El gobierno se vanagloria de la bonanza económica que el relativo crecimiento del ciclo expansivo de la economía le ha deparado desde 1995. Pero la bonanza económica parece que tiende a su fin. La subida de precios, el descenso del crecimiento económico que se prevé y la economía internacional, - precios del petróleo, euro...-, así parece atestiguarlo. De todas formas, se mantenga o no el ciclo económico, desde el gobierno, se vive una etapa dulce, sin una verdadera oposición, enfrascada la izquierda en sus cambalaches de recambio de líderes, sin una crítica a la situación económica y social que vive la clase trabajadora y sin, ni siquiera, vislumbrar un horizonte distinto al planteado por el capital. Tampoco, por ahora, tiene ya la capacidad de ilusionar a las clases populares. Sus engaños y politiqueos son de años y están demasiado cerca en el tiempo como para olvidar. El campo libre, por ahora hasta que entre la clase obrera en liza, lo tiene la derecha. Aznar con el "España va bien" parece vivir en el país de Jauja o más bien pretende hacérnoslo creer. En su euforia ya se plantean el pleno empleo en esta legislatura. Para ellos, la derecha ha tenido el buen gobierno que no han tenido los socialistas. Han logrado ir bajando el paro y a la vez pactar con los sindicatos mayoritarios dando la impresión de realizar una política "social" con los más desfavorecidos. El mismo Gutiérrez en su despedida no tuvo embarazo de elogiar al último ministro de trabajo del PP.

El avance en la riqueza es evidente pero las desigualdades no se aminoran. El discurso de la derecha y la mentalidad dominante habla del progreso en las infraestructuras, la educación, el nivel de vida, etc. que ha hecho del país atrasado y agrario de hace años, un país europeo a la altura de los más ricos y poderosos, que ha pasado de necesitar de las inversiones de capital a ser exportador de capital. Sin duda hay muchos aspectos de prosperidad general. Madrid- Sevilla se hace en dos horas y media cuando hace ocho años se tardaba 8 o 10 en tren. Pero hay que señalar que el enriquecimiento del país se debe al trabajo humano realizado por millones de hombres y mujeres trabajadoras y que en el sistema capitalista de producción supone una relación social de explotación en la cual una minoría se apropia de lo producido por la mayoría. Y como consecuencia la desigualdad social que supone que una minoría se apropie de cerca del 40% de lo producido en un año y la mayoría del país, los asalariados, se repartan el 50%. El último informe de la ONU sobre el desarrollo humano señala que en España han aumentado las desigualdades sociales.

Por eso no es oro todo lo que reluce. En la propaganda todo brilla como el metal de los codiciosos. Pero en la lucha diaria por la existencia de los que buscan el pan día a día el brillo es el del latón. Porque si hay mejora de la situación lo es fundamentalmente para los ricos, los banqueros y la patronal que se enriquecen con sus negocios. Si echamos una mirada al paro, la bajada de salarios, las jornadas laborales, las pensiones, la pobreza en aumento, la sanidad etc. veremos que la situación no ha cambiado para nada. Los miles de millones de beneficios de las empresas y los capitalistas se hacen a costa de los más débiles de la población. A costa de los trabajadores en precario, de los más pobres y con menos recursos. La misma relación social de explotación y una cada vez mayor preponderancia de la patronal en todos los terrenos. La impunidad con que actúa en, por ejemplo, la seguridad y precariedad en el trabajo, es estremecedora. España es el país europeo con mayor índice de muertes en el trabajo, al mismo nivel que la India o China.

Naturalmente que España vive unos años de relativo crecimiento. En las épocas de las vacas gordas para el capital algunas migajas caen de las mesas de los poderosos. El capitalismo se mueve a trompicones de crisis y expansiones. Las crisis preceden a los ciclos de crecimiento y éstos a su vez a los primeros. Para los gobiernos y sus economistas es algo natural propio de la economía. Sus cometidos son preparar y organizar el próximo ciclo de crecimiento. Con cada crisis se prepara la próxima expansión. En esta preparación los trabajadores y la población más desfavorecida son los paganos, manteniendo los beneficios de la burguesía. Y aunque la propaganda de los gobiernos parezca decir otra cosa, las épocas de expansión o de crisis no han dependido del partido que se ha turnado en el gobierno. No han dependido de una u otra política pues tanto los socialistas como ahora los populares se han dedicado a gestionar los periodos de crisis y de expansión de acuerdo con los negocios de la burguesía. No han sido y no son más que el gran consejo de administración de sus empresas e intereses. Y la burguesía les paga bien. El gobierno es la cantera de los futuros presidentes de consejos de administración de las grandes empresas, cuando no son los mismos. Por poner una muestra, sólo hay que ver donde están colocados Solchaga y Boyer antiguos ministros socialistas o Martín Villa y Pimentel por el PP.

