El gobierno del PP ha convocado para el 14 de marzo las elecciones generales y con ellas serán convocadas también las elecciones autonómicas andaluzas. Los dirigentes de los partidos parlamentarios tienen interés en renovar sus cargos en el congreso y senado, revalidando en el caso del PP la mayorÃa absoluta, pues si no la obtiene tendrÃan que pactar con los nacionalistas como en 1996. En el caso del PSOE conquistándola o consiguiendo la fuerza suficiente para pactar con IU y los nacionalistas. Para estos últimos unos buenos resultados significará el nivel de presión necesario para obtener prebendas para sus gobiernos de las autonomÃas. Para Izquierda Unida estas elecciones le da la posibilidad de pactar con el PSOE para obtener algún que otro puesto en el gobierno.

El circo electoral ya ha comenzado y los principales partidos parlamentarios ya han presentado sus programas o han realizado sus lÃneas programáticas y de campaña. Mientras esto sucede, una ola de despidos en las grandes fábricas recorre el paÃs de una punta a otra sin que la Constitución, el gobierno central y los autonómicos lo impidan. Samnsung, Philips, Nissan, Altadis, Telefónica... están cerrando las empresas o despidiendo trabajadores desde Barcelona a Madrid pasando por Sevilla. ¡Y el PP promete el pleno empleo de seguir en el gobierno!

Desde la presentación del Plan Ibarretxe, - la reforma del Estatuto vasco - y después de las elecciones catalanas con la subida del nacionalismo del ERC, el debate polÃtico se ha centrado en la unidad de la nación y la reformas de los estatutos autonómicos de Cataluña y de AndalucÃa y todo ello pasando sobre los 25 años de la Constitución en un debate leguleyo sobre la conveniencia o no de su reforma. Los polÃticos de estos partidos mantienen sus discusiones en torno a la organización del Estado, la unidad de la patria, como hacer pagar menos impuestos, a los ricos, se entiende y en la boca a todas horas las promesas de siempre, que después no cumplirán.

Una larga precampaña electoral

Pero hay que decir que llevamos meses en plena precampaña electoral donde los partidos afinan sus posiciones y gesticulan de cara a la galerÃa. Precampaña en la cual, las elecciones municipales y autonómicas realizadas en el 2003, se han enlazado con el objetivo final de estas elecciones de marzo. Desde el 25 de mayo pasado el calendario electoral preparaba las elecciones generales de marzo. Este clima electoral venÃa precedido por movilizaciones en la calle en contra de los ataques del PP. Los millones de huelguistas de junio de 2002, las protestas de los universitarios contra la reforma universitaria, las manifestaciones contra la actuación en el chapapote gallego con total desprecio a la población, y los millones de manifestantes en la calle contra la guerra imperialista de Irak hicieron concebir esperanzas en un declive en picado de Aznar.

Toda esta polÃtica derechista de Aznar y su respuesta en la calle creó un ambiente durante la guerra de Irak que provocó la ilusión en sectores de izquierda de una pronta caÃda del gobierno del PP. Por mimesis se identificó, auge en las movilizaciones y cambio electoral. Y estas ilusiones se pusieron en las elecciones municipales del 25 de mayo. Al final estas elecciones municipales no supusieron más que una leve caÃda en votos del PP logrando mantenerse en las principales alcaldÃas del paÃs.

El PSOE quedó en el mismo sitio, aunque ganara en número de votos al PP, al igual que IU que mantuvo sus magros resultados. Las elecciones a la comunidad de Madrid supusieron la evidencia de un PSOE corrompido en sus distintas camarillas que buscan sus sillones para seguir haciendo sus negocios. Las nuevas elecciones a la comunidad de Madrid dio como ganadora a Esperanza Aguirre, dejando a Simancas - el candidato del PSOE- en la cuneta. Ni siquiera con los votos de IU pudo tener la mayorÃa.

Con las elecciones catalanas más de lo mismo. En ellas hubo que destacar la subida de ERC - más del 16% del electorado - e IU un 7,3% y la pérdida de votos de los socialistas - más de 157.000- que no consiguieron superar en diputados a C i U, la derecha nacionalista. El PP subió al 11,87%, ganando un 2,3%. Si los socialistas obtuvieron en la circunscripción de Barcelona el 40% de los votos en 1999, en las últimas elecciones se quedaron en el 33'2%.

