Como resultado de los recortes públicos de sucesivos gobiernos, se han dejado en manos privadas servicios públicos como la dependencia. Las empresas han encontrado en la atención a los mayores un filón, dado que obtienen su financiación con dinero público. Mientras se retrocede en la atención ofrecida a la par que las condiciones laborales empeoran. Hay que luchar por recuperar un servicio público que pagamos todos.

Con Felipe González en el gobierno, en medio de una política dominada por los recortes públicos y la creciente privatización de empresas públicas, es cuando se inicia el debate político sobre la dependencia. En la década de los noventa se pone en marcha del Plan Gerontológico Estatal de 1991-2000 y en 1993 se celebra el Acuerdo Marco entre los Ministerios de Sanidad y de Asuntos Sociales.

El Gobierno ya estaba diseñando un plan para el futuro del sistema público de pensiones, cuyo resultado serían más recortes. La voracidad de la banca y empresas privadas provoca el auge de los seguros privados, que ven, debido a las carencias que dejan los recortes públicos, un negocio en sanidad y en las pensiones. El Gobierno se encargaría de que vieran, en la dependencia, un negocio más.

La ayuda a la dependencia como servicio público saldrá adelante, pero solo para que pudiera dar sus primeros pasos con la ayuda del Estado que se pone en pie con dinero y trabajadores públicos. Luego se ofrecería en bandeja a las empresas privadas. Aquí comenzó la privatización.
Estas empresas dedicadas a la asistencia domiciliaria (SAD) han tenido un gran auge. Sus clientes, de acuerdo con datos del INE, son casi 10 millones de personas. Con el 30% de la población por encima de los 65 años.

Como vivimos en un sistema capitalista que funciona para ganar dinero, la atención de los mayores dependientes está planteada con dos alternativas, ambas ofrecidas por empresas privadas. Las empresas de servicio de ayuda a la dependencia (SAD), financiadas con dinero público. Y una alternativa para los que tienen dinero, que permite alojar a los mayores en residencias de pago privadas, supuestamente con todas las atenciones posibles que se puedan pagar.

La privatización conlleva que cada vez es menor la inversión pública y otra parte se dedica a financiar cada vez más a las empresas privadas. En el caso de las SAD éstas toman cada vez más el control de las pautas de funcionamiento de este servicio, que ha sustituido al sistema público casi en todo y que da un servicio adaptado a la visión de negocio privado. Como resultado se ha producido un cambio en la forma en la que se atienden las necesidades de la población dependiente.

Por ejemplo, se dejan de lado otras necesidades integrales como el aspecto psico-social de la atención a los mayores, que se viene ofreciendo de forma marginal en la mayoría de los casos. En su lugar las empresas priman sobre todo la atención a los servicios domésticos más habituales, como limpieza del hogar, cocinar o hacer la compra. Estas empresas acostumbradas por las reformas laborales a pagar bajos salarios y contratar en precario, tampoco ofrecen expectativas a profesionales cualificados, y con ello degradan la atención al mayor dependiente.

Otro aspecto negativo de la privatización del servicio se da con la acumulación de los expedientes de resolución y las listas de espera debido a la disminución de las plantillas de trabajadores y a los contratos temporales. La falta de inversión pública que los sucesivos gobiernos vienen imponiendo solo tiene como fin favorecer la especulación de los negocios privados y ello repercute también en la precariedad de los empleos.

La Organización Mundial de la Salud resalta la importancia del sitio donde vivimos mientras se envejece: hacerlo en un lugar conocido aumenta los niveles de confianza, independencia y autonomía. Mantener a los mayores en su entorno, su barrio y su casa tiene muchos beneficios. Sobre esa base se desarrolló el servicio a la dependencia público.

Existe un dato importante: las personas mayores prefieren seguir viviendo en sus casas. Así lo demostró una encuesta del Imserso en 2010 donde decía que el 87,3% de los preguntados preferirían mantenerse en casa incluso aunque tuvieran que vivir solos en ella.

Un objetivo de este servicio por tanto era retrasar el internamiento y procurar que la persona conserve la autonomía personal el mayor tiempo posible. Con la privatización todo cambió, el objetivo ahora es la rentabilidad empresarial, de paso se ha pervertido el concepto de cuidado de los mayores.

La formación en grado medio necesaria para desarrollar este trabajo cubre aspectos como saber mover a una persona con limitaciones, conocimientos básicos de psiquiatría, en áreas psicosociales, en patologías de la vejez, en elaboración de comidas adaptadas a las dietas, el ámbito gerontológico y también para mantener la casa en condiciones de salubridad. A estas tareas se suman otras como limpiar la ropa del usuario, supervisar las pautas de medicación, el acompañamiento y el mantenimiento de la limpieza.

Sin embargo, el servicio integral consiste en que las tareas las realizan juntos, la persona y el auxiliar, como en la limpieza, o hacer la comida, lo hacen entre las dos personas, así se mantiene viva la memoria funcional del mayor y se combate la soledad no deseada.

La atención psico-social ha dejado paso al servicio doméstico. Ahora se da un servicio puntual, que consiste la mayor parte del tiempo en realizar tareas de limpieza del hogar. Además, distanciando al mayor, se le excluye de la relación emocional.

Bajo este sistema capitalista lo que debe ser un servicio público para ayudar a prolongar la funcionalidad física y mental de los mayores se ha trastocado en un negocio de rapiña con el que las empresas compiten por dinero.

Para que esto cambie es necesario que la clase trabajadora luche por mejorar sus condiciones de existencia. Para que esto cambie es necesario expropiar todo este sistema privado que solo trae sufrimiento y miseria a la población. Para eso suceda es urgente que las y los trabajadores nos organicemos decidamos como debe funcionar la economía para satisfacer las necesidades de la sociedad antes que el dinero.