Un crecimiento económico que prepara una crisis social

En toda la historia del parlamentarismo posfranquista los distintos gobiernos, desde UCD, hasta el PP pasando por los socialistas han ejecutado medidas contra la situación de los trabajadores, que han permitido aumentar los beneficios de la patronal y de los más ricos. En los ciclos de crisis argumentando que había que apretarse el cinturón o ajustar una economía obsoleta y en los tiempos de expansión para mantener el crecimiento, los trabajadores tenían que sacrificarse y si acaso conformarse con las sobras. Como consecuencia estas medidas han conformado una situación laboral determinada por la fragmentación de los asalariados en dos mitades. Una de ellas con trabajo más o menos estable y la espada de Damocles del paro y la exclusión social y otra mitad instalada en la precariedad y el paro. A menos paro más precariedad y viceversa, situación que prepara el terreno en los tiempos de crisis para despedir gratuitamente y abaratar la mano de obra. Otra característica de la situación económica es el papel del Estado como salvaguardia del capital, detrayendo dinero público para subvencionar a la patronal e incentivando la bolsa y el sistema financiero con la venta de las empresas públicas y todo tipo de subvenciones.

Atados a los ciclos del capital los trabajadores, y entre éstos las capas más en precario, han pagado los platos rotos de la propia dinámica del sistema capitalista en los periodos de crisis, las facturas impagadas de la burguesía y sólo ha recibido las migajas del enriquecimiento de los negocios en los periodos de expansión. Ha sido la carne de cañón de la explotación y las mejoras de sus condiciones siempre ha venido a partir de las luchas obreras en las cuales los trabajadores demostraban su potencial en la relación de fuerzas con la burguesía. Aún derrotados los trabajadores no han dejado de combatir la explotación, incluso siendo abandonados y traicionados por sus organizaciones.

En la crisis política, económica y social que se abrió con el posfranquismo la burguesía y sus políticos junto a la izquierda, PSOE y PCE - con la excusa de las libertades y el mantenimiento de la democracia y el paro, que no dejaba de crecer, impusieron medidas draconianas en su nivel de vida. Fueron los pactos de la Moncloa firmados por todos los partidos y aceptados por los sindicatos. Se impuso una congelación salarial y la negociación colectiva sobre la base de la inflación prevista y no a la pasada. Esto produjo la pérdida brutal de los salarios. La disminución de la inflación que en 1977 estaba en el 24'5% la pagaron los trabajadores con la bajada brutal de salarios.

Desde 1981 - y con el PSOE desde 1982 - los pactos sociales con topes salariales fue moneda común hasta 1985. Los socialistas impusieron una reconversión industrial que supuso la pérdida de miles de puestos de trabajo. Cuando terminaron estas reconversiones comarcas enteras eran desiertos industriales y el paro había subido vertiginosamente cerca de tres millones de trabajadores aproximadamente el 20% de la población activa de esos años.

Por el contrario a la burguesía se le saneó gratis sus empresas a costa del erario público y apoyando con la policía y dinero los despidos. El saneamiento de la banca costó dos billones de ptas., el sector eléctrico cargó un canon en el recibo de la luz para pagar las obras faraónicas de las nucleares que ahora no daban beneficios, además de las ayudas a la patronal en la reconversión. El "ajuste" económico para salir de la crisis como lo llamaron los socialistas enjugó las pérdidas del gran capital y preparó los negocios del siguiente ciclo expansivo.

En 1986 con la entrada en la Comunidad Europea, fue la época de crecimiento conocida por los años del "pelotazo". La banca volvió a tener grandes beneficios y empresas como SEAT eran vendidas una vez saneada con 350.000 millones de ptas. a cargo del Estado. Los "sacrificios" que estaban haciendo los trabajadores sirvió para el enriquecimiento del capital. El clima de inquietud y hartazgo entre los trabajadores fue en aumento. La ley de pensiones de 1985, el plan de empleo juvenil de 1988 colmó el vaso. El malestar obrero fue en alza y el 14 de diciembre en un paro general convocado por los sindicatos para salvar la cara ante la situación fue respondido masivamente. El impacto fue tan grande que los propios sindicatos se sorprendieron ante la envergadura de la protesta e incapaces de continuar con las presiones se sacaron de la manga la Plataforma Social Prioritaria que quedó en agua de borrajas. La clase trabajadora había enseñado los dientes pero no había una dirección creíble que canalizara la lucha.

