El jueves 21 de noviembre, como otros países latinoamericanos antes, Colombia se vio marcada por una huelga general y grandes manifestaciones en las principales ciudades del país. Ese día, los sindicatos convocaron una huelga nacional contra las medidas antiobreras del gobierno derechista de Iván Duque, apodado Uriduque, porque sigue la política del ex presidente reaccionario Álvaro Uribe.

Estas medidas, el llamado pacto social para el empleo, fueron dictadas por los empresarios. Entre ellas figuran la reducción de impuestos para las grandes empresas y las multinacionales extranjeras, y la gestión de empresas estatales en manos privadas. En cuanto a la población, el salario mínimo para los menores de 28 años se reduce un 25% y es flexible según la región; está prevista la privatización total del sistema de pensiones, así como un fuerte aumento de los precios de la electricidad.

A los sindicatos de trabajadores se han unido partidos de oposición, ecologistas, feministas, organizaciones estudiantiles que luchan desde hace meses por más recursos y contra la precariedad, y organizaciones de pueblos indígenas, víctimas de la violencia de los grupos paramilitares y del Estado.

En los días previos a la huelga, el gobierno aumentó las tensiones: se cerraron fronteras, se llevó a cabo detenciones y registros; se puso en estado de alerta al ejército. Este clima de miedo no impidió las manifestaciones masivas en Bogotá y otras grandes ciudades. Incluso en Medellín, una ciudad organizada por el partido de Duque, la manifestación fue muy fuerte.

Al día siguiente, mientras los dirigentes sindicales pedían al gobierno que entablara un diálogo, la movilización continuó. El gobierno decretó entonces toque de queda y desplegó tropas en la capital. Los manifestantes respondieron con caceroladas por todo el país, incluso bajo las ventanas de Duque.

En Colombia, bajo el control del imperialismo americano, marcada como el resto de América Latina por la pobreza y las altas desigualdades, hay pocas manifestaciones. El país ha sufrido principalmente la guerra civil entre el ejército y los paramilitares, por un lado, y las FARC y el ELN, por otro. 250.000 personas perdieron la vida, dos tercios de ellas debido a los abusos del ejército y los paramilitares, que golpearon a trabajadores, campesinos e indígenas, fuesen o no militantes.

En Bogotá, donde hubo más de 200.000 manifestantes, la intervención violenta de la policía antidisturbios provocó enfrentamientos, así como en Cali, donde murieron tres personas y cientos resultaron heridas.