Aún con la resaca de las recién celebradas elecciones generales, y con el gobierno aún por formar, el ministro Escrivá sigue adelante con la privatización de los planes de pensiones aprobada en marzo, siguiendo la hoja de ruta, que introducía a la empresa privada en la gestión de fondos de pensiones para “complementar” las bajas pensiones de los españoles.

Los FPEPP, así llamados en el plan de Escrivá, son planes de pensiones privados, -fondo de pensiones privado de promoción pública- dónde el trabajador irá “ahorrando” para pagar un complemento a su pensión pública de jubilación; son aportes voluntarios fuera de la normativa general de las pensiones y consiste en la creación de un macrofondo de pensiones privadas, gestionado por bancos, aseguradoras, fondos de inversión, etc. Lo de “público” tan solo es porque es la Administración la que selecciona a las gestoras y se supone que las controlarán a través de una comisión; sin posibilidad de decisión acerca de qué activos comprar o dónde se va a emplazar el dinero de los trabajadores, poco control puede haber.

La novedad de estos últimos días es que ya se sabe quienes gestionarán estos planes de pensiones privados: BBVA, VidaCaixa, Caser, Santander e Ibercaja.

Actualmente alrededor de 2 millones de trabajadores tienen un plan de pensiones privado de empresa, como es el caso de Telefónica. Escrivá quiere llegar a aumentar el número de trabajadores hasta 13 millones en unos años.

En lugar de apostar por reforzar el sistema de pensiones públicos y mejorarlo, el ministro ha acudido a la empresa privada, con el beneplácito de los sindicatos mayoritarios. Recordemos que ni siquiera se ha hecho aún una auditoría del estado real y actual de la caja de las pensiones y la seguridad social a pesar de que los movimientos pensionistas llevan mucho tiempo reivindicándola y exigiéndola en las calles, pues afirman que el sistema de pensiones en España no corre ningún peligro y goza de buena salud. El plan Escrivá, no hay que engañarse, no es para favorecer a los pensionistas más desfavorecidos, sino para dar vida en tiempos de crisis a las grandes empresas y que mantengan sus beneficios.

VidaCaixa, por ejemplo, maneja el primer acuerdo para gestionar el plan de pensiones en el sector de la construcción, acuerdo alcanzado gracias al beneplácito de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT con la patronal del sector. Con este acuerdo se pactó aportaciones al plan de pensiones privado ligados al incremento salarial acordado: un 4%. Así los trabajadores solo verán un incremento salarial del 3% y el 1% restante irá al plan de pensiones; para el 2024 se sigue aportando un 0,25% más al plan de pensiones de forma que los salarios solo subirían un 2,75% . Como es natural, estas subidas con el alza de los precios, apenas se notará en el bolsillo del trabajador.

El plan de Escrivá es otro ataque al poder adquisitivo de la población. Como dicen muchos pensionistas, si no hay pensiones dignas no puede haber vida digna. No será las grandes aseguradoras y bancos quiénes aseguren a los mayores una vida digna, los mismos bancos y aseguradoras que desahucian a los que no pueden pagar su hipoteca a pesar de tener enormes beneficios.

Por todo ello, ahora que hemos parado a las derechas en las urnas, es el momento de dar otro pequeño pasito e impedir que desde el gobierno -gobierne quien gobierne- se sigan haciendo políticas reaccionarias contra la clase trabajadora. Es hora de ver al lobo bajo la piel del cordero.