El domingo 28 de Noviembre ETA anunciaba, a través del diario Gara, el fin de la tregua que había declarado 14 meses antes y advertía que sus comandos estarían dispuestos a actuar a partir del 3 de Diciembre. El viernes 21 de Enero hacía efectiva la ruptura.

Ese día a pesar de todos los medios del Estado y el apresamiento de comandos y material explosivo, hechos por las fuerzas policiales, ETA atentaba mortalmente contra un teniente coronel del ejército, en plena capital de España, en un barrio de viviendas militares, golpeando de esa forma a un sector muy sensible del aparato de Estado. No era la primera tentativa, en Diciembre la policía había interceptado dos furgonetas, que se dirigían a Madrid, cargadas con 1700 kilos de dinamita. Tampoco sería la última, el 22 de febrero asesinaba al dirigente socialista Fernando Buesa y a su escolta; poco después atentaba contra una patrulla de Guardia Civil.

En su comunicado de Noviembre la organización independentista hacía responsable de la ruptura a los partidos nacionalistas moderados, Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Eusko Alkartasuna (EA), al acusarlos de no cumplir el acuerdo firmado con ETA en Agosto del 98, poco antes de la tregua. Según ETA el acuerdo consistía en el impulso por parte de los partidos nacionalistas de una "institución única y soberana para toda Euskal Herria" (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco francés) y la ruptura de aquellos con las fuerzas políticas españolas que "tienen como objetivo la destrucción del País Vasco." En dicho acuerdo, que niega el PNV, ETA hacía depender la continuidad de la tregua a que PNV y EA certificaran los compromisos. De hecho en el comunicado del anuncio de la tregua, hace un año, era a los partidos nacionalistas a los que ETA se dirigía. Ahora es ETA la que certifica el incumplimiento de lo pactado. Ya pocos meses antes de la ruptura la organización independentista acusaba, en un comunicado, a sectores del PNV de dar marcha atrás en la construcción nacional de Euskadi. En el comunicado del 28 de Noviembre ETA reprochaba también a PNV y EA de no responder a su propuesta de celebrar elecciones para un Parlamento constitucional soberano en todo el territorio de Euskal Herria. Llamativamente el comunicado no centra la responsabilidad en el gobierno español, al que acusa, junto al francés, de reacción represiva, detenciones y torturas.

Durante los 14 meses de tregua la actitud del gobierno central del Partido Popular (PP) ha sido en todo momento tratar de demostrar su posición de fuerza. Si para ETA era imprescindible abordar en las negociaciones el derecho a la autodeterminación, el gobierno insistía que la paz no tenía precio político, que el marco constitucional no podía ser puesto en entredicho. En cierta medida recogía la política que todos los gobiernos han practicado desde la muerte de Franco, es decir, la negativa a reconocer el problema político vasco. El gobierno solo llegó a prometer cambios en la política penitenciaria si ETA convertía la tregua en definitiva. Sin embargo la reivindicación de que los presos de ETA cumplan su condena en el País Vasco, derecho recogido en la ley, apenas se realizó en 14 meses de tregua; el gobierno solo ha trasladado al País Vasco unos 85 presos de un total de 388. Mientras tanto continuaron las detenciones de militantes y dirigentes de la organización; la última, antes de la ruptura de la tregua, la de Belén González en Francia, precisamente interlocutora de ETA en las negociaciones con el gobierno. Junto a las palabras de dialogo, parece que el gobierno practicaba su política de aislar y vencer policialmente a ETA.

Nada mas rota la tregua el gobierno redobló sus declaraciones en el sentido de presentar como inamovible el marco constitucional y ante la petición de PNV, EA e IU, de que los gobiernos de España y Francia tomen iniciativas y rompan con su "inmovilismo", la respuesta ha sido tajante: "el único movimiento que puede esperar ETA del gobierno español y del francés es la de la vía policial".

Independientemente de las razones formales que ETA expuso en su comunicado es difícil valorar los motivos reales que la llevaron a romper la tregua, más dentro del mundo cerrado propio de una organización militar, y sobre todo si se tiene en cuenta que no es al gobierno a quien culpabiliza directamente sino a las fuerzas nacionalistas.

Para ETA golpeada policialmente y aislada socialmente como consecuencia del rechazo de amplios sectores de la población al terrorismo, la tregua supuso, en un principio, un cierto respiro que le permitió concretar, en cierta medida, un frente nacionalista con PNV y EA con el objetivo de la construcción nacional del País Vasco. Por su parte, su brazo político, Herri Batasuna, subía electoralmente, a costa de los nacionalistas moderados, y apoyaba a estos en el gobierno vasco. Sin embargo la realización de esa construcción nacional fue tomando la forma de un organismo más bien simbólico, la Asamblea de Municipios Vascos, por las reticencias de un PNV que retrocedía electoralmente; aunque el proceso haya permitido a los dirigentes del nacionalismo radical ir integrándose en el juego político burgués a escala de las instituciones vascas. Por otra parte, las sucesivas elecciones, autonómicas, municipales y europeas, han reflejado un relativo retroceso del voto nacionalista y el mantenimiento de un elevado voto a los partidos nacionales (PP, PSOE).

