El año 2003 ha sido la ocasión para las autoridades y el gobierno de multiplicar las conmemoraciones del 25 aniversario de la Constitución. Las elecciones de marzo serán la ocasión para que los partidos políticos se presenten, tanto los unos como los otros, como los más ardientes defensores de esta Constitución.

El Partido Popular utiliza la Constitución como garantía de una España unida e indivisible. Y para ello ataca a todos aquellos nacionalistas que piden más independencia o autonomía y por medio de esta polémica ataca al Partido Socialista.

El PSOE hace de la Constitución un modelo que le permite desarrollar su idea de una España plural. Pero tanto para un partido u otro no es más que una maniobra electoral para ganar votos y preparar alianzas futuras. Izquierda Unida ve en esta ley del 78 el instrumento que permite ayudar a las clases populares pero con la utilización al pie de la letra de sus artículos, lo que lleva implícito aceptarla y respetarla escrupulosamente.

El 6 de diciembre de 1978 el referéndum constitucional daba una nueva Constitución a España. Con la entrada en vigor de esta ley de leyes una página de nuestra historia había pasado. Después de 40 años de dictadura franquista, en el periodo llamado "la transición", nuestro país entra en el parlamentarismo.

El referéndum permitió que Juan Carlos tuviera la legitimidad que como heredero de Franco no tenía. Juan Carlos se convertía en un monarca constitucional y llave del parlamentarismo. Esta monarquía fue aprobada por el 88% de los votos lo que representaba el 59% del electorado y con una abstención del 32%.

En 1978 todos los partidos parlamentarios, ayer como hoy, se dieron la mano para cantar alabanzas a esta Constitución.

¿Cómo se planteaba el problema del voto en el referendum en 1978?

Era comprensible que la gran mayoría de los trabajadores dieran el "sí" a la Constitución. Se salía de cuarenta años de dictadura franquista y votando por la nueva Constitución ellos creían votar por la democracia en contra de la dictadura.

Pero hacer aprobar una Constitución, basada en el principio de la sacrosanta propiedad privada y recaer la continuidad del régimen en una jefatura de Estado encabezada por el rey y sus descendientes, era una trampa que había que denunciar. La misma trampa que hay que denunciar hoy. Pues hoy como ayer Juan Carlos y la burguesía española quieren la legitimidad y la aceptación de la población trabajadora. El primero lo quiere para su persona. La segunda quiere el apoyo a las instituciones, para ejercer tras ellas la dictadura económica sobre el mundo del trabajo.

El papel de los partidos verdaderamente comprometidos en la defensa de los intereses de los trabajadores habría sido denunciar esta trampa y de explicar este mecanismo. Pero, en 1978, el PSOE y el PCE, que se autocalificaban de socialista el uno y de comunista el otro, estaban muy contentos de ser admitidos por la burguesía española en su juego político. Y no denunciaron nada, "olvidando" además, que durante decenios ellos se presentaban como republicanos. Aprobaron esta constitución monárquica con todo su entusiasmo.

Monarquía o república

La adhesión, al final del franquismo del PSOE y el PCE a la monarquía, los juzga por sí mismos. No hay que olvidar que durante los tres años de la guerra civil, estos partidos han llamado a los trabajadores de España en la defensa de la II República. Tanto el PSOE como el PCE afirmaban entonces que los campesinos no debían luchar por la tierra y que los obreros no debían luchar para controlar las empresas porque no era el momento de la revolución social.

Para ellos lo que era importante era defender la República sacrificando las reivindicaciones de los obreros y de jornaleros. Centenares de de miles de trabajadores murieron por esta república, siguiendo el llamamiento del PSOE y del PCE. Y en 1978, los dirigentes de estos partidos han venido a decir que el problema de la República no tenía importancia, ¡había que votar a favor de la Constitución monárquica!

Evidentemente, los revolucionarios comunistas no oponen los términos abstractos de república y de monarquía. Hay, y ha habido repúblicas, mucho más reaccionarias que monarquías. El término república encubre muchas veces en la historia el poder de las clases dominantes. Pero lo que es cierto es que la monarquía es por definición el reino de las clases dominantes. Y esta adhesión a la monarquía del PSOE y del PCE fue un símbolo del sometimiento al orden capitalista. Pero sólo un símbolo, pues este sometimiento no databa de los años 70. hacía ya muchos años que se habían sometido.