Esta pérdida de votos y de credibilidad popular hace necesario que si quiere gobernar el PSOE, tenga que acudir a los votos de IU y de los nacionalistas. Precisamente es el modelo catalán el posible modelo para toda España, es decir gobernar con el apoyo de IU y los pequeños partidos nacionalistas si se confirmara la tendencia.

El resultado de estos parciales electorales ha puesto de manifiesto que mientras el electorado de derechas fue agrupado por la polÃtica de Aznar, la izquierda no lo ha hecho. Y la explicación puede ser evidente. El PSOE no hace más que aumentar la desmoralización cuando tiene el gobierno con su polÃtica. Para un sector importante de los trabajadores y de los más pobres al final unos y otros buscan los votos para hacer lo mismo. En este sentido la abstención que abarca desde un 40 a un 50%, según el ámbito de las elecciones, supone una posición polÃtica de la población que no acepta las mentiras electoralistas y las promesas que después no se cumplen.

Si fundas tus ilusiones en el voto de unas elecciones significa, que reprobar una polÃtica, trae como consecuencia el voto a otra opción polÃtica. Trasladar la rabia popular contra el PP en unas elecciones, implica que tienes que votar a los partidos que propugnan una polÃtica distinta a la que realmente hace la derecha. Y esa posición no existe.

Comienza la precampaña para las elecciones generales con el PP atacando a los nacionalistas

Aznar y su partido han comenzado a crispar la situación polÃtica enfrentándose directamente a los nacionalistas. En el PaÃs Vasco es donde la crispación es mayor. Este enfrentamiento no ha sido sólo contra el sector independentista que gira alrededor de ETA. Sino contra el PNV. El gobierno no se ha parado en la prohibición de partidos vascos, como Batasuna, sino que amenaza a través de una reforma del código penal, de penas de cárcel al presidente autonómico que se atreva a convocar un referéndum en su autonomÃa. Ley evidentemente realizada especialmente contra el PNV. Además el conflicto de competencias el parlamento de Vitoria sobre la posibilidad de disolver el grupo parlamentario de Batasuna - llamado Sozialista Abertzaleak - ha provocado una reacción nacionalista. Cuando el gobierno de Euskadi se negó a disolver el grupo independentista el gobierno a través de sus fiscales del Tribunal Superior del PaÃs Vasco llamó a declarar al presidente del parlamento Atutxa acusándolo de desobediencia por incumplir la ejecución judicial para disolver el grupo parlamentario de Batasuna. La reacción del PNV fue de concentración ante el tribunal de justicia y de cantar el Eusko Gudariak, el himno del soldado vasco, con Atutxa a la cabeza, a las puertas del Tribunal. Apoyados por EA e IU.

El PP ha tomado la posición de defensa a ultranza de la Constitución, de la unidad de la patria, argumentando la igualdad y la solidaridad entre todas las regiones. Para el PP estos 25 años de paz y de convivencia "democrática", están en peligro por las reivindicaciones separatistas de los nacionalistas vascos y ahora con el ERC y la irresponsabilidad e incoherencia del PSOE que oportunistamente se apoya en los nacionalistas para gobernar con el peligro que eso conlleva y abriendo la caja de Pandora de la reforma de la Constitución.

Los socialistas se encuentran en una posición que no les permite superar claramente del PP pues las elecciones llevadas a cabo hasta ahora no le han sido lo suficientemente rentables. Si bien en número de votos ganaron al PP en las municipales, las principales alcaldÃas que estaban en manos del PP siguieron en sus manos. El PSOE, con la excepción de Sevilla, no ha podido arrebatarle las alcaldÃas importantes. En las elecciones a la comunidad de Madrid el escándalo ha sido mayúsculo. Ha evidenciado la corrupción y la misma constitución del partido. Un partido hecho de pactos entre polÃticos con intereses venales en muchos casos.

El PSOE por otra parte postula una reforma autonómica que le permite deslindarse del PP y presentarse como garantÃa de la unidad de la nación haciendo de puente con los nacionalistas con soluciones pactistas. Aboga además por una reforma del senado que permita convertir esta cámara en una verdadera cámara territorial de las autonomÃas con competencias que permita expresar las distintas posiciones de las regiones.

Zapatero se ha rodeado de una comisión de "notables" del partido que le asesora, apoya y le permite dar una visión "unificada" del partido. Pero en realidad es el intento de unificar las distintas camarillas de poder que existen. Precisamente la postura de Ibarra y de Bono respecto a Maragall, Chávez o el mismo Zapatero, muestran que los socialistas son un conglomerado de barones con sus influencias polÃticas y sus cuotas de poder a través de las autonomÃas.