El siguiente ciclo de crisis lo marca en España los fastos del 92. Las crisis bursátiles internacionales 87, 94, la crisis monetaria europea del 92 y 93 señalan el descenso de la producción. El paro vuelve a subir del 16'97% en 1991 al 23'9 en 1993. En 1992 se destruyen 500.000 puestos de trabajo. La crisis social se abre camino. Para colmo el "decretazo" impone la disminución de las cuantías y duración del seguro de paro. El gobierno socialista avanzó en la precariedad de los asalariados ampliando la temporalidad en la contratación y subvencionando a la patronal. En 1993 la primera reforma laboral procede a abaratar el despido y la contratación. Con esta reforma laboral y la aparición de las ETT un año más tarde, la precarización de los asalariados fue un hecho que abarca a un tercio de la población trabajadora ocupada. Ante el ataque a las condiciones de trabajo los sindicatos convocaron un paro general de protesta el 27 de enero de 1994. La huelga fue seguida masivamente pero sin el impacto del 14-d.

Con las medidas preparadas por los gobiernos del PSOE el mercado laboral estaba lo suficientemente debilitado, fragmentado y barato como para que el crecimiento económico que comienza en 1996 diera plusvalía y beneficios sustanciosos a la burguesía. En el ciclo actual que vivimos lo caracteriza el papel del sistema financiero y de la bolsa. El gobierno Aznar siguiendo la política de los socialistas ha llevado hasta sus últimos términos las privatizaciones. El estado ha ingresado 4'5 billones de ptas. en las ventas de las empresas públicas realizadas por Aznar, a los que hay que sumar los 3 billones ingresados en la época del PSOE. La diferencia entre Felipe y Aznar ha sido la rapidez de éste último en realizar las privatizaciones. La salida a bolsa de estas empresas ha disparado el volumen de negocio por las nubes. El Ibex 35, que mide la cotización de las grandes empresas nacionales en bolsa, supone el 60% del PIB y de éstas, 11 - el 57% del valor total del Ibex -, son antiguas empresas públicas privatizadas. Este gran negocio que actualmente propicia el "liberal" Aznar como le gusta a él denominarse o neoliberal como peyorativamente lo adjetiva parte de la izquierda no es en puridad más que la política que necesita la burguesía en este momento. Y más cuando la relación entre las grandes empresas y el gobierno es tan estrecha que los ministros hasta hace muy poco como Rafael Arias Salgado pasan a ser directores generales de Carrefour o son nombrados, como en el caso de Telefónica por el gobierno para su privatización.

Este factor de las privatizaciones ha determinado sin duda al alza el actual momento de crecimiento en un contexto internacional del mismo tipo. Pero indudablemente a este ciclo le seguirá otro de crisis que abrirá la crisis social a que está abocando el actual estado de cosas. Inevitablemente el capitalismo funciona a golpe de crisis que muestra su irracionalidad. La última en Asia da prueba de ello. El derrumbe de las bolsas trajo consigo el derrumbe del sistema financiero que arrastró a su vez a los sectores productivos. Miles de obreros pagaron con su despido y sus malas condiciones de vida el desorden y los beneficios del capital. De la misma forma los trabajadores españoles han sufrido en sus carnes las crisis capitalistas: reconversiones, precariedad, despidos, paro etc. La riqueza se apila en un polo, el de la burguesía, y la miseria en la otra. Los millones de hambrientos del mundo no son más que el resultado de esto.

El capitalismo es un sistema que por una parte promueve la máxima socialización en la producción, con la máxima planificación tecnológica empresa por empresa y la apropiación privada de una minoría. Mientras que la producción se hace cada vez más y más colectiva, más y más internacional, por cada vez un mayor número de asalariados, los productos del trabajo humano se la apropian una minoría de propietarios. Esta contradicción se manifiesta en el desorden del propio sistema que busca la competitividad en una lucha desaforada entre grupos económicos. Ese desorden se manifiesta en los mercados. ¿Cabe mayor irracionalidad, que suban las acciones de Terra por ejemplo, cuando es una empresa con pérdidas, por el solo hecho de apostar en los beneficios futuros?. El beneficio privado es el motor de la economía y esto hace que la producción vaya siempre separada de las necesidades sociales y que pasado un plazo de tiempo los mercados no puedan absorber todo lo producido. Pues en última instancia es la plusvalía producida por los trabajadores, que en manos de la burguesía, impide que los salarios tengan la capacidad de compra y como consecuencia estallen las crisis en la loca carrera de los grupos económicos por realizar sus beneficios.

El paro disminuye, la precariedad avanza, los salarios bajan

Uno de los logros propagado hasta la saciedad por el PP en la última campaña electoral ha sido la creación de empleo. La disminución del paro es la joya de la corona de la derecha y el órdago propagandístico contra la oposición. Las cifras del paro registrado por el INEM en el mes de julio dan la cifra del 9%, alrededor de 1'5 millones de parados inscritos respecto a la población activa algo que no ocurría desde hace unos veinte años. La encuesta sobre la población activa, EPA, es sin embargo más acorde con la realidad y sube el paro hasta el 15% para el primer trimestre de 2000. Esta diferencia es debida a que hay un porcentaje importante de parados que desisten de inscribirse en las oficinas del Inem ante la inutilidad como organismo de búsqueda de empleo y a los sectores de parados que excluye.