¿Qué oculta esta constitución?

No es este el lugar para analizar, uno tras uno, todos los artículos de la Constitución. Pero leer lo que dice sobre los problemas sociales del mundo del trabajo nos puede aclarar su papel. Si se aborda un tema tan preocupante como los despidos y el paro que gangrena toda la sociedad, es interesante saber lo que dice esta magna ley.

El artículo 35 del capítulo 2 dice:

"Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración sufciente para satisfacer sus necesidades y su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo".

La Constitución reconoce "el derecho al trabajo".

Pero entonces, ¿por qué las empresas te privan a millones de trabajadores de su empleo? ¿Por qué los dirigentes de las grandes compañías se permiten retirar el salario a centenares de trabajadores despidiéndolos?, y únicamente para aumentar sus beneficios.

Y esto sucede porque esta Constitución está dentro del sistema de dominación de la burguesía. Sistema que para desarrollar la competencia permite todos los "golpes". Las decisiones de los grandes dirigentes de las grandes empresas son soberanas, las cuentas y balances contables secretos, sus maniobras oscuras.

Podemos citar numerosos artículos que sitúan a la Constitución dentro del sistema, entre ellos el artículo 33 que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, es decir la propiedad privada de las grandes empresas y fortunas, y el derecho sagrado de los banqueros, industriales y demás burgueses, en hacer lo que quieran en sus negocios. Esto lo confirma clara y rotundamente el articulo 38 que dice: "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso de la planificación".

Como hemos visto, a pesar de las frases retóricas sobre la libertad, el derecho al trabajo, el corazón de la Constitución está aquí: bajo la apariencia de democracia, se ejerce la dictadura económica de la burguesía.

Pues gracias al control de las fuerzas productivas, de toda la economía, la burguesía ejerce su dominación sobre el conjunto de la sociedad. Ella posee la prensa, la televisión, la radio. Ella dicta las exigencias a los políticos que están ellos mismos ligados al mundo de la burguesía. Incluso si la libertad de expresión de todos, está reconocida, esta libertad no tiene el mismo peso si se expresa en un bar de barrio o si se repite día tras día en todas las páginas de los grandes periódicos y en los informativos de la televisión.

El poder fundamental de la burguesía le viene de su posición en la economía, que viene de la propiedad privada de los gigantescos medios de producción modernos. ¡Y este poder, la burguesía no lo comparte con nadie! En la más democrática de las democracias burguesas, la democracia se termina en la puerta del taller, de la fábrica, de la oficina, del tajo.

Esta famosa Constitución, garantía de la democracia, ¿por qué no impide que los trabajadores pierdan su pan? Simplemente porque la democracia se para donde empieza la propiedad privada. Y cuando hablamos de propiedad privada no hablamos de la propiedad individual de la personas, como la casa, el coche o su terrenito. Hablamos de la propiedad privada de inmensas fuerzas productivas y tecnológicas de la cual depende la vida de toda la sociedad. Como son las grandes fábricas, los transportes, la energía, o la producción de medicamentos.

¿Qué hacen los políticos con su constitución bajo el brazo cuando los dirigentes de las multinacionales, desplazan la producción, cierran empresas y echan a la calle a miles de trabajadores condenando a regiones enteras a la asfixia económica y al desastre total? Nada más que votar nuevas ayudas a los presidentes y accionistas de estas grandes compañías... en nombre de la libertad de empresa, "garantizada y protegida por la constitución".

¿Qué hacen estos políticos armados de la Constitución cuando los dirigentes de los trusts petroleros ensucian y contaminan centenares de kilómetros de costa bajo el pretexto de economizar en el transporte de petróleo? Y ¿Cuándo producen sustancias peligrosas amenazando a ciudades enteras? ¿Y en nombre de quién se mandan tropas a Irak con el pretexto de luchar contra el terrorismo, pero en realidad apoyando una política imperialista que pone bajo su control inmensos recursos petrolíferos?

