La sanidad pública sigue recibiendo recortes cada año que pasa. Un ejemplo es el servicio de teleasistencia (STA) que se ha convertido en un nicho de negocio privado. Es solo uno de tantos servicios que se ha externalizado como consecuencia de la falta inversión y del expolio de lo público que se lleva a cabo por parte de los negocios capitalistas.

Mientras año a año el número de usuarios del STA aumenta, los recursos y financiación pública disminuyen, y a la vez los poderes públicos están concertando la gestión privada de este servicio a conocidos grupos de empresas que han visto en ello una forma de extraer más beneficios.

Y mientras para los grupos empresariales que gestionan este servicio se trata de un negocio boyante, la atención asistencial que se presta a los mayores dependientes o con discapacidad merma. Por mucho que digan al final para la empresa privada lo que importa es la cuenta de resultados.

En Andalucía, el Servicio de Teleasistencia, es gestionado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). Este servicio comenzó a funcionar en 2002 y contaba con 144 usuarios y desde entonces el número de usuarios ha ido en aumento y lo continúa haciendo año tras año y debido en parte al envejecimiento de la población.

El servicio cuenta con aproximadamente 530 trabajador@s repartidos entre Sevilla y Málaga. Durante todo el pasado año 2022, la cifra de llamadas gestionadas, tanto entrantes como salientes, superó los 5,4 millones. En el cómputo global, desde que la teleasistencia se puso en marcha en la comunidad, la cifra roza los 89 millones de llamadas.
Sin embargo, con los recortes en sanidad no han aumentado proporcionalmente los recursos disponibles para atender esta demanda creciente, con un número de usuarios que crece además debido al envejecimiento de la población. En su lugar la Junta de Andalucía ha externalizado las tareas de este Servicio de Teleasistencia, precarizando el servicio público que ofrece a los mayores y beneficiando así a determinadas empresas.

En concreto, en 10 años (de 2011 a 2021), la teleasistencia financiada por las administraciones públicas ha pasado de 692.462 a 934.274 usuarios, según datos publicados por el Imserso. Esto ha hecho que muchos empresarios se froten las manos.

Entre las empresas que año a año concurren a las ofertas públicas destacan cuatro compañías: CLECE, DomusVi, EULEN y Tunstall Televida. Éstas copan el sector y juegan con ventaja porque son extremidades de empresas más grandes y además tienen la capacidad de eliminar a la pequeña competencia que inicia su andadura empresarial en este sector. Son estas grandes empresas las que se benefician de los recortes en la sanidad en el sector de la teleasistencia.

No sólo está creciendo la teleasistencia concertada, además también ha aumentado el número de personas que recurren a servicios asistenciales a domicilio 100% privados que en el año 2021 ya suponían el 8% del total. Esto mismo ya venía ocurriendo con los seguros médicos privados, que van en aumento, pero esto mismo refleja que el dinero que no se invierte en la sanidad pública se destina a financiar la sanidad privada.

El grupo Clece es el que más tajada obtiene de los conciertos público-privados y no solo por el servicio de Teleasistencia y ayuda a domicilio ya que además gestiona residencias, centros de día y pisos tutelados y presta servicios como educación, márketing, jardinería, instalación y mantenimiento de alumbrado público, etc.

Clece es propiedad de la empresa ACS, cuyo presidente y principal propietario es Florentino Pérez. Este grupo cuenta con una plantilla aproximada de 70.000 trabajador@s. Su división centrada en la atención a los mayores atiende a 157.926 personas y cuenta con 35.419 profesionales, compárese ello con los 530 trabajador@s del servicio público que atiende la Junta de Andalucía.

Lo principal es ver que como resultado de la externalización de este servicio público ACS y Clece obtienen beneficios millonarios. Partiendo de los últimos datos publicados por la propia ACS ha obtenido en el primer trimestre de 2022 unos 136 millones de euros, de ellos 8 millones los aporta Clece que aumenta un 18% respecto al año anterior.
Los beneficios obtenidos por Clece no solo provienen por la cantidad de actividad económica que abarca, por sí solo no sería posible mantener esos beneficios. Son unas condiciones laborales precarias la base de esas ganancias. Se trata de puestos de trabajo que son principalmente cubiertos por mujeres, con bajos salarios, con jornadas de trabajo echando más horas de las que indica el contrato laboral. El resto de empresas, con ligeras diferencias son un espejo de ésta que acabamos de ver, donde prima el beneficio privado por encima de todo.

En definitiva, bajo el capitalismo el dinero público se destina a mantener los negocios de las grandes empresas y éstas crean puestos de trabajo precarios, especulan con los precios, provocan un aumento de la desigualdad. No solo la asistencia, los recortes en sanidad y educación están generando problemas sociales y si no nos movemos la clase trabajadora la situación irá a peor. El futuro lo tenemos que luchar nosotros l@s trabajador@s.