El Partido Comunista aprobó la decisión de Allende. "El Siglo", el periódico del PC, escribÃa:
"El pueblo chileno tiene razón en confiar totalmente en las Fuerzas Armadas y en la conducta estrictamente profesional que las distingue".
La tarea del nuevo gabinete era la de contener el movimiento popular, restablecer el orden y cumplir la promesa hecha por Allende de devolver las fábricas a sus anteriores dueños. También tenÃa que preparar las elecciones legislativas previstas para el mes de marzo siguiente: los militares eran la garantÃa de que se desarrollarÃan regularmente.
Desde el mes de octubre, habÃa un centenar de empresas donde los trabajadores reclamaban su integración en el sector nacionalizado. El nuevo gobierno, por su parte, decidió devolver inmediatamente una veintena de ellas a sus dueños. Pero los trabajadores no estaban dispuestos a devolver las fábricas. Amenazados de expulsión por los tribunales, pero protegidos por la solidaridad de su cordón industrial, se negaron a evacuar las empresas y se mostraron decididos a mantenerse firmes hasta el fin.
Por su lado, los propietarios, envalentonados por las promesas del gobierno, apelaron a los tribunales para recuperar incluso las fábricas que ya habÃan pasado al Ã?rea de Propiedad Social.
En enero de 1973, Orlando Millas, miembro de la Comisión PolÃtica del PC y ministro de Finanzas, presentó un proyecto de ley que preveÃa devolver cuarenta y tres empresas a sus propietarios, y, respecto a ciento veintitrés otras empresas que estaban ya bajo control estatal o en régimen de autogestión desde octubre, la creación de una comisión con poder decisorio para devolver a los patronos todas las consideradas no estratégicas.
El plan de Millas provocó la indignación de los trabajadores y, entre el 25 y el 26 de enero, la zona del cordón de Cerrillos-Maipú quedó cubierta de barriadas simbólicas.
Millas tuvo que retirar su proyecto de ley.
En cuanto a los problemas y las dificultades de abastecimiento, la población trabajadora y las CAP de los barrios pobres reclamaban el establecimiento de cartillas de racionamiento y el derecho de continuar distribuyendo los productos. Los almacenes populares creados en octubre habÃan demostrado su capacidad y eficacia.
El ministro de EconomÃa, Fernando Flores, del MAPU, se declaró públicamente en favor de la cartilla de racionamiento. La reacción de la derecha fue inmediata y vigorosa. Y la oposición consiguió no sólo que Flores hiciera marcha atrás, sino que, el 21 de enero, Allende nombrara a un militar, el general Bachelet, asistido por cuatro oficiales superiores, para ocuparse de la distribución. De hecho, se trataba de poner fin a las experiencias de autoabastecimiento y de distribución de ingresos basada en la existencia de una "canasta popular de bienes" que habÃan puesto en práctica los trabajadores del Cordón Cerrillos durante el paro patronal.
Pero la población laboriosa seguÃa estando muy preocupada por los problemas del abastecimiento, los cuales estaban lejos de solucionarse. La gente habÃa entrevisto soluciones durante la huelga de octubre, y ni los militares ni el gobierno consiguieron convencerla de renunciar a ellas.
La polÃtica del gabinete "UP-Generales" estaba dirigida a frenar el movimiento popular. Los partidos de izquierda se daban perfectamente cuenta de ello, pero no querÃan romper su solidaridad con el gobierno.
De hecho, todos los partidos, desde la derecha hasta la extrema izquierda, sólo se mostraban preocupados por una cosa: el resultado de las elecciones parlamentarias de marzo. Incluido el MIR, que apoyaba al PS en esas elecciones.
El Partido Nacional y la Democracia Cristiana se habÃan fijado como objetivo obtener una mayorÃa de los dos tercios en el Parlamento con el fin de derrocar a Allende.
Pero, el 4 de marzo, la Unidad Popular consiguió cerca del 44% de los votos y dobló el número de sus representantes en el Congreso. La derecha habÃa perdido su apuesta.