La incapacidad de la Unidad Popular para impedir el desarrollo del caos económico, correspondía a su incapacidad política para hacerse respetar y temer por los propietarios, grandes y pequeños.

No quiso obligar a los capitalistas, bajo la amenaza de la expropiación, a invertir; no les impidió poner sus capitales a salvo en el extranjero; no quiso dotarse de medios suficientes para terminar de una vez con el mercado negro.

Para atar las manos de la burguesía, hubiera sido preciso apoyarse resueltamente en la movilización de las clases populares. Pero Allende no quería esta guerra de clase. Sólo pretendía efectuar algunas reformas en el marco del sistema, lo cual era imposible.

El simple hecho de aumentar los salarios acarreaba la paralización de la economía, cuya estructura no estaba destinada a satisfacer las necesidades de las capas populares. Y, sin una acción revolucionaria y enérgica contra los intereses particulares de la burguesía, sin controlar el conjunto de la economía, Allende no podía ni frenar el caos económico ni impedir que las clases medias se pusieran cada vez más contra un gobierno que les parecía indeciso e incapaz.

No fue, pues, la crisis económica la que perdió a Allende, sino más bien su política, la cual le impedía apoyarse en la fuerza de la clase obrera y las clases populares para romper la resistencia de los propietarios.

La verdad es que la derecha se aprovechó de ello a fondo y con creciente audacia.

En enero de 1972, los diputados de la derecha exigieron la dimisión del ministro del Interior, José Toha, perteneciente al PS. Allende salió del apuro con una astucia: reemplazó a Toha en la cartera del Interior y la nombró acto seguido -después de haber obtenido el acuerdo del Estado Mayor- ministro de Defensa.

La derecha parlamentaria utilizó numerosas veces este procedimiento para obligar a Allende a recomponer su gobierno.

Paralelamente, proseguía la batalla sobre la enmienda a la Constitución presentada por la Democracia Cristiana el año anterior. A principios de 1972, Allende hizo uso de su derecho de veto contra la enmienda votada por la Cámara, y ésta quiso pasar por encima amparándose en la mayoría simple de que disponía en el Parlamento. La izquierda decía que era necesaria una mayoría de los dos tercios. La situación estaba bloqueada.

Sintiéndose inquieta, la Unidad Popular trató de renovar el diálogo con la Democracia Cristiana y se mostró dispuesta a negociar con ella el número de nacionalizaciones a efectuar. Y la Unidad Popular propuso de reducirlas a 91 en vez de las 245 que había prometido.

En el ejército, un nuevo intento de golpe fue abortado en marzo de 1972. Un militar considerado como leal, el general Canales, estaba implicado. Se le mudó de destino, pero conservó su graduación.

Fue también en este período que Allende consideró oportuno hacer entrar un militar en su gobierno ofreciéndole la cartera de Minas.

En marzo de 1972, el Comité Central del Partido Socialista declaro: "Explicar que la actual relación de fuerzas puede permitir un desarrollo estable, de larga duración y tranquilo del proceso revolucionario corresponde menos a la ingenuidad que a una posición reformista y aventurista (...) si la revolución implica, en tal o cual etapa, un enfrentamiento violento, la posición correcta no es la de rechazar la revolución en nombre del menor coste, sino la de abordar de forma organizada el enfrentamiento".

El PS chileno era, pues, consciente de la situación. Lo cual agrava su culpabilidad, ya que no hizo nada para evitar lo que todo el mundo veía venir, incluso él, a juzgar por sus palabras.

En abril de 1972, la derecha hizo salir a la calle a 200.000 personas "para defender la libertad".

Una semana más tarde, la izquierda respondió con una manifestación de 400.000.

Esto se convirtió pronto en un rito. Organizando manifestaciones masivas, ambos campos contabilizaban sus partidarios. El pueblo de izquierda se creía más fuerte, pero ello no intimidaba a sus enemigos.

El 12 de mayo, la derecha llamó a manifestar "por la libertad" en Valparaíso. La CUT, el MIR y los partidos de izquierda locales convocaron esta vez una contramanifestación para el mismo día. Pero, mientras la manifestación de la derecha fue autorizada, la de la izquierda fue prohibida. El propio presidente intervino para anularla. A pesar de todo, la manifestación se hizo y la policía la atacó violentamente. Un estudiante resultó muerto de un tiro y un pescador, militante del MAPU, que se había refugiado en un edificio al verse perseguido por la policía, fue echado por una ventana y quedó paralizado para siempre. Hubo también una cuarentena de heridos.