Las grandes potencias y las instituciones financieras mantienen su presión al gobierno griego. A pesar de algunas concesiones, exigen que la población griega siga pagando.
Frente a ello, el gobierno de Tsipras intenta a pesar de todo responder a algunas de las aspiraciones de la población, cumpliendo en parte su programa electoral. Ha publicado su proyecto de ley para luchar contra la crisis humanitaria, cuyo propósito es aliviar a las familias que viven por debajo del umbral de la pobreza. Ese proyecto prevé, para 300.000 familias, el restablecimiento de la electricidad y el suministro gratuito de 300 kilovatios-hora cada mes hasta el final del año. Propone una ayuda para la vivienda de 70 euros por persona, hasta 220 euros para una familia de cuatro personas. Esto concerniría a 30.000 hogares. Finalmente, se repartiría vales para la comida a 300.000 familias.
El gobierno de Tsipras dio así forma a una de sus promesas electorales, después de un fin de semana durante el que, a raíz de su acuerdo con el Eurogrupo el 25 de febrero, fue recriminado tanto dentro como fuera de su partido. El acuerdo, sin embargo, con la UE ha obligado a eliminar parte de su programa como por ejemplo la subida del salario mínimo. Dentro del partido, en el comité central, la moción de la izquierda reprochándole su firma y la falta de debate previo en el partido. Fuera, el Partido Comunista (KKE) convocó una manifestación de protesta el día 27, frente al Parlamento, pidiendo la anulación de los planes de austeridad, la salida de la Unión Europea y del Euro.
El proyecto de ley lo tendrá que aprobar el Parlamento para que se aplique, y tendrá que ser financiado igual que las otras medidas con presupuestos más importantes.
¿Cómo encontrar dinero? ¿Con la persecución del fraude fiscal, una de las promesas del gobierno? El ministro encargado de la lucha contra la corrupción dice estar estudiando 3.500 cuentas bancarias de defraudadores, cuyo importe total se estima en 7.000 millones de euros: espera así recaudar 2.500 millones antes del verano. Con las cuentas griegas en Suiza, los importes que escapan del país alcanzarían 120.000 millones de euros, pero principalmente están en fondos de inversiones a los que, según el ministro, no tienen acceso.
El gobierno Tsipras cuenta también con el pago de lo que las instituciones europeas deben al país, pero aquellas exigen supervisar las medidas que se van a tomar. Varoufakis, el ministro de Hacienda, tendrá que presentar el 9 de marzo una serie de reformas para obtener, por lo menos en parte, el último pago previsto por el último gobierno.
Varoufakis dice que quiere que paguen los ricos griegos y aludió a la posibilidad de crear una tasa especial. De momento, la presión de los patronos griegos para salvaguardar sus intereses no baja. Como temen que se retomen los convenios colectivos, se dan prisa para cambiar los contratos de trabajo, amenazando con el despido a los trabajadores que rechacen el empeoramiento de sus horarios y de sus sueldos.
Tsipras ha dicho y ha repetido que el camino será largo y difícil, y que habrá que luchar "día tras día" para imponer cambios. Es constatable que la parte de su programa por ahora estancada es la que atacaría directamente a los beneficios privados, como serían los aumentos de sueldos. Tsipras sólo pone en la mesa medidas aceptables por el capital internacional, con el que tiene que entenderse, pero también por la burguesía griega, a quien, sin embargo, podría imponerse.
Ahora bien, sólo los trabajadores, si se movilizan, pueden crear una correlación de fuerza que imponga un retroceso a aquellos que les quieren hacer pagar la crisis desde hace años. Que confíe o no en Tsipras, para obtener algunas mejoras en su vida, la población tiene que organizarse. Los trabajadores no podrán ganar sino imponiéndose a quienes les hacen pasar necesidades para salvaguardar sus beneficios, empezando por sus propios patronos.