La polÃtica de los socialistas es presentarse como vertebradotes del paÃs desde la moderación. Zapatero expreso claramente su posición cuando dijo: "El partido socialista es España", para querer expresar que expresa la "pluralidad" de la nación y el equilibrio entre el centro y las periferias nacionalistas. Entre sus abanderados está Maragall en Cataluña con su pacto con el ERC e IC y Chávez en AndalucÃa. Sin embargo no todos sus barones autonómicos apoyan sin fisuras esta polÃtica. Ibarra en Extremadura y Bono en Castilla la Mancha han criticado la postura de Maragall y ha visto con malos ojos el pacto con Ezquerra.

El presidente de Extremadura llegó a expresar una propuesta para eliminar de las Cortes a los partidos nacionalistas elevando al 5% de los votos a nivel nacional el mÃnimo exigido para tener diputados. Con este rasero no sólo los partidos locales desaparecerÃan de las Cortes, IU se las verÃa y desearÃa para tener diputados en el parlamento.

Finalmente IU profundiza aún más su deriva hacia posiciones más reformistas abandonando el mundo del trabajo y la clase trabajadora como eje y apostando por el "ecosocialismo" para ser el apoyo "crÃtico" del PSOE y participar en el reparto de los sillones de los ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales y ahora con las miras puestas en el gobierno de la nación.

Llamazares habla de izquierda plural para expresar la aglutinación de movimientos sociales en IU. Pero en definitiva IU es el aparato del PCE, más grupos y personas sin peso social, pero que le permite presentarse como verdes, pacifistas o socialdemócratas. De hecho en la última asamblea Llamazares obtuvo el 76% de los votos tras el pacto con Francisco Frutos el sector del PCE.

Contrariamente al periodo Anguita, Llamazares lleva una polÃtica de apoyo al PSOE en todos los terrenos fundamentales. Y en la aritmética de las instituciones, IU se convierte en la organización que permite a los socialistas gobernar a cambio de sus cuotas de poder. Curiosamente desde 1996 que IU obtuvo el 10'54% de los votos en las elecciones generales el apoyo electoral no ha dejado de bajar, llegando en el 2000 al 5'46%. Pero a su vez la participación en el poder al lado del PSOE no ha cesado de aumentar. En las comunidades de Asturias, Cataluña, en el PaÃs Vasco, en Baleares cuando gobernaba el PSOE, tienen consejerÃas y en multitud de ayuntamientos gobiernan con los socialistas. En resumidas cuentas, a menos votos más sillones.

El nacionalismo y las autonomÃas centra el debate electoral

Desde las elecciones municipales y después las autonómicas de Cataluña, con el aumento de votos del nacionalismo del ERC y todo ello con el Plan Ibarretxe en Euskadi el debate polÃtico gira en torno al problema autonómico y a la vertebración del Estado. La crispación en el debate, la utilización de la represión y las amenazas judiciales por parte del gobierno del PP ha puesto más en evidencia que tanto al PP como a los partidos nacionalistas del PaÃs Vasco y Cataluña es un debate que les beneficia electoralmente pues pone en un primer plano sus intereses y enfocan los problemas reales de la población a través de una visión regional y nacionalista que ellos defienden. Tanto el PSOE como IU le siguen a la greña y como sigue siendo habitual la clase trabajadora queda supeditada a los intereses politiqueros por los sillones y las prebendas de las instituciones.

El Estado de las autonomÃas ha sido la solución al problema de los nacionalismos del Estado Español dado a la salida del franquismo. El pacto de 1978 no lo ha resuelto. Pues tanto el problema de ETA, como con los partidos nacionalistas colean. El pacto constitucional se hizo sin los nacionalistas vascos. Después los estatutos sirvieron para establecer una especie de poder federal que ha dado lugar a instituciones de poder regional y local.

Quien creyera que las autonomÃas iban a servir para desarrollar las regiones más pobres se ha llevado un gran chasco. Y lo mismo en las regiones ricas. AndalucÃa por ejemplo o Extremadura están en el mismo lugar que hace 25 años en los datos globales económicos - PIB, paro etc.,-. Cataluña, Madrid o el PaÃs Vascos siguen en su lugar. Y a todas les golpea la crisis industrial. Los cierres de empresas, el trabajo basura etc.

