A finales de 2014 se supo de los métodos de tortura practicados en EEUU: ahogamientos simulados, privación de sueño durante días o amenazas a familiares son ejemplos de las técnicas infligidas a cientos de presos después de los atentados del 11-S. Se ha revelado que la CIA pagó 80 millones de euros a psicólogos privados para ello.

Aunque Obama pretende que se prohibieron estas prácticas en 2009, tras su llegada a la Casa Blanca, aún quedan miles de documentos que su gobierno oculta. Y además, según los responsables de la administración estadounidense, no se trata de torturas, sino de "técnicas de interrogatorio reforzadas".

Ahora, cómo no, hablan de transparencia; dice Obama que tales métodos "hicieron un daño significativo a la imagen de Estados Unidos en el mundo". Pero ningún responsable será llevado ante la justicia, ni se abrirán nuevas investigaciones. Porque en realidad, aunque hoy se apunte a la CIA como responsable de las torturas, todos los políticos y altos cargos de la administración estaban al corriente y fundamentalmente de acuerdo con el uso de esos métodos por "razones de Estado".

Este asunto nos recuerda que, detrás de todas las fachadas democráticas, las instituciones de los países que se proclaman civilizados están dispuestas a usar las prácticas más bárbaras para mantener "el orden". El día que los trabajadores se enfrenten a este orden capitalista injusto y absurdo, que condena a millones de ellos a la miseria mientras una minoría sigue acumulando fortunas, tendrán que echar abajo estos aparatos de Estado, perros guardianes de los capitalistas.