En la reciente prórroga del decreto anticrisis para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania ha vuelto a la actualidad la “prohibición de los desahucios” de familias vulnerables. Una medida que a juicio del Gobierno permitirá seguir protegiendo a determinados colectivos vulnerables en materia de vivienda. Aunque bienvenida, sus efectos reales dejan mucho que desear porque se deja en manos de las instituciones y los jueces la interpretación de la misma. El problema es que no va contra el origen capitalista de la crisis habitacional, que continua parcheándose sin resolverse, es decir no se va contra los especuladores, propietarios y sus beneficios.

La medida se ha vuelto a vender como un gran avance en materia de vivienda, pero lo cierto es que esa prohibición no se corresponde con la realidad de los desahucios ya que estos continúan ejecutándose. De prohibición nada, se sigue haciendo el juego a grandes propietarios, inmobiliarias y bancos

Esta medida lo que realmente permite es recurrir en cualquier momento las sentencias de lanzamientos, así como el día y la hora del mismo. Recordemos que estas últimas no las decreta el juez sino los servicios de notificaciones y embargos. Aunque este cambio haya permitido frenar algunos desahucios son muchos los casos en que terminan ejecutándose. Pero como decimos es solo un freno, la especulación capitalista sigue adelante, aunque sea a ralentí.

Por lo tanto no se trata de una solución definitiva ni del todo efectiva. Porque para poder recurrir la sentencia previamente es necesario que los servicios sociales o servicios sociales ampliados hayan certificado la vulnerabilidad de los habitantes. Para lograr esto influye el nivel de ingresos, la presencia de menores y/o personas dependientes, personas con enfermedades crónicas, víctimas de violencia de género, etc.

Durante el año 2020 los retrasos en el pago del alquiler se incrementaron un 62%. En 2021 los desahucios aumentaron un 40%. En el primer trimestre de 2021 las actuaciones judiciales para expulsar a inquilinos aumentaron drásticamente en 29 de 50 provincias, sin contar Ceuta y Melilla por no haber datos disponibles. En total fueron 7.862 lanzamientos, un 14% más que el año anterior. Sin embargo el Gobierno continua insistiendo en que, con el decreto extraordinario con medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad en la vivienda, los desahucios estaban parados.
El pasado año 2022 y según datos que ha ido publicando la prensa se ejecutaron 38.266 desahucios, unos 105 al día.

A lo sumo lo que el Gobierno consigue con esta medida es paralizar y a través de prorrogas suspender de manera temporal los desahucios. No se atreve a legislar en contra de la propiedad privada ni de los intereses de los especuladores.

En todo caso la mayoría de los desahucios siguen su curso y los jueces siguen teniendo la última palabra para ordenar o paralizar los lanzamientos. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que en los tres primeros trimestres de 2023 se han realizado 19.332 lanzamientos. Diversos medios han publicado datos similares poniendo de manifiesto que no se está haciendo nada por dar una solución a la exclusión habitacional de la mayoría de las familias, mientras tanto el gobierno continua por un lado negando los desahucios y por otro con las promesas de unos planes de vivienda pública que siguen sin desarrollarse.

En ningún momento se ha hecho nada por impedir que los propietarios tales como bancos o inmobiliarias expulsen a las personas de las viviendas. Para ello el gobierno de turno tendría que expropiar todas las viviendas en manos de los especuladores. La responsabilidad de los políticos de turno termina donde empieza la propiedad privada y las leyes que la protegen.

Expropiar las viviendas y los terrenos en manos de banca y especuladores es la primera tarea a realizar si se quiere parar los desahucios a la par que garantizar una vivienda digna.