La tragedia provocada por desastre natural de la gota fría, hasta el momento que escribimos este artículo, ha causado la muerte de 200 personas y decenas de desaparecidas, además de daños materiales que ascienden a cientos de millones de euros. Las tormentas más violentas que se registran desde hace años han dejado una verdadera catástrofe para zonas de la península donde la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha sido más virulenta. Son las peores inundaciones desde hace 75 años en Valencia y también en Castilla-La Mancha, las más afectadas por el temporal.

Pero a este desastre natural le acompaña el desastre social y económico producto, no sólo de una nefasta gestión de los políticos al mando de estas comunidades y del gobierno central, sino también producto de la sociedad y economía en la cual vivimos.

En primer lugar, tenemos que decir que muchas de estas vidas humanas que se ha llevado la salvaje meteorología, hubieran podido salvarse si los responsables políticos de la zona y las empresas hubieran tomado en serio las predicciones de la AEMET. En efecto, la Agencia Estatal actualizó la alerta por lluvias y decretó el nivel rojo a las siete y media de la mañana del martes 29. No fue hasta las 20:12 horas del martes que el gobierno valenciano no activó las alertas cuando ya miles de personas estaban atrapadas en la catástrofe. Además la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias en 2023 de la Generalitat valenciana por el actual gobierno del PP y Vox y la no activación de los protocolos de Víctimas Múltiples hasta la tarde noche del martes, provocó que la catástrofe natural se convirtiera en humana, por la negligencia de los responsables políticos.

El presidente de Generalitat valenciana Carlos Mazón, el mismo martes por la mañana –día en el que empezó la DANA– teniendo la información de los organismos de prevención de emergencias de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar, auguraba —en un tuit que ha sido borrado de su cuenta oficial— que el temporal se estaba desplazando hacia la sierra de Cuenca y sobre las seis de la tarde disminuiría su intensidad en el resto de la comunidad. Escribía en el tuit: “la emergencia situación 1 está en la comarca de la Ribera Alta” y que hay “alerta roja por lluvias en todo el litoral e interior norte de la provincia de València que va a estar vigente, en principio hasta las 18.00 horas”(diario.es).

En segundo lugar, muchos de los afectados vivieron la catástrofe mientras trabajaban, tras negarse sus empresas a desalojar sus locales comerciales y obligando a sus empleados a mantener sus horarios laborales intactos. Y las redes sociales han sido testigo de ello. Este ha sido el caso de compañías como Mercadona e Ikea, o incluso empresas de reparto como Glovo y Uber Eats.

En Bonaire, un centro comercial de Valencia, una trabajadora decía por las redes sociales: “estamos atrapados en el Bonaire cientos de trabajadores. No nos han dejado irnos nuestros superiores, tampoco tenemos comida, ni un sitio para sentarnos porque Cinesa no se hace responsable…” esto es simplemente terrorismo patronal para conseguir, con el miedo y la sumisión obrera, obtener sus beneficios a costa de los trabajadores y trabajadoras. Está radicalmente claro que sus beneficios están por encima de las vidas humanas.
En realidad estamos ante un escándalo político y social de una sociedad en manos de una oligarquía capitalista que domina – el Ibex35- que solo mira por los intereses económicos de sus grandes empresas y bancos a costa del erario público, la precarización de la clase trabajadora y la privatización-deterioro de los servicios públicos. La destrucción general y las personas que han muerto, no son causadas por el destino inevitable de las fuerzas de la naturaleza; lo ha sido, a causa de una sociedad donde el deterioro y privatización de los servicios públicos están al servicio del negocio de la patronal y sus corruptos políticos.