Este poder significa también intereses económicos y polÃticos. Desde las autonomÃas se gestionan grandes áreas de servicios sociales e inversiones que significan presupuestos millonarios. Hay que añadir también que el problema polÃtico autonómico y las reformas que se exigen son un medio más para pactar con el gobierno central y conseguir dinero y poder para los barones que dominan las autonomÃas y además sirve para falsear y desviar la atención de los problemas reales del mundo del trabajo y de la población al culpar al gobierno central.

Sin embargo el debate no es totalmente falso. Es decir, aunque oculta y maquilla los problemas del mundo del trabajo, obedece a una problemática no resuelta, aunque los defensores de la Constitución se emperren en lo contrario, desde años, por no decir siglos. Esto es, el problema nacionalista. Sectores del PaÃs Vasco, de Cataluña, de Galicia, fundamentalmente, pero también por agravios comparativos en otras regiones como AndalucÃa, tienen en mayor o menor medida, aspiraciones nacionales, se consideran como pueblos con una identidad cultural y polÃtica distinta y que por consiguiente anteponen sus intereses territoriales a los de todos en su conjunto.

Para decirlo con otras palabras: por el proceso de nuestro devenir histórico los distintos pueblos que conforman la penÃnsula Ibérica no han sido unificados totalmente - Portugal, la excepción, permaneció independiente - con una sola lengua y cultura y sà bajo un estado que ha impuesto por la fuerza, en muchas etapas históricas - la última de ellas ha sido el franquismo -, dictaduras polÃticas que han conllevado la prohibición del uso de las distintas lenguas y culturas. Estos sectores nacionalistas se expresan polÃticamente en variado abanico de posiciones. Desde la violencia terrorista de ETA y el independentismo de Batasuna, hasta el republicanismo del ERC o los partidos derechistas como PNV y CiU.

El peligro de este problema polÃtico está siempre en la naturaleza de clase de nuestra sociedad. Es decir, siempre que hay conflictos de clase, de explotación del capital sobre los asalariados, la defensa de los aparatos nacionalistas de sus posiciones independentistas o nacionales impiden la única solución posible: la expropiación del capital a manos de los trabajadores. O lo que es lo mismo sobreponer el territorio y su pequeño estado en la disputa sobre el estado central lleva siempre a mantener el sistema de explotación en beneficio del capital.

El tema central del debate electoral está siendo la reforma del actual estado autonómico y se ha llevado a cabo alrededor de dos posiciones fundamentales. Por una parte los que propugnan más poder a las autonomÃas, incluso reformando la actual constitución y los que quieren mantener el actual estado de cosas. Los elementos que se discuten más problemáticos son la financiación autonómica, el aparato judicial y el aspecto soberanista en el caso del plan Ibarretxe. Los que hablan en contra de cualquier reforma se fundamentan en la solidaridad que debe de haber entre unas regiones y otras. En este saco está el PP y barones socialistas como Ibarra y Bono. Naturalmente su solidaridad es interesada, pues para ellos la solidaridad entre los trabajadores y los más pobres sean de la región o territorio que sean, no existe en sus polÃticas.

Respecto al aparato judicial tanto los vascos como los andaluces y catalanes tienen en común el deseo de que los tribunales de justicia de cada autonomÃa sean verdaderamente tribunales supremos. Lo que diferencia el plan Ibarretxe con las demás reformas es el aspecto soberanista del estatuto propuesto. La "Propuesta de Estatuto PolÃtico de la Comunidad de Euskadi" del que ha editado el gobierno vasco cien mil ejemplares, plantea que la soberanÃa está en el Pueblo Vasco, lo cual entra en contradicción con la Constitución del 1978 que plantea la soberanÃa en la nación española. Pero en realidad la propuesta de reforma del estatuto actual es una propuesta a pactar. El presidente vasco dijo que "es una propuesta abierta al debate y a la negociación desde la primera hasta la última palabra".

El pacto de los socialistas con el ERC e IC prevé la exigencia de una agencia tributaria que permita recaudar impuestos a la Generalitat para después negociar con el gobierno central la parte que le corresponderÃa. Una de las bases de la campaña electoral del ERC ha sido la denuncia de que Cataluña pagaba más que recibÃa.

Su propuesta es parecida al concierto vasco, por el cual el gobierno vasco recauda la mayorÃa de los impuestos y después le cede la parte que le corresponde al gobierno central. La propuesta de Manuel Cháves va en este sentido. Su propuesta es la creación de una agencia tributaria propia de la Junta Andaluza y asà poder recaudar impuestos propios.

