El gobierno de Pedro Sánchez implementará una serie de ayudas públicas a empresas, autónomos y a sectores pobres de la sociedad. Una vez más las medidas serán una ayuda a las empresas para que mantengan sus beneficios sin tocar para nada las fabulosas ganancias de las grandes empresas petroleras, de electricidad y energía que fundamentalmente son las ganadoras de la crisis económica. Para las clases trabajadoras más pobres estas ayudas serán insuficientes y para los trabajadores en general no van a suponer ninguna protección a los despidos, la precariedad y subida de precios que atacan directamente a los salarios. El “Plan” es simplemente millones de dinero público para beneficio de las patronales, con algunas migajas para los sectores trabajadores más pobres y medidas para no “despedir” a través de los ERTE que entrañan una vez más, ayudas a las empresas.

Los engaños del “Plan”

El mayor engaño de este “Plan” es que el “gobierno más progresista de la historia” de nuestro país se presenta como adalid de los desfavorecidos cuando lo único que hace es asegurar los beneficios de las grandes corporaciones; el “Plan” presenta medidas para combatir la “crisis económica” provocada por la guerra.

En primer lugar, se empieza con una media verdad: identificar la guerra de Ucrania con la inflación, la subida de precios, la escasez de ciertos productos y el bajo crecimiento económico. Juan Torres, un economista crítico cercano a la socialdemocracia y a Podemos, titulaba un artículo suyo: “Mienten: la invasión de Ucrania es criminal pero no la causa de la inflación”. Y explicaba las tres causas de la inflación: el bloqueo de las cadenas de suministros que ha “disparado los costes del transporte”. Los precios “manipulados” de las grandes empresas que monopolizan el mercado y en tercer lugar, la subida de la energía, la electricidad en concreto, debido también a los superbeneficios que obtienen las grandes petroleras y eléctricas, por su posición de oligopolio en esta rama productiva.

A esta falacia le sigue otro engaño: la prohibición del despido. Yolanda Díaz ya ha comentado que únicamente estará limitada la posibilidad de que las empresas apliquen un despido objetivo con una indemnización de 20 días por año trabajado solamente hasta el 30 de junio y que podrán acogerse a los ERTE. Recordemos que los ERTE son simplemente dinero público acumulado por los trabajadores que se acogen al desempleo durante un tiempo determinado. Es decir, con dinero de los trabajadores se pagan los salarios de empresas en crisis. ¡Para nada tocar los superbeneficios de las empresas del Ibex!

La mayoría del dinero público irá para las patronales.

El gobierno subvencionará 15 céntimos por litro y las petroleras reducirán 5 céntimos más, esto es, una ampliación al acuerdo con la patronal del transporte. Dinero público que redundará a las patronales de estos sectores que ya están subiendo los precios en las gasolineras de los combustibles.

Por otra parte 10.000 millones en préstamos ICO y 6.000 en ayudas directas. De ellas 1.125 millones a las petroleras, 500 a la industria electrointensiva y 1.020 a ciberseguridad, mejorar 5G, grandes telecos, y 450 millones transportistas, taxistas, VTC, 362 millones al sector agrario y 68 millones a armadores de pesca.
En cuanto a las ayudas a los sectores más débiles de la sociedad se distribuirán así: 600.000 familias al bono eléctrico, y el “ingreso vital” se aumentará en un 15% más. El tope de aumento del precio del alquiler en un 2%, -¿qué clase de medida es el tope de un 2% de subida de alquiler en el marco de una inflación de más de cerca del 10%?-.
El “Plan” de ayuda anunciado carga el coste sobre las arcas públicas, será en todo caso “pan para hoy, hambre para mañana”, pues lo único que hace es paliar la subida de precios con subvenciones sin atacar la causa real del problema: los grandes beneficios empresariales.

Las medidas de urgencia que necesitamos la clase trabajadora

Una vez más las medidas necesarias para combatir la crisis general de la sociedad capitalista serían la imposición de cláusulas de revisión salarial que indexen el IPC de forma mensual y de forma automática, la incautación y bajo control de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la energía y el trasporte, la congelación e intervención del mercado del alquiler, y la expropiación de grandes superficies, mayoristas e intermediarios de la alimentación.
E imprescindible sería la medida estrella: la prohibición, sin ambages, ni medias tintas, del despido y el reparto del trabajo sin bajar los salarios.

En definitiva, los problemas económicos que estamos sufriendo los y las trabajadoras son provocados por la propia dinámica de la economía en manos de la gran patronal que provoca el caos económico para mantener sus beneficios a costa de la pauperización de la sociedad. Las guerras, y en concreto la de Ucrania, no son más que una manifestación de este caos por el control de las riquezas, materias primas y ganancias de las grandes empresas y sus políticos.