Una nueva reforma laboral se avecina. Sindicatos, gobierno y patronal están negociando abaratar de nuevo el despido, y subvencionar más a la patronal, con el pretexto de reducir la temporalidad. Caldera, ministro de Trabajo, ha venido a decir que es muy sencillo contratar y difícil despedir cuándo los trabajadores sabemos que es todo lo contrario.

Por ahora, hay pocos datos concretos. Lo que sí ha trascendido hasta el momento es la intención del gobierno de extender, bajo el pretexto de reducir la temporalidad, el nuevo contrato de trabajo indefinido que puso en vigor la anterior reforma laboral- contrato de fomento del empleo estable-, contrato que contempla un despido de 33 días por año trabajado, en lugar de los 45 días del contrato indefinido ordinario. O sea, cada vez más fácil y barato dejar a un trabajador en la calle.

Parece que CCOO y UGT estarían dispuestos a negociar en qué condiciones se efectuarían estos contratos de fomento, pero no a que se generalicen. Por ejemplo el gobierno dice de aplicarlos a cualquier trabajador que lleve un mes en el desempleo, cosa a que los sindicatos, de momento, dicen que no.

Parece que también hay sobre la mesa una propuesta para limitar el encadenamiento de contratos temporales. El Gobierno quiere que aquel trabajador que en un plazo de 36 meses hubiera encadenado con la misma empresa contratos temporales de una duración total de dos años se convierta automáticamente en fijo. Los sindicatos piden que la conversión en indefinido se haga si el trabajador encadena contratos por 20 meses en un plazo de dos años. Todas estas discusiones sobre prohibir el encadenamiento, sobre los plazos, es tan sólo papel mojado si luego no hay un control de las empresas, que cambian de nombre o cualquier otro requisito legal y siguen contratando al trabajador sin antigüedad ninguna.

El Gobierno ha propuesto crear un contrato especial para lograr que buena parte de los contratos de obra que se hacen en las contratas y subcontratas sean fijos. Dicho contrato se convertiría en un indefinido normal a partir de los tres años, y antes de este período no se necesitaría autorización administrativa para su rescisión, siendo la indemnización de al menos 20 días (frente a los ocho días de indemnización que tienen los contratos temporales). Los empresarios quieren suprimir de un plumazo la autorización administrativa, sin más.

Y como los palos a la clase obrera lo tienen que "endulzar" de alguna manera, el gobierno ha planteado la existencia de un nuevo permiso de paternidad, de 10 días (permiso total) o 18 días (2 de permiso total y los restantes trabajando a media jornada). Pero para que el permiso de paternidad se extienda a esos dieciocho días deberá... ¡pactarse entre el empresario y el empleado! Y para que el empresariado no se "escandalice" sólo deberá pagar los dos primeros días a los que ahora le obliga la ley. El resto a cargo del Estado.Los empresarios pueden estar contentos. Tienen en el gobierno su mejor aliado contra la clase obrera. Pero sólo de ella y de su lucha, depende el futuro de ésta y de otras reformas por venir

6 de febrero 2006