La reciente noticia de la absorción de Bankia por parte de Caixabank ha vuelto a recordarnos las ingentes cantidades de dinero público empleadas para su rescate en plena crisis.

Desde 2009, se inyectaron más de 64.000 millones de euros incluyendo el Fondo de Garantía de Depósitos. Según cálculos de 2020, 43.225 millones estarían perdidos — un 73% de las ayudas públicas aportadas. El balance publicado por el FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva) el mismo año resume que el Estado habría invertido en el sector financiero 56.545 millones entre capital y productos híbridos, y 2.326 millones en garantías; recuperando solo 5.917 millones, un 10%.

Bankia recibió 22.424 millones de euros, por su parte Caixa Catalunya (Catalunya Banc) recibió 12.599 millones.

Es curioso comprobar cómo es justamente a partir del 2008, cuando la banca en España comienza un proceso de alta reestructuración y dan comienzo a mayor ritmo las fusiones y/o adquisiciones. Así, partiendo en 2008 de un nivel por debajo de la media de la eurozona, a finales de 2014 los índices de concentración superan los valores promedio de la banca europea.

Tras el rescate público la banca inicia la reducción de la red de oficinas, que conllevó destrucción de empleo en todo el sector, destacando banco de Santander y Caixabank. En mayo de 2019 la cifra de puestos de trabajo perdidos alcanzaba 95.000. Menos oficinas y empleados da como resultado un peor servicio y un encarecimiento de las gestiones.

La modernización digital permite operar el banco desde el móvil, pero su uso no está al alcance de todo el mundo. Esta brecha digital entre la población obliga aún a asistir físicamente a oficinas que distan a veces kilómetros de los domicilios.

La banca estaba ofreciendo préstamos hipotecarios en el punto más alto del precio de la vivienda (hasta 2.200 €/m2), además se aventajaba de dos partidas polémicas, las “cláusula suelo” y el “impuesto por actos jurídicamente documentados”. Las hipotecas endeudaron de por vida a muchas familias.

De 2008 en adelante la banca impulsa una época de desahucios que todos recordamos. Miles de familias son echadas a la calle ante las dificultades de pagar hipotecas o alquileres. La crisis provoca cierres de empresas, despidos. Lanza al paro y a la precariedad a miles de familias. Solo durante 2008 se llevaron a cabo 58.686 ejecuciones hipotecarias. En 2009 superaron las 93.000. Entre el período 2008-2012, se llevaron a cabo un total de 550.000 lanzamientos. Hay que recordar que la banca española no contempla la dación en pago como fórmula, por lo tanto, se queda con la vivienda y las familias continúan con la deuda.

Ni siquiera ahora, el gobierno “de progreso” de Psoe y Unidas Podemos ha tenido el valor de obligar a la banca a devolver el rescate con sus intereses, prohibir los desahucios, los despidos o derogar la reforma laboral.

La clase trabajadora debe entender que si quiere cambiar las cosas debe organizarse. Debe luchar unida para acabar con el capitalismo. Acabar con la explotación laboral y el paro, que significa expropiar las empresas y tomarlas bajo su control. Someter al control público a la banca, expropiando sus beneficios, expropiar su parque de viviendas para cubrir las necesidades sociales. Poner ese dinero robado a la población a servir a los intereses de la sociedad, crear puestos de trabajo.