Magdalena Ã?lvarez consejera de economÃa de la Junta y asesora de Zapatero exponÃa asà sus intenciones en una entrevista al periódico EL PaÃs: "lo que estamos proponiendo para las comunidades es un espacio fiscal propio donde las autonomÃas sean independientes en la toma de decisiones de los tributos que sean propios". En definitiva lo que se discute no es más que una descentralización mayor del Estado en sus distintas variantes, pues tanto el Plan Ibarretxe como las propuestas del ERC tienen en sà mismo esta misma perspectiva.

El problema para los trabajadores no es quiénes van a recaudar y cómo. No es cuestión de quiénes gestionan. El problema fundamental

para los trabajadores y la población más humilde está en quienes no pagan los impuestos que son

los más ricos y las grandes empresas, en las subvenciones del estado y créditos baratos para que después despidan o realicen contratos basura. Mayoritariamente los impuestos los pagan los que tienen una nómina, los asalariados con el IRPF y que además pagan por partida doble a través de los impuestos indirectos como el IVA. La propuesta del PSOE, que ha retirado hasta que tome el gobierno, significaba bajar los impuestos a los más ricos.

Los trabajadores tienen los mismos problemas y el mismo enemigo

A los pocos dÃas que se constituyó el gobierno autonómico catalán Philips anunció que cerraba la fábrica de Barcelona, igual que Samsung, Lear, Miniwat, Printer y muchas más lo habÃan hecho ya. Sin embargo ni en la campaña electoral a la Generalitat, ni en estas elecciones de ahora está siendo tratado el problema, más allá de la lucha de los obreros contra los despidos. El Conseller de Trabajo que pertenece a ICV, la IU catalana ha dicho que tomará medidas contundentes sin especificar cuales. Se ha amenazado diciendo que se podrÃa dejar de comprar productos de Philips por la Generalitat. Pero estas medidas o similares de poco van a servir. La discusión polÃtica que se plantea en esta campaña es como tener más poder regional o menos según el punto de vista y jamás se les pasa por la cabeza impedir los despidos expropiando a los que lo hagan y frenar el deterioro de la clase trabajadora.

Sólo una reacción masiva de los trabajadores y la expropiación de estas empresas podrÃa parar los cierres y los despidos. Entonces podrÃamos preguntarnos para qué sirven los gobiernos autonómicos, las exigencias de mantener los impuestos propios, el denunciar que Madrid u otras regiones ricas o

pobres - según el punto de vista regionalista- se llevan nuestro dinero, si después los obreros son despedidos, las empresas cerradas, especulan con los terrenos, la precariedad aumenta, y todo ello para aumentar los beneficios de la banca, la gran patronal, los capitalistas. El problema para los trabajadores no es el territorio es la explotación de la patronal y del capital.

Teófila MartÃnez, alcaldesa de Cádiz por el PP y candidata a presidenta de la Junta de AndalucÃa le reprochaba a Manuel Cháves que el pacto de Maragall con el ERC va a suponer quitarle el dinero a los andaluces para dárselo a los catalanes. Es el mismo argumento de cualquier nacionalista. El enfrentamiento está servido. No hay que olvidar que cada posición en los aparatos e instituciones del Estado supone estar relacionados con el negocio de las grandes empresas, de las subvenciones, de la especulación inmobiliaria etc., pues los presupuestos e inversiones del Estado a todos los niveles son miles de millones que se contratan.

La demagogia nacionalista no sirve más que para engañar a los trabajadores y desviarlos del problema real. Quienes despiden no tienen patria, su patria es el dinero y las únicas medidas que pueden resolver los problemas de los trabajadores son las que ataque sus beneficios y su propiedad privada. El voto no resuelve los problemas de los trabajadores. Las soluciones son la lucha y la unidad. Pero unas elecciones darÃan oportunidad de expresar públicamente a una candidatura obrera de representar y denunciar los problemas del mundo del trabajo.

El drama humano que viven miles de trabajadores que están en el paro, despedidos o en en trance de serlo, tiene que acabarse. Para frenar todo este deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros tenemos que impedir los despidos, expropiando sin indemnización a las empresas que despiden.

También tenemos que acabar con todas las subvenciones a las empresas privadas que se llevan el dinero sin crear empleo y dedicar esos millones a puestos de trabajo públicos en los servicios públicos.

La impunidad que la patronal tiene en sus finanzas es la base para justificar sus despidos y recortes de empleo. Contra estos hay que obligar a que su contabilidad se hagan públicas y controladas por los trabajadores.

Enero de 2004