El precio de la vivienda nueva o en alquiler es inasumible para la gran mayoría de la población trabajadora. Y los tipos de interés que regulan los préstamos continúan al alza haciendo muy difícil acceder a la financiación. El coste de la vivienda supone más la mitad del salario.

La gran mayoría de los jóvenes no pueden independizarse. Por el contrario, bancos e inmobiliarias sobre todo ven crecer los beneficios, aún más debido a que el mercado de la vivienda está experimentando un nuevo “boom” debido al turismo y los pisos de alquiler. Frente a esta situación ¿Qué ha hecho el gobierno “de progreso”?: Una ley de vivienda inservible porque deja todo en manos de la empresa privada ya que contemplaba el uso del suelo, mayormente en manos privadas para construir viviendas públicas asequibles.

Para empezar habría que haber expropiado todo ese suelo que solo sirve a intereses especulativos. De seguido expropiar el gran parque de viviendas vacías, en manos de los bancos y de las inmobiliarias. Ese primer paso habría servido para dar una salida a la demanda de vivienda pública, frente a los elevados precios de la vivienda privada, ya sea en alquiler o en venta.

Y las ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda y permitirles su emancipación, el Bono de Alquiler Joven, continúa establecido en 250 euros para menores de 35 años a pesar que Pedro Sánchez se comprometió en elevarlo. Aun siendo una ayuda tan insuficiente, apenas un 10% de estos jóvenes ha podido beneficiarse de ello.

El PP quiere ahora aprovechar el fracaso de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez y ha estado cavilando sobre el asunto para presentar su propia Ley de Vivienda. Según ha explicado el portavoz del partido, Borja Sémper, presentarán una ley de vivienda “que responda a los problemas reales y se aleje de la pancarta”, criticando que el Ejecutivo de Sánchez en seis años “no ha dado soluciones”.

Esta ley de vivienda “pepera” estará enfocada, según Semper, en contar con más suelo disponible en el mercado y en poner en marcha nuevas políticas que fomenten la construcción de más viviendas. Señaló que se necesitarían 200.000 viviendas al año y afirmó que “hay que acelerar ya para que pueda ser así”.

Estará “especialmente enfocada a los jóvenes” y tendrá medidas específicas para luchar contra la ocupación. “El Gobierno quizá no lo sepa pero la ocupación perjudica la oferta de vivienda y singularmente a los barrios más vulnerables”, continuó. Incentivar a propietarios para que alquilen y aplicar topes al alquiler. Por último, la ley reforzará la seguridad jurídica del sector. Bla, bla, bla; estas son promesas casi calcadas de las que en su día ofreció Pedro Sánchez, con los resultados que hemos visto.

Gobiernos de izquierda y de derecha han obtenido liquidez con la venta de suelo público a empresas y particulares durante años. La mayor parte del suelo está en manos privadas, repartidas entre bancos, inmobiliarias y grandes propietarios, que se han beneficiado de la venta de suelo público durante años a precios de mercado. Cada vez hay menos suelo público disponible pero las empresas privadas llevan años haciéndose de oro. Lo prioritario no es solo construir más viviendas. En primer lugar, porque el suelo necesario está en manos privadas y para disponer de él lo lógico sería expropiarlo y no como pretende hacer Sánchez recomprándolo. Además existen en la actualidad miles de viviendas vacías en manos de esos mismos bancos e inmobiliarias sin vender, procedentes de desahucios o porque no se han vendido debido al elevado precio.

La lucha contra la ocupación es un plan que surge de la propiedad privada, de los bancos, inmobiliarias y grandes propietarios para tratar de proteger sus viviendas vacías. Y es que prefieren que sigan vacías antes que rebajar los precios.

Por último ¿Qué significa que se reforzará la ley para dar mayor seguridad jurídica al sector? Pues que los grandes propietarios de viviendas tendrán mejores garantías de que las leyes protegerán con más firmeza aún sus propiedades.

Esto en la práctica permitirá que sigan produciéndose desahucios, desahucios exprés bastando tan solo la denuncia del propietario.

Recordemos los efectos de la Ley Antidesahucios promulgada por Pedro Sánchez, que finalizaba este 15 de Mayo y que ha prorrogado hasta el 15 de mayo de 2028, cuatro años más. Esta no impidió que los jueces las siguieran ejecutando: 174 desahucios ejecutados diariamente en el segundo trimestre de 2023 en España y 38.266 desahucios en 2022, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y el primer trimestre de 2024 fue de 13.362, un 4,9% más que en el mismo trimestre de 2023.

Y es que no es posible dar solución al problema del suelo y de la vivienda si no se expropia a la gran burguesía, a sus bancos, a sus empresas. La propiedad privada y sus leyes impide que se pueda regular los precios porque éstos están en función de los beneficios privados de las empresas.