A principios de Agosto los trabajadores de Sintel levantaron su campamento, con la alegría del triunfo, una vez que habían logrado arrancar importantes concesiones al gobierno. Acababan de cumplir seis meses de una dura acampada en la principal arteria y centro de negocios de Madrid, el Paseo de la Castellana. Desde Enero, cuando comenzó la acampada, construyeron un verdadero poblado, dotado de los servicios más esenciales, con tiendas y casetas de madera que albergaban a una gran parte de los 1500 trabajadores de la empresa. Un verdadero desafío al poder político y económico.
Los trabajadores reivindicaban el pago de sus salarios (once nóminas sin cobrar), el reflotamiento de la empresa, a través de un plan industrial, o la recolocación en Telefónica, antigua empresa matriz de Sintel, y que es realmente la que genera la carga de trabajo que ejecutan las contratas, y la principal responsable de la situación de los trabajadores con su política de precarizar el empleo. Desde el 97 los trabajadores han estado sometidos a regulaciones y expedientes de extinción de empleo. En Marzo pasado se aprobaba un expediente de despido que afectaba a más de setecientos trabajadores y en Mayo la empresa fue declarada en quiebra.
En 1996 Sintel fue vendida por Telefónica a un empresario cubano de Miami, Más Canosa, destacado anticastrista, ligado a la mafia cubano americana, y con excelentes relaciones con dirigentes del Partido Popular (PP), entre ellos el propio José María Aznar. Desde entonces, una empresa con beneficios fue descapitalizada y llevada a la quiebra con el consentimiento del gobierno y Telefónica que avalaron las operaciones que vaciaron la caja de Sintel.
Prácticamente desde el mismo año de la venta comenzó la lucha de los trabajadores de Sintel. Antes de iniciar la acampada llevaban más de medio año de huelga y movilizaciones. De la dureza de la lucha y de las condiciones que enfrentaban da cuenta el hecho de los catorce trabajadores muertos a causa de ataques al corazón o suicidios.
Durante los meses que permanecieron acampados los obreros de Sintel contaron con la simpatía y la solidaridad de los trabajadores y la población madrileña, que han apoyado económicamente el campamento de la "Esperanza", como lo bautizaron los propios trabajadores. Pero también tuvieron que contar con la hostilidad del gobierno y los medios de comunicación. Tanto el gobierno como Telefónica se negaban incluso a iniciar una negociación, rechazando cualquier responsabilidad e implicación en la situación en la que se encontraban los trabajadores. Esa hostilidad oficial e informativa acompañó a los trabajadores hasta el último momento. El diario "El País" calificaba de "desbandada" el levantamiento del campamento. El concejal de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, Alberto López Viejo, atacaba con la siguiente declaración: "La zona ha quedado en unas condiciones lamentables, como si hubiese caído una bomba" y completaba la faena publicando un folleto, de cien páginas a color, sobre los "daños" causados por los trabajadores. No cabe mayor miseria.
En el mes de Mayo los trabajadores lograron sentar a negociar al gobierno, y a finales de Julio éste tuvo que presentar un plan, que coincidía con la admisión a tramite por la Audiencia Nacional de una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los ex propietarios de Sintel, en la que se apunta responsabilidades de Telefónica. En el auto de admisión de la querella el juez exigía una fianza de más de trece mil millones a seis ex directivos. En el mes de Septiembre una demanda, presentada en Miami, acusaba al hijo de Mas Canosa de vaciar la caja de Sintel a través de empresas interpuestas. La justicia es lo que es pero las acusaciones recogidas nos dan una idea del robo perpetrado.
Al mismo tiempo que presentaba el plan, el gobierno presionaba para que se levantara de inmediato y sin más el campamento. Por su parte los trabajadores de Sintel manifestaron su voluntad de no levantar el campamento hasta implicar a Telefónica en la negociación y asegurar por escrito los puntos claves del plan. Finalmente se llegó a un acuerdo que contempla los siguientes puntos: el pago de los salarios atrasados, la recolocación de entre 800 y 1000 trabajadores en empresas del sector, con contratos fijos y manteniendo la antigua distribución geográfica de la plantilla, la prejubilación a partir de los 50 años de unos 500 trabajadores, y una serie de bajas incentivadas, aunque estas serán voluntarias. Una Asociación de trabajadores de Sintel es la encargada de controlar el cumplimiento del acuerdo.
Pero sobre todo lo que hay que resaltar es que ha sido la resistencia enconada de los trabajadores la que ha logrado arrancar las concesiones al gobierno en una situación muy difícil toda una plantilla arrojada a la calle- y que han sido logradas gracias a la lucha, de la que los trabajadores de Sintel están profundamente orgullosos.
Por una reivindicación común que agluitine a los trabajadores: la prohición de los despidos
Los problemas que han tenido que afrontar los trabajadores de Sintel son comunes a importantes sectores de la clase obrera española. Por una parte la segmentación de las empresas en filiales que terminan convirtiéndose en empresas contratistas o subcontratistas con sus consecuencias negativas sobre los salarios y los derechos laborales, y la extensión de la precariedad laboral; por otra parte el golpetazo que provocan los despidos. Pero en última instancia es el paro y la amenaza de los despidos los que facilitan que la patronal pueda llevar a cabo esa política.
