Cada día unas 80 personas mueren en España sin recibir su prestación por dependencia.

Mientras el número de personas en situación de recibir la ayuda va en aumento, el dinero que pone la administración central no ha hecho más que reducirse año tras año desde 2012, debido a los recortes. En 2012 aportaba el 53,2% de los fondos y ha ido reduciendo hasta que, en 2018 era tan sólo el 16,7%

Y aunque hasta ahora, las diferentes comunidades autónomas han venido aportando la diferencia, el actual sistema de recortes públicos pone límite a la atención que debe prestarse impidiendo la contratación de más trabajadores públicos que asistan a nuestros mayores y a las personas dependientes.

Lo peor es que hay una lista de espera de 258.000 personas: casi 130.000 de ellas pendientes de ser valoradas y otras tantas en espera de recibir las prestaciones o los servicios que les corresponden.

Son estas políticas que favorecen los negocios privados y a la banca las que impiden llevar una vida digna a muchas personas. Este desvarío solo se detendrá llevando a cabo protestas masivas exigiendo que se deroguen esas leyes.