El PP acaba de aprobar en el Congreso la nueva ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, cuya aplicación se prevé para febrero. Con esta ley, si no lo impedimos, se va a limitar el derecho de manifestación, de reunión y el funcionamiento de los piquetes sindicales.

Se endurecen las faltas y serán multadas directamente, cosa que antes requería la intervención de un juez; las multas pueden llegar hasta los 600.000€, dependiendo de la supuesta gravedad del hecho cometido. Otro hecho muy peligroso, es que da valor probatorio al testimonio de la policía; bastará la palabra de un agente del "orden" para castigar y -por supuesto- estos no podrán ser grabados. Serán faltas graves las manifestaciones o concentraciones ante el Congreso o los parlamentos, las ocupaciones de viviendas... Con esta ley pretenden vaciar las calles de protestas y que los trabajadores vean limitados su derecho a la huelga, una vieja aspiración de la derecha española.

Muchos políticos de todos los signos han levantado su voz ante este acoso, ante la nueva ley. Pero hay que recordar que este tipo de medidas también las tomaron los socialistas con la ley Corcuera, o "ley de la patada en la puerta". Porque en definitiva todos tienen mayor interés en preservar los intereses de la gran patronal, de los bancos que desahucian o los empresarios que despiden, más que en proteger a los trabajadores, parados, desahuciados, etc.

Las manifestaciones en contra de esta ley ya han comenzado; más de 30 ciudades españolas han mostrado su rechazo a este estado policial que el PP quiere imponer. Este es el camino, porque una vez más, sólo la movilización en la calle podrá parar esta ley vergonzosa, indecente, más propia de regímenes dictatoriales de otro tiempo.