Un compañero trabajador de Renfe explica la situación de los ferroviarios tras el pacto de investidura

El pasado 7 de noviembre las plantillas de Renfe y de Adif estaban llamadas a cinco jornadas de huelga en toda España en protesta por el traspaso integral del servicio de cercanías catalán, Rodalies, a la Generalitat, acordado entre el PSOE y ERC en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La huelga de Renfe estaba prevista para los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre.

En un principio la huelga prevista para el día 24 fue desconvocada porque “coincidía con la huelga convocada por Vox”, pero ese mismo día tras reunirse el ministro de Transportes y sindicatos llegaban a un acuerdo y se anunció desconvocar por completo la huelga prevista para el resto de días. Los sindicatos aseguran que han conseguido todas sus reivindicaciones, ya que se les ha prometido la «garantía de integridad» de las empresas públicas Renfe y Adif pese al traspaso de Rodalies y el mantenimiento de las plantillas.

Un acuerdo sobre el que los trabajadores no sabemos nada sino más bien parece una maniobra más empleada para desactivar las protestas, para salvar el culo a los responsables tanto en Renfe, como en Adif, ante los efectos de una huelga que habría paralizado el transporte por tren en fechas clave. Pero además con ello se apunta un tanto el gobierno y su ministro de transportes recién estrenado Oscar Puente. En cambio, los trabajadores solo vemos humo detrás de las “buenas” intenciones.

El compañero trabajador de Renfe relata los motivos que llevaron a la convocatoria de huelga:

“Los sindicatos de Renfe y Adif han convocado varias jornadas de huelga en protesta por el traspaso de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. Además, la protesta afectará tanto a los trenes de Cercanías como a los de Larga y Media Distancia.

La huelga de Renfe en noviembre y diciembre nace como protesta por el traspaso de Rodalies, los Cercanías catalanes, a la Generalitat. Rodalies es el servicio de cercanías de Cataluña, junto a Madrid las dos cercanías más potentes del país.

Para los trabajadores, el acuerdo amenaza el mantenimiento de los criterios de equidad y universalidad que se debe mantener en el transporte ferroviario, como servicio público esencial. Al margen de los comités, en el seno de las empresas, el malestar por un acuerdo inédito que rompe por primera vez la unidad de la red y lo abre a futuras cesiones es también manifiesto.

Del mismo modo se genera incertidumbre por la entrada de una empresa privada (MSC) en el capital de Renfe Mercancías.

El traspaso de Rodalies fue pactado entre PSOE y ERC en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y supondrá que Cataluña adquiera el control sobre la gestión de las R1, R2 y R3, incluyendo los trenes y las vías. Posteriormente, se valorarán otras líneas.

La huelga surge con acuerdo de todas las centrales sindicales, desde CCOO y UGT al sindicato de maquinistas Semaf.

Las organizaciones temen por el futuro de las condiciones laborales de los 2.500 empleados de Renfe en Cataluña y de una cifra similar de trabajadores de Adif, el ente gestor de las infraestructuras ferroviarias, en la comunidad autónoma. La dirección de la operadora de transporte ha evitado hacer declaraciones.

Las centrales sindicales han criticado el acuerdo por la falta de información respecto a las condiciones laborales de las plantillas, tanto de Renfe como de Adif.

A falta de concretar los complejos aspectos técnicos del traspaso, lo único que ha trascendido es que una empresa de nueva creación y compartida a medias por el Estado y la Generalitat, Rodalies Catalunya, gestionará al menos tres líneas de corta distancia de Barcelona tras asignársele los activos que se decidan. En el marco laboral, principal preocupación de los trabajadores, está previsto elaborar un convenio para facilitar la movilidad de los empleados.

El Ministerio de Transportes defiende que ahora mismo solo hay un acuerdo político que no aborda, por el momento, aspectos técnicos sobre cómo se llevaría a cabo este traspaso de competencias entre Estado y Generalitat. Al mismo tiempo, el Govern catalán asegura que se garantizarán las condiciones y derechos laborales adquiridos por todos los trabajadores.

El Govern se ha comprometido a que la gestión siga siendo totalmente pública. Las cercanías históricamente es algo que nadie quiere, porque es donde más averías hay, más quejas del ciudadano, y suele ser una patata caliente. El servicio con muchos retrasos no mejorará con este cambio.

Para los trabajadores de Renfe y ADIF, no es positivo, dado que no tendrán la estabilidad de esas entidades nacionales tras el traspaso. La clave es la siguiente.

En Adif y RENFE hay un gran porcentaje de trabajadores no catalanes en Cataluña. ¿Y si un cordobés quiere volver a su provincia? ¿Seguirá teniendo la opción? ¿Qué pasará con los traspasos? ¿Se va a escuchar a los trabajadores antes de jugar con ellos? ¿Serán afectados como nos podemos imaginar a un cambio de empresa para ellos sin su beneplácito? Encima han sacado sus oposiciones y su plaza, y ahora se topan con esta decisión política que les afecta en gran medida a sus condiciones laborales. Desastre absoluto a nivel laboral esta decisión del PSOE y ERC.”