Las manifestaciones en defensa de la sanidad pública, convocada por Marea Blanca por toda Andalucía y Canarias, han sido un éxito. En algunas ciudades, como Cádiz, también se han movilizado junto a Marea Verde, por la enseñanza pública. Sobran los motivos: recortes, largas listas de espera, potenciación del sector privado, falta de medios, sobrecarga del personal sanitario, saturación de urgencias, colapso de la atención primaria… Dejar morir los servicios públicos es algo clásico: devaluándolos crecen los seguros y clínicas privadas.

Ahora el PP en la Junta acaba de aprobar una Orden que abre la puerta a la privatización de las consultas de Atención Primaria, fijando unas tarifas máximas de 65 euros por consultas de atención primaria; de 150 euros por primeras consultas; de 90 euros por consultas sucesivas, y de 215 euros por consultas de “alta resolución”.
A raíz del enfado generalizado en gran parte
de los andaluces, el PP la ha modificado -para algunos muy levemente- y en la actualidad ha llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, por el que supuestamente se va a incrementar en un 25% el presupuesto para la atención primaria, así como “la preservación de la no externalización de la Atención Primaria salvo en situaciones de emergencia sanitaria sin posible cobertura por los servicios públicos”. Aun así, muchos médicos no se fían y hacen bien, considera que el PP no cumple los acuerdos, como ha ocurrido también en Madrid, y su sindicato ha convocado huelga para el 12 de abril.

Pero el “mérito” de tamaño golpe contra la clase trabajadora, la que utiliza los servicios públicos, no corresponde solo a la derecha; los conciertos sanitarios con empresas privadas no son nuevos, durante los años del PSOE ya existían –los convenios con Pascual, por ejemplo–. ¡Solo nos queda luchar para que los servicios públicos no sean los negocios de las grandes empresas privadas a costa de las cotizaciones del pueblo trabajador!