En ese contexto ETA pudo considerar que había un retroceso de sus posiciones, y más teniendo en cuenta los golpes policiales recibidos durante la tregua, que no se avanzo en el tema de los presos, ni en la negociación directa con el gobierno, que se mantiene un amplio rechazo popular al terrorismo, esto último reconocido recientemente por el dirigente de H.B., Arnaldo Otegi. Algunos de estos hechos podrían haber acentuado el descontento de los sectores más radicales, y haber llevado a una parte de los dirigentes a romper la tregua como medio de evitar el estancamiento en una política demasiado conciliadora, para ellos, por parte de PNV y EA, reafirmando la propia existencia de ETA, con el único método de la organización: las acciones armadas.

En cualquier caso el paso dado por ETA responde a la lógica de una organización militar cerrada que se justifica a si misma como el brazo armado de la nación vasca. En los pactos propuestos al PNV, ETA se propone como la fuerza militar que garantizaría el proceso de construcción nacional. Pero a todas luces ese papel no solo es irreal, sino contrario a los deseos de una mayoría de la población vasca e impuesta a ésta, lo que conduce a la organización independentista a una huida hacia delante.

El peligro de fractura social

Si en su comunicado de Noviembre ETA responsabilizaba a los partidos nacionalistas moderados, estos han evidenciado en el desarrollo de los posteriores acontecimientos que son muy sensibles a la presión de las fuerzas independentistas, con las que compiten por el espacio nacionalista, aunque los sucesivos atentados de ETA hayan obligado a PNV y EA a un cierto distanciamiento con Herri Batasuna (HB). En Enero, tras el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, PNV y EA suspendieron, de una forma vaga, el acuerdo de gobierno que tenían con Herri Batasuna en el parlamento vasco, mientras ésta no condenase de forma clara ese u otros atentados. A raíz del asesinato de Fernando Buesa, el Lehendakari Ibarretxe, rompió dicho acuerdo, pero siguen manteniendo esa especie de frente nacionalista que es el pacto de Lizarra, a pesar de las fuertes presiones del gobierno del PP para que recompongan su "unidad con los demócratas".

Hay que recordar que H.B. votó en su momento a favor de los presupuestos del gobierno vasco, elaborados por dos partidos conservadores como PNV y EA, el primero de los cuales sostuvo a lo largo de la legislatura pasada al PP en Madrid. No hay que olvidar tampoco que el gobierno vasco se ha caracterizado y se caracteriza por las escandalosas subvenciones que regala a los empresarios en detrimento de las necesidades sociales. Herri Batasuna no tuvo ningún empacho en apoyar esta política ya que se trata de su "responsabilidad en la construcción nacional", en palabras de su dirigente Kepa Gordejuela.

Sin embargo la proximidad de las elecciones, con los atentados de ETA como fondo, recrudeció la tensión social entre "españolistas" y nacionalistas y dentro de este último campo entre los nacionalistas radicales y los nacionalistas moderados. Herri Batasuna llamaba a la abstención, con el objetivo de evidenciar la ruptura con el Estado español, mientras PNV y EA apostaban por la participación, rechazando de plano la propuesta de H. B. de un llamamiento conjunto a la abstención.

Con el asesinato de Fernando Buesa y su escolta ETA entraba, a su manera, en la campaña electoral. Con este atentado ETA ha querido demostrar a los dirigentes en el poder, o a los que aspiraban a él que la tregua no era un abandono definitivo de la lucha armada. Pero sobre todo aparece como un elemento de presión hacia los dirigentes del PNV, obligándoles a medir las consecuencias de la ruptura de la alianza con H.B, de una condena abierta a ETA, hechos que llevarían a una nueva escala terrorista.

En cualquier caso esta dinámica de tensión practicada, tanto por ETA y los partidos nacionalistas, como por el PP y el PSOE, en torno a la cuestión nacional, está abriendo una fosa en la población, entre los "nacionalistas vascos" y los "españolistas", como pusieron de manifiesto las manifestaciones contrapuestas que se dieron tras el asesinato de Fernando Buesa.

El nacionalismo contrario a los intereses de la clase obrera

En cuanto al conjunto de los planteamientos de ETA y Herri Batasuna, estos están inscritos en el marco nacionalista, independentista, absolutamente alejados del terreno de la clase obrera. Si no tiene en cuenta los intereses de los trabajadores del resto de España, a los que ETA no considera para nada como sus aliados, la actual dinámica demuestra, una vez más, que tampoco tiene en cuenta los intereses de la población a la que pretende defender, a la que impone sus métodos terroristas, sin respetar sus deseos, sus movilizaciones y fuera de su control.

Como comunistas revolucionarios reconocemos el derecho del pueblo vasco a decidir sobre su destino, denunciamos la obstinación de los sucesivos gobiernos españoles en negar una salida política al problema vasco, así como la represión sobre los militantes vascos y la situación de los presos, pero también sabemos que los objetivos políticos de los dirigentes nacionalistas de ETA no tienen nada que ver con los objetivos políticos de la clase obrera. Tanto sus acciones terroristas de ayer como las de hoy lo demuestran.

Marzo de 2000.