Una crisis mundial precipitó la caída del precio del cobre en el mercado internacional. Y el cobre constituía el 80% de las exportaciones chilenas.

Al mismo tiempo, los precios de los productos alimenticios dieron un salto en el mercado mundial, justo cuando en Chile, debido a la elevación del nivel de vida, aumentaba el consumo y la importación de alimentos.

Además, a comienzos de 1972, los Estados Unidos decidieron suspender oficialmente cualquier tipo de ayuda a Chile, hasta que no fueran indemnizadas "correctamente" las corporaciones mineras nacionalizadas.

Por aquel entonces, Chile había agotado sus reservas de divisas. Su balanza de pagos, excedentaria de 91 millones de dólares en 1970, alcanzaba a finales de 1972 el impresionante déficit de 315 millones de dólares.

La situación financiera del Estado era tanto más delicada cuanto había debido pagar con usura la nacionalización por las buenas de la mayoría de las empresas. Ya no se hablaba de "transición al socialismo", sino de "transacción al socialismo". Además, las empresas del sector público, que debían permitir al Estado, gracias a sus beneficios, orientar y desarrollar la producción, fueron muy pronto deficitarias a causa de la congelación de los precios decidida por el gobierno, la cual las obligó a vender por debajo del coste real de producción. El déficit del sector del Estado alcanzó 21,9 millones de dólares en 1972 y 175,8 millones en 1973.

Por su parte, el Congreso se negó a votar los impuestos solicitados por el gobierno, de forma que éste quedó paralizado y sólo podía subsistir emitiendo moneda suplementaria. En 1972 y 1973, Chile alcanzó la tasa de inflación más alta del mundo (163,4% en 1972; 192,8, entre diciembre de 1972 y septiembre de 1973).

En cuanto a la producción, ésta no siguió la creciente demanda del consumo. Buena parte de la industria existente estaba destinada a satisfacer el lujo de las clases medias, pero el gobierno no se propuso reconvertir una parte de ella para destinarla a la producción de artículos de primera necesidad.

Esto, sin contar que las empresas privadas, abastecidas a bajo precio por el sector público, embolsaron los beneficios y pusieron mucho cuidado en no reinvertirlos en la producción nacional, y que, además, los Estados Unidos retardaron las entregas de piezas de recambio y de bienes de equipo. Así, por ejemplo, alrededor del 30% de los autobuses quedaron averiados por falta de piezas de recambio o de neumáticos.

El bloqueo de los precios y la escasez de ciertos productos propiciaron la creación de un formidable mercado negro, el cual contribuyó a acentuar todavía más la escasez en los circuitos de distribución normal. Se pasó fraudulentamente ganado al extranjero, mientras en el país no se encontraba carne. No había jabón, dentríficos, azúcar, aceite, harina, pero todo podía encontrarse en el mercado negro a precios diez o quince veces superiores a los oficiales.

En junio de 1972, la reforma agraria estaba acabada, al menos tal como había sido prevista por la ley votada bajo el gobierno de Frei.

Cerca del 40% de la super5ficie cultivable había quedado afectada. 100.000 campesinos habían beneficiado de ella, así como 30.000 eventuales contratados por las colectividades.

Pero una gran parte de los trabajadores del campo había quedado al margen y había todavía un 30% de campesinos sin tierra.

Choncholl, el ministro de Agricultura, lo explicaba así: "Será desde luego necesario tomar un día en consideración los problemas de esta fracción del campesinado. Pero se debe esperar esta etapa sin desorden y, previamente, asegurar políticamente nuestra retaguardia".

Es necesario constatar que la Unidad Popular puso más empeño en tratar de reforzar y de satisfacer a una capa de campesinos medios que no en aliviar las necesidades de los más pobres. El resultado de ello fue que éstos se excitaron y reclamaron una reforma más radical, mientras que los campesinos beneficiados con la reforma agraria, en vez de mostrar su reconocimiento a la Unidad Popular, sólo pensaban en sus intereses y se dedicaban a vender sus productos en el mercado negro.

El gobierno, por su parte, por no haberse dado los medios, nunca llegó a controlar más del 20 o el 30% del comercio.

Entre el 75 y el 60% de la producción agrícola era distribuida por el sector privado y no por el organismo estatal encargado de comercializar la producción agrícola. Incluso el sector reformado vendía a menudo los productos en el sector privado en vez de hacerlo en el del Estado. De hecho, para todos los que producían mercancías o las recibían al precio establecido, existía la tentación permanente de revenderlas en el mercado negro.

De hecho, el Estado se limitaba a fijar los precios, a efectuar controles intermitentes y a incautar de vez en cuando mercancías en el mercado negro. Pero nunca lo hizo de forma sistemática.

Por lo demás, esta tarea habría excedido ampliamente las posibilidades de los funcionarios del ministerio de Economía. En 1971, el ministro Pedro Vuskovic trató de resolver el problema llamando a la población a crear juntas de abastecimientos y de Control de los Precios, las JAP.

Estas juntas se formaban a nivel de barrio y estaban compuestas por comerciantes, amas de casa y militantes políticos y sindicales. Su misión era la de vigilar los precios, pero también podían dirigirse al Estado para que abasteciera a los comerciantes en productos agotados.

Aunque consiguieron resolver algunos problemas de abastecimiento (lo cual no era una cuestión secundaria para los barrios afectados), las JAP no consiguieron atajar el desarrollo del mercado negro. Incluso, a veces, sus miembros y los comerciantes acapararon los productos suministrados por el Estado para venderlos de estraperlo. En los barrios burgueses, sólo se dedicaron a eso. Pero, cuando una JAP, en un barrio popular de Valparaíso, en marzo de 1972, tomó la iniciativa de establecer cartillas de racionamiento para la carne, la derecha armó un escándalo, el gobierno retrocedió, y la JAP tuvo que abandonar su sistema.