Estos días atrás hemos sabido que los familiares de las víctimas de las residencias durante la covid han llevado sus protestas encadenándose frente a la Fiscalía de Madrid y haciendo entrega de una carta dirigida a la Fiscal Jefa Superior, Almudena Lastra. El documento demanda una investigación exhaustiva: “No entendemos que no haya investigado la gran mayoría de las pruebas que han aparecido”,

Los hechos que provocaron la muerte de 7.291 personas que entonces vivían en las residencias madrileñas tienen detrás a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su papel en la aprobación y supervisión de los protocolos, que describían las directrices y criterios de no derivación hospitalaria, implementados durante el confinamiento, impidiendo el traslado a hospitales de los residentes de centros de mayores sin seguro médico privado y con algún tipo de discapacidad, impidiéndoles así recibir asistencia sanitaria.

Estas personas murieron de la peor manera posible como consecuencia de unas decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo. Detrás de estas muertes, muchas de ellas se podían haber evitado, se halla además del cinismo de sus responsables, con Ayuso a la cabeza, el que la sanidad privada y con ello sus clientes, saliera beneficiada.

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