Es una realidad que el momento de expansión relativa de la economía se crea empleo. Empleo mayormente precario y en los sectores donde aumenta más como son la construcción y los servicios las condiciones de trabajo han empeorado en mucho a las que tenían los trabajadores hace 20 años. Carne de explotación y accidentes laborales. Pero incluso si nos fijamos en las estadísticas veremos que están maquilladas para utilizarlas como arma política por los gobiernos de turno. La EPA que es la encuesta con mayor aceptación entre los expertos del tema, ha variado, modificándose en 1995, 1996 y 1999 en sus criterios y ejecución disminuyendo el número de parados. La última adaptación de la EPA ha dado 77.500 empleos más. Como muestra de lo que hablamos diremos que el criterio para definir al trabajador en paro en la EPA es no tener trabajo, estar en disposición y buscar trabajo activamente. Se es ocupado simplemente si se ha trabajado una hora en la semana anterior que se hace la encuesta. Como salta a la vista sectores de población en paro no aparecerán nunca en las cifras de paro.

Pero estas mismas estadísticas muestran el carácter explotador de la sociedad capitalista. De una población de cerca de 40 millones de habitantes, la población activa en edad de trabajar es de 16'7 millones (EPA, 1/00). 14 millones son los ocupados y los parados 2'5 millones. Dentro de los parados, los de larga duración y mayores de 45 años siguen siendo el 50%. La temporalidad no ha bajado del 30% de los trabajadores. Esto significa en realidad precariedad. En 1999, 1.100.000 trabajadores estaban en el mismo puesto y en la misma empresa y habían tenido varios contratos. Las mujeres y los jóvenes se llevan el mayor porcentaje de parados más del 57% en 1998 y las primeras la menor tasa de actividad, el 39'55 por el 63'5 de hombres. Más de la mitad de parados son mujeres, 1'4 millones por 1'05 millones de hombres.

Pero más allá de la manipulación política y de los maquillajes interesados, la medida de los parados de la EPA nos da la radiografía con más o menos aproximación, de la clase trabajadora en paro. Y una de las características del capitalismo español es el débil tejido productivo incapaz, tradicionalmente, de proporcionar empleo en las épocas de expansión a la mayor parte de la fuerza de trabajo existente. Durante décadas un país agrícola con una población mayoritaria en el campo y unas zonas reducidas industriales fueron la nota definitoria del tejido productivo español.

A partir de los 60 el cambio industrial y urbano aún proporcionando una mano de obra barata procedente de las zonas rurales, el tejido productivo fue incapaz en una época de desarrollo industrial de absorber a la población activa existente que tuvo que emigrar al extranjero. Actualmente a pesar del desarrollo urbano y pérdida de población en los sectores agrícolas los sectores económicos de nuestro país siguen siendo débiles en comparación de la media europea para absorber más allá de aproximadamente el 10% la tasa estructural de desempleo en España. La comprobación está en la tasa de actividad de la población española. La relación entre población ocupada y población en edad de trabajar, activa, es del 51%, siendo aún mayor la relación con la población total.

En este sentido la plusvalía generada por los trabajadores venía dada más por las malas condiciones de trabajo y salarios que por el aumento de las aplicaciones tecnológicas en los sistemas productivos. Es decir la burguesía española se ha nutrido de la explotación de una mano de obra barata que proporcionaba la inmensa reserva de trabajadores procedentes de las zonas rurales. Los trabajadores en paro son la tradicional reserva de la patronal a utilizar en épocas de expansión y que mantiene la presión sobre los salarios bajos y el empeoramiento de las condiciones laborales de los que trabajan. De ahí la precarización en alza que se manifiesta en las distintas reformas laborales que han abierto la temporalidad en el empleo y los intermediarios en contratación. Más de 430 empresas de contratación temporal, las ETT, con 1 millón de contratos realizados han chupado la sangre a 700.000 trabajadores datos de1997 con 155.000 millones de beneficio. Actualmente el mayor índice de paro en las ciudades, donde la mayoría de la población vive, ofrece a la patronal y a la burguesía las condiciones sociales y políticas idóneas para abaratar y empeorar las condiciones de trabajo. Y precisamente el sector donde se ha crecido y ha disminuido el paro más, en estos últimos años, la construcción cerca del 20% de menos paro - es donde es mayor la precarización, la tasa de accidentes de trabajo es terrorífica y donde las condiciones de trabajo horarios, salarios... - son más duras. Según los datos oficiales del INE en la construcción se trabajaba en 1992 un promedio de 1787 horas anuales, a tiempo completo, y en 1998 había aumentado a 1823. La media general en la industria y los servicios de horas de trabajo a tiempo completo ha aumentado de 1739'7 horas en 1992 a 1770 en 1998.

