A partir de la entrada en vigor en octubre de este año de la Ley de Memoria Democrática (LMD), en sustitución de la Ley de Memoria de 2007 (LM), parece que se abre una vía para que este gobierno ponga recursos suficientes y trabaje para que reconozca oficialmente los crímenes cometidos por el bando franquista durante la dictadura.
Sobre todo, esta nueva ley debe permitir a los familiares de las víctimas del franquismo conocer la verdad, que se haga justicia y que se repare el daño causado por los crímenes durante la dictadura de Franco.
Con la reciente LMD en la mano se va a llevar a cabo de forma efectiva, tras años de intentos infructuosos, el traslado de los restos de Queipo de Llano fuera de la Basílica de la Macarena en Sevilla. Como dice la nueva norma “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio…” También se trasladarán los restos de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra.
Gonzalo Queipo de Llano y Sierra fue un general del ejército que Franco puso al mando en Andalucía y que tan sólo en Sevilla llevó adelante más de 14.000 asesinatos, falleció en 1951 y fue enterrado en la Basílica de la Macarena. Tras la entrada en vigor de la LMH la dirección de la basílica cambió las inscripciones de su tumba para tratar de disimular la presencia del asesino.
Hace años que asociaciones memorialistas y algunas iniciativas privadas vienen exigiendo la exhumación y el traslado de los restos de los dirigentes franquistas, topándose siempre con la oposición de la Justicia y la inacción de las instituciones. En el asunto del traslado de la tumba de Queipo de Llano, llevan años lanzándose la pelota los jueces y los curas. Estos últimos días se está llevando a cabo el proceso de exhumación y traslado de forma efectiva.
La anterior LM fue aprobada con Zapatero en 2007 y luego Rajoy se encargó de hacerla desaparecer. Tratar de recuperar los cuerpos de las víctimas asesinadas ha sido un camino lleno de obstáculos burocráticos para los familiares. También se ha ocultado -cuando no destruido- fosas comunes, así como dificultar el acceso a propiedades privadas para investigar. Casi 15 años más tarde los obstáculos no se han movido y como prueba el empecinamiento de una parte de la derecha, la ultraderecha, de la Justicia y de los sectores más reaccionarios de la Iglesia en seguir impidiendo llevar a cabo acciones en ese sentido.
También, en base a esa ley se pidió la retirada de los símbolos franquistas de los edificios públicos, algo a lo que se ha resistido siempre la derecha más conservadora y la Iglesia. En muchos lugares gobernados por el PP, sus alcaldes se han resistido a acatar la ley hasta el último minuto. En 2014 el Ayto. de Nigrán en Vigo solicitó a su Diócesis la retirada de los símbolos franquistas de sus iglesias. En julio de este año esas iglesias continuaban exhibiendo esos mismos símbolos y prueba de que hacer cumplir la ley a la Iglesia es un paripé.
En el otro extremo hallamos los despropósitos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En noviembre de 2019 mandó arrancar las láminas con los nombres de los fusilados por Franco en Madrid, que iban a formar parte del Memorial. Y en febrero de 2020 mandó eliminar del mismo sitio los versos del poeta Miguel Hernández. Ni el Gobierno de Sánchez ni la Justicia han puesto en su sitio a Almeida, lo que demuestra que la ley es ley según para quienes.
Basta echar un ojo a la nueva LMD para ver que contempla muchas más cosas que la anterior, es verdad, pero ¿Cómo se puede hablar de “resarcimiento” de “reconocimiento y reparación integral” si se deja a un lado que muchos dieron su vida y fueron explotados para que la burguesía y sus negocios prosperaran? Muchos descendientes ocupan hoy día puestos en el IBEX.
Entre todo el tiempo transcurrido entre una y otra ley se ha podido constatar, a través de los hechos, que siguen presentes elementos defensores de la dictadura en el ámbito político, entre miembros de la justicia, al igual que los herederos de la burguesía y sus negocios, que prosperaron al abrigo de esa dictadura y hoy día lo siguen haciendo. La llamada Transición no fue otra cosa que facilitar que muchos elementos franquistas permearan en las nuevas instituciones, ocuparan cargos en política y en lo judicial. En definitiva, se sigue manteniendo a una burguesía que vive a costa de la explotación de trabajo.
Ninguna ley podrá reparar totalmente el genocidio franquista contra la clase trabajadora española de 1936, puesto que el nudo gordiano que explica esa bárbara represión fue la necesidad de la burguesía, los terratenientes junto a la iglesia católica de aplastar el intento de revolución social que tras el golpe de estado los trabajadores impusieron parando a los golpistas. Será el derrocamiento de los capitalistas y un gobierno obrero la única solución y reparación completa a los salvajemente asesinados por los franquistas.