El pasado miércoles 20 de diciembre el ultraderechista Javier Milei -presidente actual de la República argentina- firmó un decreto con más de 300 medidas económicas, políticas y legislativas que suponen un ataque directo a las condiciones de trabajo y de libertades de la clase obrera. Es la “terapia de choque” que Javier Milei prometió a los argentinos una vez que asumió la presidencia de la República.

Este decreto llamado DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, desregula el comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional, y faculta al Estado para tomar medidas en favor de “un sistema económico basado en decisiones libres”. El decreto reduce las indemnizaciones por despido, al eliminar el Sueldo Anual Complementario, el pago semestral o anual, sobre los que se calcula la liquidación. Además, permite que en los convenios colectivos de trabajo se sustituya la indemnización por un “fondo de cese laboral” que disminuye notablemente la indemnización.

Se instituye la precariedad laboral al posibilitar que un “trabajador independiente” pueda contar con hasta 5 colaboradores sin que exista vínculo de dependencia entre ellos. Lo que significa en la práctica la desaparición real de cualquier relación laboral formulada en un contrato con firma legal.

Las medidas del DNU tiene la intención de debilitar aún más la capacidad de resistencia y acción de la clase obrera. Por ello el DNU limita el derecho a realizar asambleas en el lugar de trabajo, ya que se las considera medidas de fuerza. Y prohíbe los piquetes de huelga en la puerta de las empresas: los trabajadores que participen en ellos podrán ser despedidos con causa. El DNU abarca prácticamente a toda la clase obrera (o sea, industrial, del agro, del transporte, del comercio, de los servicios de educación y salud).

Además enumera los sectores “esenciales” en los que se reducirá hacer huelga. Por ejemplo los trabajadores de hospitales y servicios sanitarios; los empleados en el transporte y distribución de medicamentos y suministros para hospitales y servicios farmacéuticos. Los involucrados en el transporte y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica; en servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet; aeronáutica comercial, tráfico aéreo y portuario etc., el DNU dispone que en caso de huelga habrá obligación de trabajar al menos el 75% de lo que es el trabajo normal.

Otras muchas actividades que se califican como de “importancia trascendental” solo podrán hacer huelga el 50%. Estas comprenden producción de medicamentos; transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercancías; servicios de radio y televisión; actividades industriales continuas (siderurgia, aluminio, actividad química y cementera); industria alimenticia en toda su cadena de valor; producción y distribución de materiales de construcción etc. El DNU es un ataque en toda regla al derecho de huelga.

Esta “libertad” de Miley es la libertad de morirse de hambre y ya han comenzado a sufrirla los trabajadores en Argentina. Para el señor Miley la “libertad” es fundamental y la llave de la recuperación económica argentina. Pero lo que no dice es que su “libertad” es la libertad de la burguesía, los ricos, los poderosos para explotar y matar de hambre al pueblo trabajador. Como expresó en un debate televisivo: “También podés elegir si querés morirte de hambre. ¡Y claro, obvio!” Luego: “Cada uno puede hacer de su vida lo que se le dé la gana. ¿Por qué me querés imponer una preferencia? ¿No te parece autoritario?”.

Esta política de Milei no es más que el bisturí de la burguesía para impedir que la clase obrera reaccione cercenando su capacidad de lucha ante la bárbara explotación que preparan.

La demagogia de la extrema derecha está servida y la reacción de los trabajadores argentinos no se ha hecho esperar. En cuanto se supo el DNU, las caceroladas y los cortes de calles no faltaron en repudio a la medida. Se abre un tiempo en Argentina de movilización obrera y popular.