En cuanto a los salarios no dejan de ceder poder adquisitivo globalmente. De 14 millones de ocupados, los asalariados en sentido estricto son más de 10'6 millones, los patrones pequeños y grandes que se denominan eufemísticamente "empleadores" son cerca de 700 mil. Es decir el 80% de la población en edad de trabajar vive de un salario o sufre su carencia. Sin embargo los más de 10 millones de trabajadores de este país se repartirían el 50% de todo lo que se produce en nuestro país, mientras que el 5% de la población ocupada se llevaría alrededor del 40% de la producción. Incluso subiendo la participación de los salarios en el PIB respecto al año pasado no se ha conseguido sobrepasar el 52% de 1982. Porque hay que tener en cuenta que el aumento de participación salarial viene dado por la disminución del paro y aún así el porcentaje no varía significativamente. Lo cual significa que la mitad de la tarta de lo que se produce en nuestro país se reparte la parte de los salarios entre más gente y por el contrario la otra parte de la tarta que es alrededor de 36 billones de ptas. se lo reparten alrededor de 700.000 personas.

Por otro lado el salario bruto medio de los trabajadores no deja de perder poder adquisitivo respecto a la inflación, el último dato, aparecido en septiembre, da una subida de los precios interanual de 3'6%, muy lejos de lo previsto por el gobierno. Solo aquellos trabajadores que están sujetos a convenio con revisión salarial, tendrán la posibilidad de perder menos. El resto seguirá perdiendo si la combatividad no lo remedia. El sueldo medio es de 225.147 ptas. brutas en 1999, el último dato del INE, para el primer trimestre de este año, ha descendido a 220.658 ptas.. Lo cual supone un salario neto de cerca de 160.000 ptas. y las mujeres y los jóvenes se llevan la peor parte. Según la encuesta de salarios del INE el sueldo de la mujer es el 75% de media del salario de un hombre. Que viene a salir neto en 142.000 ptas. Los jóvenes por otra parte al ser mayoritarios en la contratación precaria sufren un salario muy por debajo de la media.

En la industria y los servicios, la media salarial bruta pagos ordinarios en 1999, fue de 199.147 ptas., en 1995 era 177.221. Si hubieran aumentado el IPC de esos años que fue de 13'9%, en 1999 se hubiera tenido que cobrar 201.754 ptas. Para un sueldo de 170.000 ptas. con la subida de precios actual del 3'6% significaría un aumento inmediato de 6.120 ptas. al mes. Y toda esta situación está marcada por una estructura salarial según los datos del INE de 1995 - en la que el 60% de los trabajadores tiene un salario medio de menos de 3 millones anuales, el 20% no llegan al 1'5 y sólo el 20% sobrepasa los 3'5 millones de ptas. No cabe duda que el 32% de temporalidad, la precariedad y el paro consiguen presionar a la baja los salarios aumentando los beneficios de la patronal.

Los accidentes laborales: beneficios de la patronal con sangre obrera

El jueves 24 y viernes 25 de febrero de este año CCOO y UGT convocaron dos jornadas de huelga ante la inseguridad laboral, - al fin, después de años de accidentes - en la construcción. Este sector es uno de los más azotados por los accidentes laborales y las muertes en el tajo. El año pasado hubo 290 trabajadores muertos, casi uno por día y en general los accidentes laborales tanto en este sector como en el resto de las ramas productivas no han dejado de aumentar. El mismo jueves de huelga murieron dos trabajadores y en el segundo otro más. Ni siquiera la convocatoria, la huelga impidió las muertes. Un dirigente de CCOO denunció que una de las muertes se debió a la coacción del patrón que amenazó con el despido si iban a la huelga, que la asamblea había votado, y ante el miedo el compañero que volvió, pagó con la muerte el chantaje del patrón.

La situación es desesperada, lleva años aumentando sin que la situación se alivie. Si en 1993 se accidentaron un 12% de albañiles en los tajos en 1999 fue de un 18%. Precisamente el aumento espectacular de accidentes y de muertos tanto en este sector como en el resto, coincide con la precarización del mercado laboral y la expansión económica que aparece a finales de 1994. España es el país europeo que tiene un mayor índice europeo de muertos por cada 100.000 trabajadores: 10'2. Y no es casualidad. Como todos saben el aumento de 1'2 millones de accidentes laborales en 1996, cifra alarmante, a 1'6 millones en 1999 no responde a casualidades, a negligencias de los trabajadores o a falta de una legislación laboral. Precisamente la última ley es de 1996. En enero de este año los accidentes mortales en el tajo y en el trayecto fueron de 113 y los accidentes aumentaron un 20'1% respecto al mismo mes de 1999.

