Desde el comienzo, es evidente que Allende se empeña no sólo en mostrarse perfectamente respetuoso con las fuerzas armadas, sino que cuenta con ellas para mantener el orden y defender su propio poder.

En junio de 1971, tras el asesinato por un pequeño grupo terrorista de un ex ministro del Interior, responsable de feroces represiones bajo el gobierno de Frei, Allende decretó por primera vez el estado de emergencia en Santiago, dando así poderes excepcionales a los militares por miedo a los altercados que podía provocar la oposición.

El jefe de la guarnición de Santiago se apresuró a ofrecer garantías en cuanto a su fidelidad al gobierno: "Presidente, el ejército responde del control de la situación. Puede usted estar seguro de su disciplina. Al primer coronel que se mueva, lo mato yo mismo".

Quien decía esto no era otro que el general Pinochet.

Es significativo que, desde el comienzo, ante la primera dificultad, por miedo a enfrentamientos sociales que todavía no existían realmente, Allende se apresurara a recurrir al estado de emergencia; es decir, a refugiarse detrás de la autoridad del ejército, presentándolo así como el único salvador posible.

Por otra parte, aunque la Democracia Cristiana había aceptado llevar Allende al poder, ello no quería decir que lo apoyara. En un primer tiempo, se acercó al reaccionario Partido Nacional y acabó estableciendo una alianza con él en junio de 1971. Desde entonces, ambos partidos se aprovecharon hábilmente de los temores de las clases medias.

La Unidad Popular hablaba tanto de cambios radicales y utilizaba un verbalismo tan revolucionario que los pequeñoburgueses podían creer que lo peor llegaría de un momento a otro.

La Democracia Cristiana se erigió en defensora dela propiedad privada amenazada y, en octubre de 1971, depositó en el Congreso un proyecto de enmienda a la Constitución, especificando que ninguna empresa podría pasar a los sectores mixto o social sin una ley especial votada por el Congreso al efecto.

En diciembre de 1971, la derecha salió a la calle y protagonizó la manifestación llamada de las "cacerolas vacías". Unas diez mil mujeres de los barrios ricos desfilaron con cacerolas para protestar contra las dificultades de abastecimiento, todavía mínimas y que a ellas no les afectaban demasiado, puesto que podían recurrir al mercado negro. Estas mujeres estaban encuadradas por las tropas de choque de "Patria y Libertad", una organización fascista. Allende proclamó de nuevo el estado de emergencia.

El gobierno de la UP había tratado de seducir a las clases medias. Pero éstas se dieron cuenta muy pronto de que el gobierno era muy sensible a su presión y que, cuanto más reclamaban, más obtenían; que la UP era tanto más timorata, prudente y cobarde en los actos cuanto más revolucionaria se mostraba en palabras.

El secretario general del PS, Carlos Altamirano, lo reconoció algo más tarde explicando: "La Unidad Popular adoptó con estas capas una política que fue más costosa que eficaz. Fundamentalmente, nos esforzamos en satisfacer sus reivindicaciones materiales. El poder adquisitivo fue aumentando, se hicieron disminuir los intereses bancarios, la política de créditos fue reorientada en favor suyo. Los impuestos de los pequeños comerciantes fueron reducidos, mientras que 200.000 de ellos pudieron beneficiarse de la Seguridad Social. También dejaron de aplicarse a ingenieros y técnicos las disposiciones sobre la limitación de los salarios en las empresas nacionalizadas".

La Unidad Popular no obtuvo con ello el agradecimiento de una pequeña burguesía que sacaba más ventajas fomentando disturbios y saboteando la economía que uniéndose a ella. Tanto más cuanto durante el segundo año del gobierno de la UP aumentaron rápidamente las dificultades económicas y se intensificó la lucha de las clases.