolver problemas que son intrínsecos al sistema capitalista. Además, en la actualidad, las masas populares ni han derribado el llamado “régimen del 78”, ni tienen ese objetivo por ahora. La única manera de ser honestos es explicar que son los medios de producción, de intercambio y distribución, los que hay expropiar a la burguesía para poder eliminar el problema social, la crisis económica, la precariedad y explotación del mundo del trabajo.
El desarrollo capitalista ha transformado Andalucía en un territorio donde la agricultura de antaño ha dejado su peso en el PIB al sector servicios con el turismo a la cabeza. El capitalismo mantiene el paro crónico, la precariedad y los bajos salarios, y lo que es más importante, la economía dejó de tener una base y un mercado territorial del que se reivindican los nacionalistas. Es decir la clase trabajadora, el proletariado, los asalariados, tiene un peso aún mayor que en 1977 y está ligada a todo el país, a toda Europa, al mundo, por los propios lazos económicos tejidos por el capitalismo mundial. No hay trabajador o trabajadora, desde la hostelería hasta la industria como la agricultura que no esté ligada directamente o indirectamente con el resto de las economías del país.
Y podemos preguntarnos de qué ha servido el Estado de las autonomías, y a quiénes han servido. Aquellos que pensaban que la soberanía de los territorios en los parlamentos, sean autonómicos, o ahora en una república, como el caso catalán, era un paso necesario para resolver la crisis social, se equivocaron y se equivocan. Y aquellos políticos y sus organizaciones que defienden esa postura no hacen más que conducirnos como el flautista de Hamelin a una trampa para desviar nuestras luchas obreras, ocultarlas, y ocultar su corrupción y explotación obrera.
De la misma forma que el nacionalismo españolista de Rajoy no hace más que mantener sus intereses politiqueros, su control del aparato de Estado, tapar sus vergüenzas corruptas, y defender a los capitalistas, los otros nacionalistas, como en Cataluña, hacen lo mismo con su independencia. El conflicto se sitúa entonces entre “mafias” políticas que gestionan el Estado y se pelean para obtener la mayor tajada. El problema político fundamental para la clase trabajadora son los objetivos reales del mundo del trabajo, que deben aparecer en primer plano. Y explicar que la única perspectiva para la sociedad es el socialismo en manos de la clase trabajadora.