El pasado mes de octubre, en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos UGT y CCOO, alcanzaban un acuerdo para subir los sueldos de los funcionarios y empleados públicos para los años 2022, 2023 y 2024. Este acuerdo no soluciona para nada la pérdida de poder adquisitivo que llevan y que van a seguir sufriendo, los más de 2,7 millones de trabajadores públicos aproximadamente que tiene este país.

El propio secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha llegado a reconocer en RTVE , que “ya estamos teniendo una inflación de segunda ronda porque las empresas o buena parte de ellas están repercutiendo el incremento de costes energéticos, alimenticios y de materias primas a los precios al consumo” y correctamente explica que esto es así porque si “la inflación es del 10,4%, pero la inflación subyacente es del 6,4% (…) se están repercutiendo esos costes a los precios al consumo. Ya estamos en una inflación de segunda ronda que no están generando los salarios”. Y aunque reconoce que el acuerdo no sea todo lo satisfactoriamente posible para los trabajadores y que son los beneficios de las grandes empresas los causantes de la inflación, se pliega a la patronal cuando dice que, si “todos los salarios de España subieran un 10,4%, que es el incremento del coste de la vida actualmente, puede ser que las empresas repercutieran esos incrementos de los salarios a los precios al consumo”. Es decir, que partiendo de una posición correcta se contradice y argumenta con la patronal, que los precios podrían subir si los salarios suben. Esto, que es falso, es el argumento de la CEOE para mantener sus beneficios a costa de los salarios. Una vez más el sindicalismo burocratizado y apoltronado en el Estado vende a los trabajadores a la patronal.

Por ello pretenden, con el gobierno llamado de “progreso”, llegar a un Pacto de Rentas con la CEOE para conseguir, en palabras de Unai Sordo “una subida razonable en este momento, que yo creo que debería estar por encima del 3,5% o entorno al 4% y un sistema de revisión al final de cada uno de los años”. Es decir, la propuesta sindical no es más que una reducción de la pérdida de los salarios. En vez de perder el 10,4%, que sería el IPC se perdería un poco menos el 7 o 6%. Y esto se ha plasmado ya en el acuerdo con los empleados públicos.

A pesar de la “moderación” sindical, a la CEOE parece que no le interesa llegar al acuerdo del Pacto de Rentas. Está cada vez más claro que la patronal en año de elecciones municipales y legislativas prefiere que no haya acuerdo para que el gobierno se desgaste y vuelva la derecha al gobierno. De todas formas, aunque ellos prefieran a la derecha este gobierno de “izquierdas” es colaboracionista y al final, en el momento oportuno, llegarán a un acuerdo donde se garantice sus beneficios extras sacados de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. No olvidemos que lo que perdemos en los salarios serán los beneficios que se quedan las grandes empresas que suben los precios.