¡Hay que destruir el estado burgués!

Con estos aniversarios que se repiten hasta la saturación, los políticos buscan, no sólo reforzar la corona, sino también convencer a los trabajadores que si ellos están descontentos, pueden usar la Constitución para solucionar sus problemas. Y que la única vía posible para la resolución de las reivindicaciones es la vía parlamentaria, es la elección de buenos diputados y senadores.

La burguesía española y como ella la de todos los países, incluso aquellas que tienen Constituciones mucho más antiguas, mantienen y organizan un ejército y una policía bien entrenada y equipada, lista para intervenir por si acaso contra la población trabajadora.

Pero, aunque los gobiernos cambien, sea cual sea su etiqueta, ellos llevan la misma política. Aquellos quienes tienen el poder son aquellos que están a la cabeza de una inmensa burocracia de Estado, ligada a la burguesía: altos cargos de la administración, jefes militares, altos magistrados etc. Nadie sabe cuantos son y cuanto cobran.

La administración española cuenta además de los trabajadores de los servicios públicos, correos, enseñanza, sanidad..., millares de funcionarios, miles de militares de carrera, toda una burocracia y los que tienen el poder real son los que están a la cabeza de esta burocracia estatal. Al más alto nivel los ministerios son enormes máquinas burocráticas apéndices de este aparato de estado. Y el consejo de ministros se convierte en una oficina de registro donde sólo se firman los decretos y actuaciones que están cocinados fuera de este consejo. En múltiples comisiones de los ministerios, los altos funcionarios hacen los proyectos, los decretos y las leyes.

Si los gobiernos pasan, los altos cargos quedan. Los cambios de mayoría no se traducen, más que por algunos cambios en la cabeza de los puestos de dirección. Mientras que estos altos cargos son inamovibles. Y a través de los aparatos de estado, no es la "tecnocracia" la que dirige, sino la burguesía, la gran burguesía, la de las multinacionales, la que manda.

El funcionamiento normal del capitalismo tiene ya sus mecanismos legales establecidos para robar al trabajo, explotar a los asalariados y obtener los grandes beneficios en sus negocios. En este sentido la corrupción que aparece continuamente es una manera que tienen algunos capitalistas de comprar voluntades, una a una, de los políticos de turno. A través de eso pueden obtener terrenos, mercados, subvenciones etc. Los múltiples casos de corrupción que conocemos desde años, si es verdad que testimonian el dominio de la burguesía sobre la vida política, sólo son la punta del iceberg. Y no solamente se demuestra este dominio porque haya muchas "comisiones" distribuidas y que sólo una minoría salga a la luz, es el mismo funcionamiento del Estado y de nuestra sociedad el que vive bajo la tiranía de estos burgueses.

Los jóvenes intelectuales que salen de las grandes universidades eligen en su inmensa mayoría la entrada en las funciones lucrativas de las finanzas, direcciones de grandes empresas o altos cargos de la administración. ¿Son menos corruptos por ser pagados por una gran salario (y con todos los privilegios que lo acompañan) que por una comisión?

Por todo esto, hay que recordar a los trabajadores que a pesar de las grandilocuentes fórmulas de la Constitución, el Estado y todo su aparato burocrático de altos cargos militares, policiales, judiciales y de la administración están al servicio de la gran burguesía. Este aparato ha sido concebido, seleccionado por la misma burguesía. Los dirigentes del aparato de Estado, los de los grandes partidos políticos como PP, PSOE, PNV, CiU etc., los presidentes y ejecutivos de las grandes empresas salen de las mismas universidades, frecuentan los mismos círculos, clubs y asociaciones. Son intercambiables todos estos dirigentes.

Los trabajadores no deben garantizar, ni avalar, una Constitución a través de la cual la burguesía ejerce su dominio absoluto. Este dominio es verdad que utiliza el sufragio universal y la alternancia de los partidos políticos, pero detrás de todo esto está la dictadura de la burguesía. El estado moderno es el garante del mantenimiento de la explotación. Si queremos acabar con la explotación capitalista y todo lo que supones de miseria, guerra y sufrimiento tenemos que destruir este Estado.