Con el estallido de la pasada crisis capitalista, millones de familias retrocedieron décadas en su nivel de vida. A la par que, con dinero público, los gobiernos resarcieron las pérdidas de la banca.

Los más de 60.000 millones de euros que el Estado ha regalado a la banca se tradujeron en recortes en los servicios públicos a la población. Recortes sociales que aún perduran en sanidad, educación y salarios. Quienes ayudamos a salvar a la banca, los trabajadores y sus familias, nunca veremos un euro de ese dinero robado fruto del trabajo colectivo.

Más de diez años después del rescate, el paro, la precariedad y los recortes siguen castigando a la población trabajadora.

Las empresas constructoras y las inmobiliarias también se pusieron las botas hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, pues el auge crediticio permitió un aumento de las firmas hipotecarias. Se edificaba y se daban créditos a un ritmo que saturó los límites reales de la economía.

La especulación capitalista, impulsada sobre todo por la banca, seguida de las grandes empresas, trabajaba día y noche en el amasado del dinero procedente de las hipotecas, los créditos, intereses, cláusulas e impuestos de millones de familias, cuya única garantía de pago era y es su salario.
Tras estallar la crisis, y como consecuencia de la perdida masiva de empleos, los impagos de hipotecas se disparaban. Los capitalistas se pusieron manos a la obra para la recuperación de esas viviendas. Con el auxilio de los jueces, se expulsaron de sus casas a miles de familias. Se evidenció aquí también la verdadera fachada del Estado, la justicia está al servicio de los poderosos y de los que tienen dinero.

Así pues, las viviendas arrebatadas a las familias eran compradas y vendidas en un mercado deseoso de recuperar lo invertido. El resultado, aumentaba el número de familias desahuciadas y cada vez miles de viviendas iban a parar a manos de unos pocos especuladores.

El Estado, en otro alarde de generosidad, se hizo cargo de todas las viviendas que los bancos acumulaban, arrebatadas a la gente y que no podían ser vendidas. Hubiera podido, en cambio. permitir el acceso a las familias necesitadas en condiciones de precio social, pero en su lugar optó por crear el Sareb, un entidad para comprar, con dinero público las pérdidas de la banca derivadas de esas viviendas.

Sin embargo, nada se hace por elevar el número de viviendas sociales, de protección oficial, para contrarrestar el salvajismo de la vivienda privada en manos de los capitalistas.

Para que la vivienda deje de ser un negocio deben estar en manos de la propia población trabajadora. Lo primero sería expropiar a los bancos todas las viviendas vacías, que sirven a sus intereses especulativos. A continuación, deben ser gestionadas y tasadas a precios sociales, ofreciendo vivienda a todo el que carezca de ella. Eliminando así la causa de la especulación, el beneficio y los intereses privados capitalistas