El aumento de muertes y de accidentes en el trabajo obedece al deterioro de las condiciones de trabajo. Porque este ciclo expansivo y los beneficios que genera a la patronal están basados el empeoramiento de las condiciones de trabajo. En concreto en la precarización, los bajos salarios, los aumentos de ritmos y horarios suponen la vuelta a una sobreexplotación obrera de hace años, que en realidad nunca había desaparecido. La generalización de los contratos basura, la imposición de horarios y de salarios etc. se debe al retroceso social y político de la clase obrera a la cual sus organizaciones han contribuido con sus pactos y cambalaches. El sector de la construcción, el sector que más ha crecido en empleo, lo ha hecho eliminando prácticamente de los tajos el empleo fijo. Empleando la subcontratación de una forma intensiva (el 95% de los accidentes mortales en la construcción se dan en las subcontratas) e imponiendo, ante la necesidad de buscarse el pan los trabajadores, ritmos de trabajo y horarios que no hacen más que preparar el terreno a los accidentes y a las muertes.

El aumento de accidentes y muertes ha sido abonado y regado por el gobierno con sustanciosas ayudas a la patronal en subvenciones y con la complicidad de las organizaciones sindicales CCOO y UGT que han pactado acuerdos sociales y de empleo con los distintos gobiernos regionales y central. La impunidad patronal y del gobierno llega a cotas inadmisibles: se tienen localizadas 30.000 empresas en las cuales se dan el 50% de los accidentes y todavía no se ha hecho nada. Podemos decir con justicia que los accidentes laborales en España son terrorismo empresarial impune, beneficios sacados con sangre obrera.

El pacto de Toledo: el recorte de las pensiones

En nuestro país hay alrededor de 8 millones de pensionistas de los cuales más de medio millón tienen que recibir una pensión no contributiva cuya cuantía no supera las 45.000 ptas. Casi 4'5 millones cobran una pensión de jubilación por haber cotizado en su vida laboral y la pensión media es de 89.000 ptas.. Las de viudedad son 55.000 la pensión media y cobran cerca de 2 millones de personas.

En 1994 el congreso de diputados creó una ponencia para discutir y consensuar una serie de medidas respecto a las pensiones. Esto suponía el intento de llegar a un acuerdo para racionalizar, decían el problema de las pensiones, para garantizarlas. Pues con la tasa de natalidad tan baja no habría posibilidades de que las generaciones futuras sostuvieran las pensiones de los que hoy trabajan. Desde su óptica, el sistema público que pagaría las futuras jubilaciones tendría que sostenerse por las propias cotizaciones de los trabajadores. Incluso para la derecha habría que privatizar aún más potenciando los fondos de pensiones.

Para UGT y CCOO e IU el Pacto de Toledo significa garantizar la financiación pública por el acuerdo con la derecha. Pero incluso desde este punto de vista ¿qué y quién va a garantizar una serie de recomendaciones asumidas por la derecha y la izquierda que en la práctica no pueden obligar a nadie?. El pacto de Toledo no es más que una declaración de intenciones que supone un recorte en la cuantía y duración de las pensiones implantando la desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Además para CCOO y UGT su aceptación ha supuesto abandonar las posiciones contra los recortes que el gobierno de Felipe González realizó y que fue causa de movilizaciones generales.

En primer lugar las recomendaciones del pacto separan y clasifican las pensiones y las fuentes de financiación. Existen dos grandes clases de pensiones: las contributivas y las no contributivas. Las primeras son de aquellos trabajadores que han cotizado en su vida laboral. Las no contributivas son las que reciben las personas al no tener la mínima cotización o no llegar al salario mínimo interprofesional. Las primeras se financian directamente por las cotizaciones y las segundas por los presupuestos generales del estado. Pero el problema está en que todas deberían estar financiadas según el nivel de renta de cada persona. Así los ricos deberían pagar más que los de menos ingresos. Esto se agrava cuando se elimina el límite mínimo de base de cotización y se pone un máximo. Esto supone que el trabajador que no llega al límite de cotización va ha recibir menos que el que llega a los niveles de cotización. Lo lógico hubiera sido mantener una base de cotización mínima acorde con los salarios reales y así se garantizaría por lo menos una pensión suficiente.

Otra medida a favor de la patronal con la justificación de crear empleo es la reducción de las cotizaciones a los empresarios para "fomentar" empleo. En realidad lo que se hace es desviar dinero del salario de los trabajadores para los beneficios patronales. Siguiendo con esta política realmente contraria a una verdadera creación de empleo se permite que "voluntariamente" se pueda jubilar más allá de los 65 años. Es precisamente uno de los temas que quiere negociar el gobierno actualmente con los sindicatos.

