La nueva reforma de las pensiones del “gobierno de progreso” acaba de ser aprobada en el Congreso. Los sindicatos mayoritarios la avalan e incluso Podemos afirma que es un avance, una modernización. ¡Para nada! La reforma contiene ciertas mejoras, migajas, como el aumento de las pensiones mínimas de viudedad, o el hecho de consolidar la subida ya existente del 15% de las pensiones no contributivas; recoge también la cotización al 100% para la prestación de incapacidad permanente de las mujeres trabajadoras con reducción de jornada, también aumento de la incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo o lactancia para las trabajadoras con reducción de jornada.

No obstante, en un contexto de inflación galopante, gastos disparados por la guerra y las ganancias de las grandes empresas, estas subidas serán apenas perceptibles, flor de un día. Las pensiones en España son muy bajas: los datos del propio Instituto Nacional de Seguridad Social muestran que el 50,3% de las pensiones de jubilación en vigor al inicio de febrero 3,18 millones tuvieron un importe inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.080 euros mensuales en 2023, ¡la mitad!

Sin embargo, a pesar de la propaganda mediática que ha rodeado la reforma de las pensiones, sindicatos más críticos, como el vasco ELA, CGT, el gallego CIG y el catalán La Intersindical anuncian movilizaciones para denunciar que “a pesar de su envoltorio, la reforma contiene recortes”; para estos sindicatos los complementos para mitigar la brecha de género son insignificantes y nos va a obligar a trabajar más. Para colmo, ni siquiera deroga los recortes realizados por Zapatero en 2011 que implicó jubilarse a los 67 años, -2 más- y aumentó el cómputo para el cálculo de la pensión de 15 a 25 años. Así pues, ¡cuidado con los falsos amigos!
La reforma de Escrivá, como algunos la llaman, anuncia para el cálculo de la pensión la posibilidad actual de elegir entre los actuales 25 años o 29 años eligiendo los 27 mejores, posibilidad que se eliminará posteriormente. Es decir, en el futuro se amplían los años de cómputo. Aumentar los años de cómputo, como hasta el mismo Banco de España reconoce, significa recortar pensiones: en uno de sus informes publicado hace unas pocas semanas, se reflejaba que, si suben los años para el cálculo de la pensión, se producirá un recorte en la cuantía de un 8,2%.

El hecho de dejar el cómputo en los 25 años, aparentemente pues sólo es transitorio, es la baza a la que se acoge el gobierno para vender las excelencias de esta reforma de las pensiones; igualmente ensalza que no ha aceptado la supuesta exigencia de la Comisión europea de establecer el cómputo para el cálculo de las pensiones en 30 años, -¡pero estará en 27! El hecho, por repetido, de argumentar siempre que lo menos malo es bueno, es muy peligroso pues colabora en el desánimo de la población, colabora en la frustración y el estado de escepticismo que la clase trabajadora muestra en la actualidad.

También desde el gobierno quiere hacer ver las “bondades” de la nueva ley argumentando que incrementa desde el 0,6% al 1,2% el mecanismo de Equidad Intergeneracional. Concretamente, la cotización será de un 1% para la empresa y 0,2% para el trabajador. En 2023 será de 0,6% (0,5% a cargo de la empresa y 0,1% del trabajador) y se incrementará progresivamente hasta el año 2029. Pero quien hace la ley hace la trampa y es de temer que el porcentaje correspondiente a la patronal sea detraído del salario del trabajador, algo a lo que la patronal nunca hace ascos.

También requiere una total repulsa el hecho de que cada tres años habrá una revisión del gasto en pensiones, supervisada por la AIREF, que es un organismo ligado a la banca -como menciona COESPE, una de las plataformas estatales de defensa de las pensiones públicas-, defensor de los intereses financieros, que fue presidido por el propio Ministro Escrivá hasta 2020 que fue nombrado Ministro. Así que lo de organismo independiente, si no fuera tan peligroso, merecería tremenda carcajada. Cada 3 años, pues, revisión y si el gasto llega al tope -un 15% del PIB según Bruselas- habrá una revisión para equilibrar las cuentas mediante “un aumento de las cotizaciones” o con “otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto” … ¿Una puerta abierta a nuevos recortes dentro de 3 años?

Evidentemente, la patronal no está de acuerdo con ningún incremento -por tímido que sea- de sus cuotas; y esto a pesar de que estas se han mantenido congeladas e incluso se han reducido en situaciones de crisis económica, lo que sucedió tanto durante la crisis de 2008 como durante la pandemia, con reducciones, aplazamientos y todo tipo de ayudas a las empresas. Además, el Gobierno ha puesto miles de millones financiando los ERTE durante la pandemia y avalando préstamos. Con todo ello las empresas del IBEX 35 tuvieron beneficios en 2021 históricos, de más de 60.000 millones.

Con esta reforma de las pensiones tampoco el “gobierno de progreso” ha impuesto lo que prometió y que está incluso legislado: una auditoría de la Seguridad Social, reivindicada desde hace mucho tiempo por los colectivos de pensionistas que están defendiendo en las calles las pensiones públicas, que el gobierno tendría que haber realizado antes del 30 de junio de 2022 y que muestre a las claras cuál es el estado real de las cuentas, con qué dinero se cuenta, cuál ha sido desviado a otros “menesteres”, y dejen así de amedrentar a la población difundiendo que las cuentas no salen, aunque nunca las presentan.

Por último y no por ello menos grave, es que con esta reforma se consolidarían los seguros privados de empresa, y no se cuestiona la colaboración “pública-privada”, lo que va a ser, si no se impide, una privatización a futuro. Así pues, que no te engañen: tenemos una reforma de las pensiones que lo que te quita con una mano, lo va a ofrecer a la banca y a los capitales financieros, que son los que manejan los seguros privados, para que el sistema no haga aguas en tiempos de crisis como la que se vive en la actualidad y que la burguesía tenga más tiempo de trabajo, ósea, más dinero para la obtención de plusvalía.

Podemos concluir, subrayando que tras esta reforma está la necesidad de la banca de obtener beneficios con las cotizaciones y obligar a los trabajadores a trabajar más años para la patronal en un mundo de precariedad laboral creciente. Las subidas son tan mínimas que el gobierno no se atreve ni a cuantificarlas.

Desde 2012 los sindicatos no convocan una huelga general. Al parecer sus cúpulas están muy de acuerdo con todos los recortes y la precariedad laboral que los y las trabajadoras están sufriendo desde hace años y ahora también se resigan a una reforma de las pensiones en la línea de las anteriores, o sea, regresiva. Quieren la paz social, al igual que el gobierno, que se ufana constantemente de haberla conseguido. ¡Podríamos preguntar a qué precio pues está costando lo conseguido en décadas!

Los trabajadores debemos tener clara una cosa, como la tienen los trabajadores franceses, que sólo la lucha determinada y continuada, pueden hacer cambiar este rumbo de recortes y precariedad, de futuro sin servicios públicos de calidad, con empleos y pensiones cada vez más precarios, y dónde el futuro no tan lejano se ve cada vez más negro.