Sin embargo, Allende y la Unidad Popular no se apoyaron en estos primeros éxitos para aumentar su ventaja, sino al contrario.

La Unidad Popular renunció a romper la resistencia del Parlamento utilizando la vía del referéndum para realizar las nacionalizaciones y la revisión de la Constitución. Las promesas de crear una Cámara única y de reformar las instituciones, fueron abandonadas.

Allende respetó su promesa de no tocar a los funcionarios de una administración demócrata cristiana o de derecha que le era hostil. Con el poder judicial, hizo lo mismo. Por ejemplo, después de haber firmado un decreto para instaurar tribunales de barrio y de haber solicitado que el Parlamento lo discutiera con carácter de urgencia a finales de enero de 1971, retiró un mes después ese proyecto ante el escándalo que armó la derecha.

Y, cuando la Corte Suprema de Justicia se negó a levantar la inmunidad parlamentaria de un senador comprometido en el complot que costó la vida al general Schneider, Allende se limitó a una tímida alusión a este hecho durante un mitin celebrado en Valparaíso el 6 de enero. "No tengo la intención de criticar a la Corte Suprema (...) que ella siga donde está; nosotros, por nuestra parte, seguiremos donde estamos". Eso fue lo único que se le ocurrió decir. Es más. Ordenó borrar todas las pintadas con las que los militantes de izquierda, indignados, denunciaban vigorosamente a la Corte Suprema.

Tampoco hubo cambios en la policía.

Ello significaba que policías y jueces proseguían su trabajo habitual defendiendo a los propietarios contra los campesinos que ocupaban las tierras o los obreros que ocupaban las fábricas, expulsando, condenando y encarcelando a la gente del pueblo.

Por ejemplo, el 22 de octubre de 1971, los pistoleros a sueldo de los empresarios atacaron a los campesinos que ocupaban una hacienda. Dispararon, mataron a un campesino que militaba en el MIR, una organización de extrema izquierda que no estaba en la UP, pero que apoyaba al gobierno, hirieron a otros y consiguieron expulsar a los campesinos.

Durante el entierro del campesino asesinado, el dirigente del MIR, Miguel Enríquez, explicó: "Tres carabineros participaron en los hechos al lado de los propietarios. El gobernador fue llamado tres veces con la esperanza de que interviniera. Pero no hizo nada. Se abstuvo. No se movió. Aceptó que los propietarios tirotearan a los campesinos durante tres horas (...) Un campesino ha sido asesinado y el ministro del Interior, tras haber dejado correr las cosas durante horas, aprovecha esta ocasión para condenar las ocupaciones de las grandes propiedades por los campesinos".

En cuanto al ejército, el Gobierno de la UP hizo todo lo que pudo para convencer al Estado Mayor de que la Unidad Popular sólo quería su bien.

Las compras de material militar a los Estados Unidos pasaron de 3,2 millones de dólares en 1970, a 13,5 millones en 1972. Por lo demás, este fue el único dominio en el que la ayuda norteamericana no fue reducida.

Los oficiales del ejército siguieron haciendo cursillos dirigidos por instructores norteamericanos, los ejércitos de los Estados Unidos y de Chile siguieron realizando maniobras conjuntas, etc.

A los oficiales superiores se les confiaron puestos de responsabilidad en los consejos de administración de numerosas empresas del Estado, en las minas, en la siderurgia, en la comisión de energía nuclear, en el consejo de investigación y desarrollo científico, etc.

En cambio, nada se hizo para dirigirse a los soldados o los suboficiales. Al contrario, el ministro de Defensa, Ríos Valvidia, anunció de entrada el color afirmando: "No permitiré que los partidos políticos se introduzcan en las filas delas Fuerzas Armadas, sean cuales sean las circunstancias".

El periódico del MIR, "El Rebelde", fue incautado en septiembre de 1971 por haber reclamado los derechos democráticos para los soldados.

A pesar de que el programa de la Unidad Popular incluía el derecho de voto para los soldados y suboficiales, estos jamás lo obtuvieron. Sólo los oficiales lo conservaron.

Con el pretexto de que el ejército debía seguir siendo apolítico, los partidos de la UP se abstuvieron de cualquier acción dirigida a organizar y ganar a los soldados para su causa. Carlos Altamirano, el secretario general del Partido Socialista, reconocía por otra parte con mucho acierto: "Socialmente, el apoliticismo del ejército es un fenómeno en sentido único. En la medida en que levanta una muralla ante cualquier influencia ideológica de la izquierda, lo entrega sin contrapeso a las ideas reaccionarias".

Los dirigentes de la UP comprendían, pues, muy bien el problema. No obstante, prefirieron proteger tanto como pudieron al ejército de la efervescencia popular.

Allende, como no importa qué político burgués, consideraba que el ejército era el principal y último recurso para mantener el orden en caso de enfrentamientos sociales. Por lo tanto, hizo cuanto pudo para conservar este instrumento intacto.

No cesaba de lisonjear al ejército, como lo muestran parrafadas como esta: "Estamos orgullosos del papel desempeñado por nuestras Fuerzas Armadas. La principal característica de Las Fuerzas Armadas de Chile ha sido la obediencia al poder civil, la aceptación sin reservas de la voluntad popular expresada en las elecciones, la aceptación de las leyes de Chile, de la Constitución chilena. Y tanto yo como la Unidad Popular deseamos garantizar el mantenimiento de la conciencia profesional de las Fuerzas Armadas".

Protestando vigorosamente contra "calumnias que se ha querido propagar" diciendo que el gobierno toleraría la formación de grupos armados, Allende dijo: "Lo he dicho, lo mantengo y lo reafirmo: el gobierno popular se ha comprometido -y se debe mantener la palabra ante el país- a que no haya en Chile otras fuerzas armadas que las constitucionales; es decir, el ejército de tierra, la marina, la aviación y las fuerzas de policía. El pueblo no necesita otro medio de defensa que el de su unidad y su respeto hacia las Fuerzas Armadas de la Patria".