Respecto a la cuantía de las contributivas se disminuye el porcentaje de la base de cotización que será después la pensión. Se necesita un mínimo de 15 años para tener la mínima y será del 50% de la base. Cuando antes era el 60%. En realidad para tener una pensión máxima se tiene que cotizar 25 años y no será el 100% sino el 80%. Se necesitan 35 años de cotización para tener el 100% de la base pero no podrá sobrepasarse de ese límite aunque se cotizaran más años. Y todos sabemos que normalmente en los salarios obreros los pluses y las primas son proporcionalmente más altos que el salario base de donde se determina la base cotizadora.

De esta manera se penaliza mucho más a los salarios más bajos, en precario o temporales pues cada vez se evidencia más que el empleo creado es temporal y precario. ¿Qué joven obrero va a cotizar los años suficientes para tener una pensión digna? Y encima se aumenta a los últimos 9 años el cálculo de la pensión. En cuanto a las no contributivas ni siquiera se pone el mínimo del salario interprofesional para estas personas. Finalmente se abre la "compensación" de los salarios de jubilación a las pensiones de fondos privados con lo que supone la especulación y el negocio del gran capital a costa de los salarios diferidos de los trabajadores.

Actualmente el gobierno quiere negociar aspectos del pacto con los sindicatos. Fundamentalmente han salido en la prensa las declaraciones del ministro de Trabajo de penalizar a aquellos trabajadores que hayan cotizado menos y primar aquellos que cotizan más. Cuando en la campaña electoral Aznar prometió subidas del 10 y del 15% de las pensiones.

Aumentan las desigualdades sociales, aumenta la pobreza

Para medir el nivel de pobreza de un país los organismos internacionales utilizan los ingresos individuales y personales medios de cada país. Se considera el umbral de pobreza la mitad de los ingresos medios de un país. En España donde la mayoría de los servicios sociales que atienden a los excluidos y marginales son religiosos, es Cáritas la organización asistencial católica por excelencia, la que realiza informes más o menos fiables de las situaciones de verdadera marginalidad y pobreza que existe. Según sus propios datos el número de pobres no solamente se mantiene en los 8 millones sino que en estos últimos años han aumentado en medio millón.

Según el INE el número de hogares por debajo del umbral de pobreza que lo sitúa en el 60% del gasto medio era en 1998 de más de 2 millones, el 16'93% del total y personas había más de 6 millones en la `pobreza, más del 15% de la población. En cuanto a los ingresos familiares por hogares sólo el 0'8% de éstos ingresaban 650.000 ptas. o más mensuales, más de 390.000 ptas. sólo el 5'9%, mientras que casi el 35% de las familias, más de 4 millones tenían unos ingresos máximos de 130.000 ptas. y el resto de los hogares no sobrepasan las 325.000 ptas.. Si los comparamos con los datos de 1995 la relación de hogares pobres y los más ricos no ha variado sustancialmente. Es más hay menos hogares en 1995 había un 8'3%, en 1998 un 6'7%- que ingresan por encima de las 390.000 ptas. y los más pobres son prácticamente los mismos. Lo cual quiere decir que hay menos ricos pero con más ingresos.

A la par que el gobierno ha reducido el presupuesto para las prestaciones sociales en 2 billones lo privatiza. Es decir la mayoría de los servicios sociales son privados, viviendo de las subvenciones del estado. Tanto los municipios como los gobiernos regionales y el central dedican cada vez menos dinero directamente a resolver los problemas producto de la pobreza, la marginación o la drogadicción y cada vez reparten el poco presupuesto que hay entre asociaciones y organizaciones privadas para paliar estos problemas. La atención a la tercera edad, drogadictos, marginados, excluidos de todo tipo, emigrantes, sin techo etc. es, cada vez más, asunto que el estado delega en grupos asistenciales privados. Por poner un ejemplo sólo el 16% de los centros de acogida de los sin techo son públicos. De este 16%, está gestionado directamente por el estado un 10%, el resto lo es por entidades privadas. El 83% restante de los centros de acogida son privados y la mayoría religiosos. Cada vez más las ONG asistenciales asumen tareas que el Estado abandona, de hecho estas ONG generan más de 200.000 puestos de trabajo, la inmensa mayoría en precario, que la administración debiera crear.

En un país que no existe ni siquiera un salario social universal para todos aquellos que lo necesiten, el Estado no ha dedicado nunca la atención necesaria a los más pobres. Podemos decir que el famoso "Estado del bienestar", no ha existido nunca para una parte importante de la población y si ha habido instituciones sanitarias y educativas públicas universales se ha ido degradando a pasos agigantados. El asunto de las muertes en las listas de espera para cirugía da fe de ello. Según la "Sociedad española de la salud pública y administración sanitaria" en 1999, 35.000 personas murieron de pobres, es decir no tuvieron recursos económicos que les posibilitara la atención sanitaria que les permitiera curarse. De ahí que esta misma sociedad señale que la esperanza de vida de los españoles varíe dependiendo de la ciudad y del barrio donde viva, llegando a disminuir en 10 años la media que para los varones está en 74 años y 81 para las mujeres. Para los distintos gobiernos socialistas y ahora del PP la pobreza y la marginación son cosas asistenciales y a los que hay que dedicar los menos recursos posibles que para eso están las ONG y la Iglesia.

