Los políticos nos dicen que el salario mínimo es la remuneración mínima por hora o tiempo trabajado que el empresario debe pagar a un trabajador y está regulada por las leyes de un país. Sin embargo, detrás del salario en general se oculta la explotación de la patronal y la burguesía, que ninguna ley contempla porque a la clase trabajadora se le paga solo el sueldo que necesita para sobrevivir, migajas del producto de su trabajo, mientras que el resto de lo que produce en su jornada, hace crecer los beneficios de la patronal, los banqueros y demás capitalistas.

La historia de los primeros salarios regulados se remonta a la antigüedad. Pero es en el siglo XIX con la revolución industrial, que el movimiento obrero desarrolla luchas por un salario suficiente y digno, reduciendo las horas de trabajo. En EE.UU. se instaura en 1941 tras muchos obstáculos por parte de los propios empresarios, que llegan a impugnarlo en numerosas ocasiones en los tribunales. Tras la Segunda Guerra Mundial se empieza a generalizar en el mundo la regulación de un salario mínimo.

El SMI en España

La implantación por ley en 1958 en España de los convenios colectivos da lugar al primer SMI que entra en vigor en enero de 1963. Este SMI establece una cuantía de 1.800 pesetas mensuales, unos 10,8 euros.

Son los gobiernos los que suben la cuantía del SMI pero estas subidas no siempre han ayudado a compensar la diferencia con el IPC de ese año. Por ejemplo, el IPC subió desde 2020 hasta ahora, en 2022, un 6,6% perdiéndose 12 euros por mes. Y luego encontramos también raquíticos aumentos de SMI, como los dos que acometió Rajoy, uno en 2017 que colocó el Salario Mínimo en 707,6 euros, tras una subida de 52,4 euros, y otra en 2018 situando el mismo en 735,9 euros.
La última subida del SMI a 1.000 euros por el Gobierno de Pedro Sánchez viene a producirse tras la tibia reforma laboral aplicada, una reforma que apenas ha cambiado en nada las condiciones laborales o los salarios. En cambio, la patronal sigue teniendo el poder de despedir trabajadores prácticamente gratis. Al igual que la subida que llevó el anterior SMI a los 950 euros, este nuevo aumento no resuelve mucho para los trabajadores. Y solo para los trabajadores que pueden acceder a ella, pues recordemos que muchos por su tipo de contrato ni siquiera van a ver reflejada la subida en sus salarios.

Lo que sube el SMI lo bajan los convenios y el Tribunal Supremo

Según el gobierno es una medida que busca garantizar el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores, sin embargo, en la práctica esto no es así y las estadísticas muestran que la gran mayoría de la población trabajadora queda fuera de este tipo de medidas. En verdad solo ha llegado a ser efectiva para un reducido número de trabajadores, unos dos millones, de una población activa de 22.

Lo que no dice este Gobierno es que dicha subida solo llegará plenamente a aquellos trabajadores con contratos a jornada completa y que no están sujetos a convenios. Y encima ya hay convenios que permiten que estos pluses se detraigan, como el del convenio del metal que fue firmado por los sindicatos CCOO y UGT en Sevilla el año pasado. Entre ellos están también las y los trabajadores en el sector del Telemarketing, por ejemplo.

El Tribunal Supremo con sus sentencias viene defendiendo desde hace años que los empresarios puedan detraer diversos pluses y complementos para mantener el SMI. Es decir si tienes un salario superior en convenio al SMI y este sube 50 euros te lo detraen de los pluses. Dicho de otra manera, te suben el salario base y te baja los pluses para así no sobrepasar el salario mínimo interprofesional. Así no necesitan aumentar el salario base en proporción y sus ganancias no se tocan. Este juego de “trileros” se permite y se produce de forma generalizada, porque otra cosa que dice el TS es que es que esa es la doctrina a seguir porque los convenios colectivos están por encima de la norma gubernamental cuando sube el SMI.

Así que no es cierto, para la gran mayoría de trabajadores, que un aumento del SMI, en estas circunstancias, suponga una mejora económica en sus salarios. Lo que debería haber sido un pequeño avance, porque pequeño es el incremento de la subida, en pos de aumentar el poder adquisitivo de las y los trabajadores, se convierte en un retroceso.

El empresario, que no tiene ningún interés en subir los salarios de los trabajadores, se encuentra con el paraguas de la justicia. El vicio se convierte en virtud para todos estos patronos que viven del robo social del trabajo. Del bolsillo del empresario no sale un céntimo para aumentar los salarios e igualarlos al actual SMI. Por tanto, la subida de la que los políticos han hablado con tanto elogio es solo un espejismo. Con ello quieren mantener la ilusión de que, con la intervención del gobierno y gracias a las leyes, se mejora la situación económica de los trabajadores. Cuando en realidad permite el robo, el descuento o como se le quiera llamar, al empresario.

Con todos estos subterfugios que se le permiten al empresario, el trabajador vuelve a estar como al principio, antes de la subida del SMI y sin efecto práctico alguno. Sin posibilidad de reclamar por la vía de las leyes, esas mismas leyes burguesas hechas para favorecer a los capitalistas, los propietarios de los medios de producción y el dinero.
Mientras esta trampa esté recogida en los propios convenios, si los gobiernos anuncian a bombo y platillo nuevos y más altos SMI, y los empresarios continúan teniendo vía libre para disponer de los beneficios obtenidos del robo del trabajo, los trabajadores seguirán viendo disminuir cada plus, cada complemento, cada compensación.

Los trabajadores debemos actuar ya. La mayoría de las conquistas salariales, complementos y demás pluses, conseguidos por la clase trabajadora ha sido resultado de la lucha obrera. La única salida posible la tienen los propios trabajadores, es la vuelta a las protestas y las huelgas. La lucha por conseguir mejoras debe seguirle la lucha por mantenerlas.