La sanidad pública se ha utilizado como arma política por sucesivos gobiernos. Se han servido de ella defensores y detractores de la privatización, derechas e izquierdas han alternado sus críticas, haciendo demagogia de las evidentes carencias de medios y de la escasez de profesionales sanitarios. A la vez, proponen nuevas formas de financiación, que incluye la privatización, aunque sea parcial, de los medios sanitarios.

Entre los numerosos recortes sociales que el Gobierno Rajoy llevó a cabo, en sanidad redujo la inversión estatal en sanidad entre 15.000 y 21.000 millones, según las fuentes.

El sistema sanitario español retrocedió años limitando los niveles de asistencia, las especialidades fueron recortadas, los inmigrantes dejaron de ser atendidos, se redujeron el número de camas en los hospitales y muchos establecimientos sanitarios cerraron. Como consecuencia miles de profesionales acabaron en el paro.

Tras la reducción de las coberturas públicas, la derecha aprovechó para defender un sistema de asistencia privado y favorecer así a los empresarios. A la par que recortaba el dinero público destinado a sanidad o educación, sus políticas incentivaban el uso de la medicina privada y la contratación de seguros médicos. Se instaló una política tendente a beneficiar al empresario a la par que abandonaba a las clases populares y más desfavorecidas a su suerte.

A poco de ocupar los sillones de la Junta de Andalucía, el trifachito formado por PP, Ciudadanos y Vox, han llevado a cabo más recortes en esta comunidad. Una de las consecuencias más recientes fue, por ejemplo la falta de pediatras en los centros sanitarios, lo que ha provocado la alarma y el malestar entre la población en algunas zonas.

En Sevilla, en la barriada de Palmete los vecinos se manifestaron el pasado 17 de octubre ante la falta de pediatras en su centro de salud desde junio pasado. También, en Castilla – La Mancha, la falta de pediatras ha provocado protestas de la población, además de alcaldes y de los colegios de médicos. Ante ello, el consejero de salud de esta comunidad ha salido al paso con explicaciones ridículas y poco convincentes, llegando a decir que ”habrá pediatras donde tenga que haber y no donde no tenga que haber”, porque, ha asegurado, “no se puede tener a pediatras viendo a niños sanos”. Aclarando después que “Se pusieron pediatras en todos los centros de salud, pero no se preocuparon de formarles. Ahora, como no hay, se da esta prestación dentro de los médicos de familia”, ha dicho.

Las protestas de los profesionales médicos, en general, se han hecho continuas desde la llegada de la derecha a Anadalucía, que está aplicando las mismas políticas restrictivas que ya viniera imponiendo en el resto de comunidades donde gobierna.

Lo peor es que los servicios de prevención, los servicios de urgencias y emergencias que dependen de Salud, están colapsados por la falta de medios y de profesionales. Un ejemplo de ello son los retrasos en los servicios de emergencia, con casos en los que los sanitarios llegan a los domicilios con retrasos de hasta más de dos horas y que pone en alto riesgo a los pacientes.

Detrás de estas políticas no hay más que un interés en aprovechar la sanidad como fuente de ingresos. Tras los recortes aguardan agencias de seguro, bancos y clínicas privadas, deseosas de repartirse enfermos que puedan pagar la atención médica que los servicios públicos están desatendiendo.

Y ello no es más que el juego que los políticos de turno ponen en marcha para favorecer a los empresarios afines.

Mientras la sanidad debería ser algo universal, costeada entre todos, a los ricos que encima no la sostienen con arreglo a su nivel de ingresos, no les falta de nada.

Las clases trabajadoras y populares, los pobres, los inmigrantes, los que dependemos de un trabajo para sobrevivir, debemos reclamar en las calles que la sanidad pública es la única que puede evitar la barbarie que los ricos y poderosos pretenden imponernos.
¡Por una sanidad pública, universal y sostenida por la mayoría trabajadora!