El sector de los frutos rojos, que genera más de 1.300 millones de euros al año, mantiene en condiciones de semi esclavitud a sus trabajadores del campo desde hace décadas. La explotación laboral en este sector de la agricultura por parte de la patronal es un ejemplo más de que mientras haya beneficios, las vidas de los trabajadores no importan.

La localidad andaluza de Huelva concentra el 100% del polo de la producción de frutos rojos, aunque también se produce en las localidades de Córdoba o en las de Almería. Una industria que mueve miles de millones de euros gracias a la explotación laboral de miles de trabajadores. A la que hay que añadir las penosas condiciones de vida que sufren durante la campaña y fuera de ella. Una situación que dura años ante la cual el Gobierno y las distintas administraciones locales miran hacia otro lado. Mientras tanto las empresas se enriquecen y aumentan sus beneficios.

Unos 1.300 productores se reparten 11.600 hectáreas donde poseen plantaciones en los municipios de Moguer de la Frontera, Palos de la Frontera, Lepe, Lucena del Puerto y otras localidades y en las que en plena temporada pueden llegar a trabajar hasta 100.000 personas.

Condiciones de vida de la Edad Media de los temporeros

Las empresas que contratan a estos trabajadores por temporadas llevan años sin atender las necesidades de una población que ha viajado cientos o miles de kilómetros desde sus ciudades de origen para trabajar durante algunos meses en las campañas de la fresa. Estos empresarios no contemplan la posibilidad de ofrecerles un alojamiento digno, ni siquiera durante el tiempo que dura la campaña, tratando a estos trabajadores como si no fueran personas, pero si explotándolos como mano de obra por jornales de miseria.

Detrás están los propios municipios, sin oferta de vivienda en alquiler ni siquiera para los trabajadores con documentación en regla y contrato de trabajo. ¿Casualidad? Esta situación, unida a la desidia de las administraciones es la culpable de que se hayan creado asentamientos chabolistas en las cercanías de las plantaciones, donde se ven obligados a vivir en condiciones infrahumanas.

Saca beneficio de esta situación el sector de la fresa, los grandes propietarios, pero además hay que denunciar las retrógradas políticas de inmigración que nuestro gobierno de “progreso” sigue manteniendo y que ha creado una situación que somete aún más a los miles de migrantes a la patronal. Como suele ocurrir ellos son los más perjudicados, que acuden cada año sobre todo del vecino país africano a trabajar sin nada más que lo puesto, para volver algún día con sus familias y algo de dinero. Porque como decimos la patronal sí que se llena los bolsillos.

Los trabajadores que están bajo las órdenes de las empresas productoras llevan años viviendo en chozas, chabolas hechas con plástico, cañas, piedras, etc… Un listado del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) identificó en 2021 un total de 41 asentamientos de chabolas en Huelva, fundamentalmente en cuatro municipios con una gran producción fresera: Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena. Su número de habitantes difiere según la época del año, dependiendo de la duración de la campaña agrícola, pero en su apogeo, en los meses de marzo y abril, la población total puede alcanzar las 3.500 personas.

Es debido a las condiciones de estos asentamientos, que los riesgos para la salud, los accidentes, las enfermedades o los incendios se magnifican y sus consecuencias son desastrosas para sus habitantes.

Las condiciones de vida de los trabajadores en estos asentamientos son de un abandono absoluto. Viven entre un mar de basura, en unas condiciones infrahumanas. El agua para beber la recogen de las balsas de riego, no apta para consumo humano y la transportan en garrafas que han servido para contener productos fitosanitarios, fertilizantes, etc.
Como decimos, la vida en estos asentamientos, además de muy poco digna, resulta bastante peligrosa: se enfrentan a continuos incendios que en muy pocos minutos arrasan con unas casas hechas de cartón, madera y plástico, pegadas unas a otras, entre las que el fuego se expande a grande velocidad. Pierden lo poco que tienen, la documentación, unos cuantos enseres y vuelta a empezar. Si sobreviven. Entre 2019 y 2022 se han producido tres incendios en estos asentamientos y han causado la muerte de cuatro trabajadores.

Este pasado 23 de septiembre un incendio acabó con 200 chabolas situadas junto al polígono industrial de San Jorge, en Palos de la Frontera. Sus habitantes lo han perdido todo. Algunos han podido realojarse en las chabolas de familiares o conocidos, pero la mayoría duerme a la intemperie. ¿Cuánto más tiene que pasar para que las instituciones, el Gobierno central o el autonómico erradiquen esta situación?

Los temporeros, entre la indolencia de la administración y alcaldes racistas

El mayor poblado de chabolas se encuentra en Palos de la frontera, aquí se han producido varios incendios y uno de ellos con una víctima mortal. Su alcalde, Carmelo Romero, del PP dice estar dispuesto a “seguir trabajando para que se pueda dignificar a estas personas y erradicar los asentamientos”, pero no ha dispuesto “ningún recurso habitacional” para dar “cobijo” a estos trabajadores. Se ha limitado a responsabilizar de los incendios al Gobierno central, que es quien tiene “las competencias de fronteras y laborales que permiten que vivan en ellos personas sin documentación ni contrato.” Y termina este alcalde su exposición xenófoba diciendo que “Lo que no puede hacer es dejarlos pasar y que sean los ayuntamientos quienes se hagan cargo de la situación en la que están viviendo y en la que desarrollan sus trabajos”.

Y los que salen ganando son la patronal y sus negocios

El sector de los frutos rojos (fresa, arándanos, moras, frambuesa) genera entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo cada campaña (52% españoles, 20% comunitarios y 28% de otras partes del mundo) para la recolección de más de 11.600 hectáreas de unos 1.300 productores, según datos de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa.

En la última campaña se recogieron cerca de 300.000 toneladas, una producción que, asegura esa organización, genera de media el 8% del PIB andaluz, es decir, más de 1.300 millones de euros al año.

Seis organizaciones de empresarios agrarios onubenses (UPA, Fresón de Palos, Asaja Huelva, Asociación de Citricultores, Cooperativas Agroalimentarias y Freshuelva) se reparten el pastel. Detrás están los grandes clientes, como Carrefour y otras cadenas de supermercados. Si se miran sus datos publicados en los medios, solo hay mención a la mejora de su producción, de las ventas y de los beneficios.

¡Hay que expropiar los beneficios obtenidos por los empresarios y usarlos para mejorar las condiciones de los trabajadores!