PSOE y Sumar ya han firmado pacto para formar un nuevo gobierno de coalición. Eufórica, Díaz explicaba así el acuerdo: “Hoy es un día grande, hoy presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno. Es un acuerdo para la ciudadanía y un compromiso de país (…) Este acuerdo no es del PSOE ni de Sumar. Es suyo, es vuestro. Es para vivir mejor”. Tanto entusiasmo puede quedarse en aire porque depende también del apoyo de otras fuerzas políticas, entre ellas Junts y PNV que son de la derecha y pro patronales. El pacto es una puesta en escena más, porque Sumar necesita aparecer progresista.

El pacto incluye propuestas muy genéricas con un plazo de implementación tan amplio, que todo queda por ver a futuro. En el plano internacional, el pacto muestra su apoyo y solidaridad con Ucrania, siguen dando de lado a las reivindicaciones del pueblo saharaui y apoyando al estado genocida de Israel. Sumar y PSOE también se comprometen a revisar y aumentar los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, el parque público de vivienda para alquiler, algo que hemos escuchado ya muchísimas veces y que recuerdan a promesas ya hechas y olvidadas.

La estrella de las medidas

La medida más comentada, como es lógico, ha sido la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin bajada de salario. En teoría de un total aproximado de 22 millones de asalariados, serían a casi 12 millones del sector privado que les afectaría, de los cuales el 14% ya trabajan con menos horas por los convenios.  Pero no es oro todo lo que reluce, y hecha la ley, hecha la trampa, pues con los contratos a tiempo parcial e indefinidos que existen hoy y las horas extras, habrá empresas y sectores enteros que se podrán zafar de las 37,5 horas pues la patronal podrá implementar varios contratos y aumentar las horas extras al ritmo que necesiten y con los salarios de hoy la explotación laboral seguirá su curso. Además la reducción será a cuentagotas: se reducirá hasta las 38,5 horas en 2024 y se culminará en 2025.

La jornada legal de 40 años no se ha cumplido nunca para un sector de trabajadores que necesitan echar horas o pluriemplearse para poder llevar a casa un salario que le permita vivir. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE, casi la mitad de los asalariados en 2022 trabajaba más de 40 horas semanales y, de ellos, 561.000 superan las 50.

Para colmo la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño del gobierno “progresista” ha advertido que no sería viable una reducción de las horas de forma generalizada, y ha insistido en la importancia de evaluar el impacto laboral y económico, para las empresas y el conjunto del país, de la medida.

¿Harán como en Francia hizo la “izquierda plural”, una ley de las 35 horas, la “ley Aubry”, que supuso la semana contable, que se obtiene dividiendo el tiempo anual de trabajo por el número de semanas trabajadas, instaurando la flexibilidad del tiempo de trabajo, repartiendo la patronal las horas de trabajo según le convenga: pueden hacer trabajar a los obreros los fines de semana o por las noches, una semana dos turnos y la otra ninguno, según las necesidades de la empresa y, para colmo, no está obligado a anunciar los cambios de horario más que con unos días de antelación?

Inflación, Salarios y SMI

Si hay algo que preocupa a la población y a los trabajadores este año, además del empleo y los salarios, es la subida generalizada de los precios de los alimentos básicos y de la vivienda. También el pacto con Sumar se ocupa de estos temas ofreciendo de nuevo… ¡humo! pues han firmado establecer un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que estos tiendan a converger con los países del entorno. ¿Estabilidad de los precios, ahora? ¿No fue posible antes, pero ahora sí? ¿Cómo lo lograrán, bajo qué mecanismos de control? Por otra parte, quieren hacer ver que subirán de nuevo el SMI, aseguran hasta el 60% del salario medio durante la legislatura, que serían 1260 € al mes. El INE publicó en la Encuesta Anual de Costes Laborales de 2022 que el salario medio bruto en España fue de 25.353,22 euros.

Pero la subida del coste de la vida, la inflación, ha bajado los salarios reales: los salarios reales retrocedieron en más de un 5,3% en 2022. Cuando además en los últimos años ha sido la subida de precios acumulada ascenderá al 18,4%, y todo ello si se cumplen las previsiones.

En el pacto también se habla de crear plan de choque contra el desempleo juvenil que incluya los mecanismos de formación en alternancia con el empleo a través de contratos laborales. El pacto también quiere establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento así a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral. Además, se recoge la aprobación de un estatuto del becario, un plan de choque frente al paro de larga duración que atienda en especial a los mayores de 45 años, una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo y culminar un “Estatuto del Trabajo del siglo XXI”, como una red básica de derechos para todos aquellos que prestan actividades profesionales.

Hay que ser muy crédulo para pensar que ahora sí van a cumplir sus promesas o “intenciones”, por tímidas que sean, habida cuenta de todo lo que anteriormente estos dos políticos prometieron y no hicieron: derogación de la anterior reforma laboral, derogación de ley Mordaza… y además todas estas medidas están sujetas a la aprobación por parte de la patronal, así que a buen entendedor sobran las palabras.

Es urgente un programa de lucha obrera

Los pactistas saben que no podrán cumplir cumplir el programa porque si llegan al gobierno necesitarán los votos de la derecha nacionalista que no está por la labor. Una vez más serán humo, promesas y engaños a la población trabajadora. Por ello la única salida más tarde o más temprano será la lucha y la movilización de la clase trabajadora en pos de un programa reivindicativo que contenga verdaderas medidas que defiendan la situación de la clase trabajadora. Entre ellas la indexación de los salarios al IPC real, control e investigación de las contabilidades de las empresas y sus beneficios, repartir el trabajo entre todos y todas sin bajar los salarios, creando bolsas de trabajo en cada sector económico, con un baremo transparente y decididos en asambleas públicas y la expropiación de la banca y el sistema financiero junto a las grandes empresas de cada sector estratégico empezando por las energéticas. Y este programa es urgente ponerlo en marcha.