A pesar de los datos triunfalistas del gobierno, el paro y los despidos son el pan nuestro de cada día para los trabajadores, pocos se pueden considerar a salvo. Las páginas de los medios de comunicación están llenas de anuncios de despidos. Alcatel España anunció el despido de 1300 empleados y el cierre de su fábrica de Villaverde (Madrid), la empresa minera Boliden el de 425 tras dar cerrojazo a su explotación en Aznalcollar (Sevilla). Más recientemente Xfera (cuarto operador móvil de España) anunció el despido de 440 trabajadores el 73% de su plantilla -, Air Europa la reducción de un 10% de su plantilla, mientras que Iberia tiene previsto el despido de unos 3000 empleados. Son solo algunos ejemplos. Estos son casos que aún recoge la prensa, que no dice nada, sin embargo, de los continuos despidos de los trabajadores con contratos temporales, cuando han finalizado su contrato de escasos meses o a veces de horas, o del goteo diario de despidos en los polígonos industriales donde se concentran las pequeñas y medianas empresas.
Pero también el solo hecho del anuncio de los despidos es un elemento de presión que la patronal juega a fondo. Este verano la empresa automovilística Opel manifestaba su intención de reducir su producción en un 15%, con la consiguiente reducción de plantilla, sin una cuantificación precisa. Seguidamente el portavoz de Opel en la planta española de Figueruelas (Zaragoza) declaraba que "También en Figueruelas tendremos que apretarnos el cinturón"; parece que el mensaje fue recogido por el presidente del comité de empresa que a su vez manifestaba: "Para evitar despidos traumáticos, intentaremos hacer lo necesario para situar de nuevo la empresa en beneficios. No creemos que sea necesario cerrar nada"
Para los jóvenes el miedo a no encontrar un empleo les obliga a depender de los contratos basura y de la más absoluta precariedad, y a aceptar la gradual pérdida de derechos y salarios, para los trabajadores que llevan años trabajando fijos en una empresa el despido les coloca casi en la imposibilidad de volver a tener un trabajo, o ante la perspectiva de empleos precarios y mal pagados, repercutiendo negativamente en su pensión. El arma del paro es un auténtico terrorismo empresarial que contribuye a la desmoralización de la clase trabajadora. A este retroceso han contribuido también los años de política antiobrera del PSOE y el contumaz pactismo de las direcciones sindicales con la patronal.
Invertir esta situación, parar los golpes de la patronal, requiere un esfuerzo de conjunto de la clase trabajadora. Sin embargo la mayoría de las luchas, de las reacciones de rabia de los trabajadores, como en el caso de Sintel, se mueven en el terreno de la lucha de empresa, de la lucha local o sectorial, o en el terreno corporativo. Años de políticas sindicales y de la izquierda en este sentido han contribuido a esta situación. Este verano hemos asistido a diversas luchas en el sector del transporte, en Baleares, en Canarias, o en Cádiz, pero cada una por su lado. Cada vez está más extendida la idea y la practica de que los trabajadores de una categoría profesional pueden arrancar concesiones o defenderse mejor si luchan por sus reivindicaciones "especificas"; en la construcción, por tomar un ejemplo, son frecuentes las huelgas por categorías, de escayolistas o de gruistas, como la desarrollada en Sevilla y que llegó a durar más de 75 días. Frente a los despidos asistimos a las luchas desesperadas de trabajadores ya en la calle que en muchos casos luchan por conseguir unas mejores condiciones de despido. Por supuesto que todas esas luchas merecen nuestro respeto y todo nuestro apoyo, pero se enfrentan a toda una acción de conjunto de la patronal apoyada por el gobierno.
Es por tanto necesario recuperar la conciencia de que los problemas de los trabajadores de cada empresa conciernen a toda de la clase trabajadora y que no hay otra solución que la lucha de conjunto. El paro y los despidos actúan como un ariete de la patronal en las filas de los trabajadores, y contribuyen a la precariedad y a los bajos salarios. Frente a los despidos que no dejan de sucederse, que engrosan las filas del paro, y los que parecen que quedan por venir, la clase obrera necesita esa respuesta de conjunto y por tanto una reivindicación común que contribuya a esa unidad de acción. En ese sentido tratar de popularizar la reivindicación de prohibición de los despidos y expropiación de las empresas que despiden con beneficios, dará a la clase obrera ese otro ariete contra la patronal, ese punto común que permita hacer confluir las luchas que permanecen aisladas, acercar a los trabajadores de las diversas empresas. Se trata al mismo tiempo de propagar la idea de que son los accionistas de las empresas los que tienen que pagar por mantener el empleo y no los trabajadores con sus sacrificios, que no hay que dejar las manos libres a los grupos empresariales y financieros para cerrar empresas que provocan la ruina de miles de familias obreras y la desertización de regiones o comarcas enteras.
Noviembre de 2001