La vivienda sigue siendo, tras los despidos, uno de los principales problemas de la clase trabajadora. Los desahucios por impago de hipotecas o de alquileres ponen contra las cuerdas a familias enteras tras perder sus empleos.

En este sistema capitalista, que funciona para satisfacer los beneficios privados, la vivienda deja de ser una necesidad social y se convierte en una mercancía más en manos de los empresarios. Debido a ello su precio está sujeto a la especulación y por último al robo legalizado, para que la burguesía pueda sacar el máximo provecho vendiendo, alquilando, desahuciando y vuelta a vender.

Constructoras, inmobiliarias, bancos y financieras buscan llevarse su parte. Unos 700.000 hogares españoles con bajos ingresos dedican en torno a un 40% de su renta a pagar los costes de una vivienda de alquiler.

Por ejemplo, en cifras estimadas, unos 500.000 hogares que en 2019 ingresaban menos de 1.000 euros al mes destinaban cerca del 45% de su renta a pagar el alquiler, y más del 32% si los ingresos se encontraban entre los 1.000 y los 1.499 euros.

En un contexto actual como el que estamos viviendo, con los despidos masivos en las empresas, este escenario de dificultades en el pago de la vivienda empeorará.

Irá a peor, no solo como consecuencia de la pérdida del empleo pues, además está la pérdida de renta salarial que vienen sufriendo las y los trabajadores en casi todos los sectores debido a la precariedad de los contratos que se formalizan y cuando no se formalizan y se pagan en negro.

Debido a todo ello, el tener un empleo no significa, necesariamente, poder salir adelante, poder pagar las facturas, poder pagar un alquiler o una hipoteca… nada de ello está asegurado bajo las condiciones actuales y si la población no sale a las calles para intentar cambiarlas.

Este primer trimestre de 2021 se llevaron a cabo un total de 10.971 desahucios. Han aumentado un 13,4% respecto al primer trimestre del año pasado. En el caso de los desahucios por impago de los alquileres, estos han aumentado un 71,7%. Cifra que sigue aumentando cada trimestre.

Debido a los efectos económicos producidos por la pandemia, el Gobierno ha decidido prorrogar hasta el 31 de octubre las medidas de protección a la población que se encuentre en situación más vulnerables, como los parados o las personas con algún grado de dependencia. Sin embargo, son medidas coyunturales y no solucionan el problema de fondo, que se basa en la especulación y los beneficios capitalistas.

Un ejemplo lo tenemos en la moratoria del pago del alquiler, que solo se hará efectiva cuando los arrendatarios posean 10 o más viviendas. Claramente, afectará a inmobiliarias y bancos dejando fuera los contratos entre particulares, que suelen ser propietarios de una segunda o tercera vivienda en la mayoría de los casos.

Además, debido a que son medidas que contemplan solo las consecuencias económicas producto de la COVID, se quedan fuera de ese paraguas todas las familias que ya habían estado en situación vulnerable con anterioridad.

Todo ello se muestra con la reactivación de los procesos judiciales paralizados durante la pandemia en 2020. A pesar del “escudo social” del gobierno, se efectuaron más de 29 mil desahucios.

La única perspectiva posible es llevar a las calles y a las empresas las luchas por las mejoras laborales y contra las leyes que benefician a estos empresarios.

La lucha contra los desahucios empieza por la lucha por mantener los empleos y debe ser el objetivo prioritario. Solo prohibiendo los despidos, creando puestos de trabajo repartiendo el trabajo entre todos y sin bajar los salarios se podrá dar el paso siguiente: expropiar las viviendas en poder de los bancos y ponerlas al servicio de la población.