Pactos a cambio de subvenciones: los sindicatos cumplen su papel de encuadramiento de los trabajadores

Mientras la situación social se deteriora y la calma parece no enturbiar la paz del capital, los sindicatos llegan a acuerdos con el gobierno central y regionales. En 1999 el descenso de huelgas en las zonas más industrializadas, como Madrid y Cataluña, y en Andalucía ha sido significativo, más del 100% respecto al semestre anterior en 1999. La paz social firmada por los sindicatos y gobiernos se apoya en una situación de deterioro social de la clase obrera y de la integración de sus organizaciones en el aparato de estado, ocupando un papel de intermediarios entre la patronal, el gobierno y los trabajadores y encuadrando a estos en un sistema económico cada vez más desprotegido impidiendo una respuesta de lucha.

En Andalucía CCOO y UGT llevan cuatro acuerdos con el gobierno Chaves y la patronal andaluza. El último, el IV, acabó la pasada legislatura. Andalucía sigue siendo la región con el paro más alto del país. Sin embargo para los sindicatos, patronal y gobierno autónomo la concertación social es positiva y en el último año se han creado casi 44.000 nuevos puestos de trabajo. Esto, a todas luces, insuficiente, no es lo peor: la Junta se ha gastado la friolera 256.000 millones de ptas. en "fomento" de empleo, es decir en subvenciones a la patronal, subvenciones a la formación continua para empresas y sindicatos y en programas de "fomento empresarial". Si hacemos una sencilla cuenta de dividir entre el dinero gastado y los puestos de trabajo creados resulta que cada empleo le ha costado a la Junta 5'7 millones de ptas. con lo cual habría que decir claramente con sus mismos datos - que lo que gasta la patronal en crear puestos de trabajo nuevos es nada. Pues con las subvenciones del estado todo es beneficio.

En el ámbito nacional el acuerdo de los sindicatos CCOO y UGT y el gobierno del PP en 1997, que propició la última reforma laboral, se hizo según los criterios sindicales para limar la temporalidad en el empleo y crear empleo fijo. Los hechos son tozudos y la temporalidad se mantiene en más del 30%. En realidad lo que pactan no es más que el abaratamiento de la mano de obra y el despido a menor coste. Esto propicia subcontrataciones en cascada y en esta situación no es posible eliminar la precariedad. En estos días se está barajando otro posible pacto. El gobierno y la patronal están dejando caer, que para potenciar el empleo fijo abría que abaratar aún más el despido, pues la causa de no crearse empleo fijo, sería los altos costes de los despidos y, bajando los costes se harían más "atractivos" para los patrones y se contratarían más fijos.

En contrapartida a los pactos, los sindicatos y patronal reciben miles de millones en dinero del estado para formación continua. Los sindicatos utilizan parte de este dinero para financiarse. El ministerio de trabajo y asuntos sociales otorgó durante el último trimestre de 1998 y 1999 la cantidad de más de dos billones de ptas. de los cuales una parte importante se lo llevan CCOO y UGT. El FORCEM(fundación para la formación continua de sindicatos y patronal), dispuso en 1997 los años siguientes las cifras han aumentado - de 95.000 millones para estos usos que se repartieron los sindicatos mayoritarios y la CEOE. Estos fondos salen de las nóminas de todos los trabajadores y de fondos europeos. El año pasado estalló un escándalo pues en la contabilidad habían desaparecido miles de millones de pesetas. Todos los trabajadores saben que tanto los cursos de las empresas, como de los sindicatos, en la mayoría de los casos no corresponde con una necesidad real de la empresa o del empleo y sí el recaudar fondos para financiarse.

Esta situación de pactos y de integración en el aparato de estado capitalista mantiene el orden establecido y controla a los trabajadores para mantener los beneficios del capital según los ciclos económicos. Seguramente veremos años de crisis social en nuestro país y de la respuesta de los trabajadores y de los militantes revolucionarios va a depender mejorar y parar el deterioro de nuestras condiciones de vida y avanzar en una mayor conciencia de clase. En estos años hemos visto aumentar los grandes beneficios de la patronal. Los trabajadores debemos por tanto reanudar las luchas, extendiéndolas al resto de los trabajadores en lo posible, para aumentar los salarios, exigir contrataciones y mejorar nuestras condiciones de vida.

Septiembre de 2000.