«Cuatro veces más que el plan de 2009 [en medio de la crisis financiera] y un tercio del presupuesto estatal”, dijo el primer ministro Jean Castex, diciendo que debía “preparar a Francia para 2030” y que era “principalmente para el clima y la biodiversidad. »

Este plan de 100.000 millones de euros, llamado France Relance, es esencialmente una transferencia de dinero público a empresas privadas. La transición ecológica, uno de los tres “pilares” del plan con una financiación de 30.000 millones de euros, se utiliza de hecho como pretexto para las subvenciones a grupos privados. Así, el sector del hidrógeno, que hasta ahora se beneficiaba de 100 millones de euros en ayudas públicas para la investigación y el desarrollo, se beneficiará de 2.000 millones entre 2021 y 2022.

Pero la medida más emblemática simplemente da satisfacción a una vieja demanda de los empleadores: la reducción de los llamados impuestos de producción por un importe de 20.000 millones en los próximos dos años.

El empleo se ha presentado como un objetivo central, pero las medidas que se supone que fomentan la contratación de jóvenes son, una y otra vez, pagar dinero a los empleadores. El plan ofrece una bonificación de 5.000 euros por la contratación de jóvenes de forma alterna y una de 4.000 euros para un joven menor de 26 años, por un contrato de más de tres meses. ¡Es un bono precario!

Por lo tanto, con su plan de estímulo, el gobierno sólo está aumentando la ya considerable parte del dinero público desviado a las arcas corporativas, sin control y sin consideración, y finalmente a los canales de especulación. Porque, incluso bajo la protección de su Estado, la burguesía no tiene intención de arriesgar su capital invirtiendo en una supuesta adquisición en la que no cree.