España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, pero sufre un gran aumento de la población reclusa (que no se traduce en seguridad ciudadana) y además nuestro sistema ni rehabilita, ni reinserta a los reclusos en la sociedad.

Aun así, el gobierno ha aprobado la reforma del Código Penal, que incluye la prisión permanente revisable (cadena perpetua) junto a una serie de propuestas, que más de 60 catedráticos de derecho penal, junto con Greenpeace y Amnistía Internacional rechazan abiertamente en un manifiesto.

Lo que se denuncia en este manifiesto es: "que la reforma del Código Penal bebe de las peores fuentes del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias y más autoritarias".

El gobierno del PP (con el apoyo del PSOE, que dice tolerar la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista), se aferra a criterios como "peligrosidad", hace un uso deliberado y constante de términos ambiguos, lo que compromete seriamente exigencias básicas del principio de legalidad penal. Y, para colmo, entrega a empresas de seguridad privada sectores enteros de la seguridad; comenzando por las prisiones, que se le ha adjudicado a la empresa de Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios y tristemente famosa por sus declaraciones contra los trabajadores, sobre todo contra las mujeres trabajadoras.

Para el gobierno esta reforma es una necesidad política con la que pretenden satisfacer al sector más reaccionario de su electorado. Han elaborado una maraña jurídica extraordinariamente alejada de un sistema atento a las libertades y derechos fundamentales, pero mucho más próximo a un sistema autoritario y represivo... ¡lo que verdaderamente anhelan!