Ley de extranjería, arma empresarial.

El PP pretende cambiar la Ley de Extranjería lo que supone un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes, ya de por sí menguados por el texto original. Mientras tanto, desde el 92 son ya 3.000 los emigrantes muertos al intentar cruzar el Estrecho huyendo de la miseria.

En su reforma, el PP quiere que los derechos reconocidos a los inmigrantes sin papeles se limiten a la educación obligatoria y a la sanidad. Recorta el derecho a la reagrupación familiar. ¿Acaso no tienen derecho a convivir con sus familias los inmigrantes que trabajan sin contrato (al igual que hacen muchos españoles), por ejemplo en el servicio doméstico sobre todo mujeres- o en el campo o la construcción?. Tampoco se les confiere libertades sindicales ni políticas; ni derechos de libre circulación, reunión, manifestación, asociación, ayudas a viviendas, sindicación y huelga. De lo que se benefician muchos patronos españoles que les dan trabajo en condiciones infrahumanas sin tener siquiera derecho a protestar.

Para Mohammad Harouiz, presidente del Foro de Migrantes de la Unión Europea la propuesta del PP se "traduce en el reconocimiento de que existen dos tipos de personas, los europeos y los inmigrantes, y además estos últimos se dividen en documentados, con derechos mínimos, y los indocumentados, que no tienen derecho a nada".

El PP ha querido llevar adelante su reforma haciendo cundir el miedo a que vengan una avalancha de inmigrantes, que quitarían el trabajo a los españoles, que crearían problemas de inseguridad ciudadana, que convertiría a España en una "plataforma de mafias", etc. Argumentos que en situaciones de crisis, de paro, de empleos precarios como la que vivimos actualmente pueden tener algún arraigo en ciertos sectores de la población.

Pero esta alarma social que pretenden difundir es completamente falsa; de hecho España es uno de los países europeos con menor tasa de inmigración. Y aunque viniesen en avalancha, el paro no lo crea el inmigrante lo crea el patrón. Es el capitalismo el que crea y al que conviene la inmigración: el beneficio desorbitado de unos pocos hace vivir en la miseria a muchos.

Al capitalista, a los patronos, les conviene tener a multitud de trabajadores en condiciones de vida míseras puesto que pueden tirar de ellos en los momentos en que la producción los necesita, sacando pingües beneficios y arrojándolos de nuevo a la miseria una vez que sus bolsillos se han llenado; igualmente les conviene para mantener a la baja los salarios bajo el chantaje de que si no se aceptan las condiciones de trabajo impuestas por la patronal hay todo un "ejército de reserva" dispuesto a hacer ese mismo trabajo por una salario de miseria.

Así, condenan al paro a miles de trabajadores y cuándo no, tienen que soportar trabajos precarios, pérdidas de poder adquisitivo y empeoramiento de las condiciones de vida. Ahí está, por ejemplo, Telefónica: mientras sus directivos, (unos cien, por cierto muy españoles) ganan 50.000 mllnes de pts, la empresa continúa con una "reestructuración de plantilla" que va a suponer 10.000 puestos de trabajo menos.

No se puede caer en este juego lleno de prejuicios, mentiras y cinismo. Todas las personas tienen los mismos derechos, independientemente del lugar de nacimiento, y deben elegir libremente donde vivir y trabajar. No se puede hacer de la miseria de algunos, ningún medio para obtener cada vez mayores beneficios y dividir a los trabajadores de distintos países, camuflándolo bajo leyes "integradoras" más o menos progresistas.

Son los patronos los causantes del paro, los bajos salarios y la miseria de todos los trabajadores y la unión y la lucha de todos ellos, independientemente del origen, garantizará trabajar y vivir libremente.

Diciembre de 1999

La dimisión de Yeltsin

El 31 de Diciembre Yeltsin anunciaba su dimisión como presidente de Rusia. Su lugar ha sido ocupado de forma interina, y hasta las elecciones presidenciales de Marzo, por su antiguo primer ministro y nuevo hombre fuerte del Kremlin, Putin.

Todo parece indicar que el clan que controla el poder en Rusia ha optado por un recambio frente a un Yeltsin desprestigiado absolutamente ante la población, debilitado física y políticamente, acosado por los escándalos de corrupción. Colocan a un nuevo hombre en el poder, Putin, que les garantice tapar el robo a gran escala sobre el que han construido sus inmensas fortunas y continuar saqueando la economía del país.

Tras diez años de gobierno de Yeltsin, Rusia es un país arruinado, con una economía desecha por el pillaje de la casta dirigente, donde la población malvive con salarios de miseria pagados con meses de retraso, mientras una minoría de políticos, especuladores y mafiosos, salidos la mayoría de la burocracia de la antigua Unión Soviética, despliega un lujo y una insolencia dignas del tiempo de los zares.

Nada puede esperar la población rusa de un Putin salido de esos clanes gobernantes, que ha consolidado su poder mediante la guerra de Chechenia, bombardeando despiadadamente los pueblos y ciudades chechenas, testimonio de la barbarie de los dirigentes del Kremlin.

Tras el fin de la URSS esos dirigentes decían que el capitalismo traería nuevos tiempos. La realidad demuestra en Rusia, como en todas partes, como una minoría se enriquece escandalosamente a costa de la mayoría de la población, y hoy como ayer evidencia la necesidad de un auténtico comunismo que abra nuevos tiempos, sin explotadores, ni explotados.

El efecto 2000

Desde hace meses todos los medios de comunicación han tenido como centro informativo las consecuencias que tendría el paso al nuevo año para la vida económica y social de todo el mundo. Con más o menos sensacionalismo, se hacían eco de las declaraciones oficiales de la Casa Blanca sobre las penalidades que sufriríamos al no estar controlados, sobre todo, las redes informáticas de los países del Tercer Mundo, en especial los antiguos países del Este. Los misiles nucleares, los sistemas sanitarios, de agua, luz, bancarios etc. Todo tenía la posibilidad de descontrolarse y de llegar la catástrofe de fin de milenio.

Estas noticias habían creado una alarma social que había provocado que gente de los países ricos se asustaran y se prepararan acumulando comida y dinero para los posibles desastres. Naturalmente pasó la fecha fatídica y las incidencias fueron mínimas. El efecto 2000, con todas las catástrofes se quedó en un tigre de papel ondeado a los cuatro vientos para beneficiarse con miles de millones las multinacionales de la informática.

En realidad el verdadero efecto 2000, es el que crea en todo el mundo el capitalismo y sus gobiernos que tienen sometido al saqueo a los países pobres y explotan sin sonrojarse a los trabajadores del mundo. Millones de trabajadores reciben sueldos de miseria de las grandes multinacionales, media humanidad paga con su hambre, los intereses usurarios a los bancos y las epidemias como el cólera vuelven por sus fueros... Y mientras, nuestro gobierno mantiene un salario mínimo de miseria, el paro y la precariedad asolan al 50% de los trabajadores, y las empresas como Telefónica, mientras están suprimiendo 10.000 puestos de trabajo, ganan miles de billones de pesetas en la bolsa.

Enero de 200

Pinochet: asesino bien protegido

Las últimas maniobras en torno al caso Pinochet auguran su posible regreso a Chile. El ministro del Interior británico, Jack Straw, ha anticipado su decisión de no conceder la extradición del dictador a España por motivos de salud.

El gobierno español, cuyos capitalistas han hecho y hacen muy buenos negocios en Chile, ha manifestado que no recurrirá la decisión del ministro inglés. El gobierno chileno, con un recién elegido presidente socialista, muestra su satisfacción, mientras un avión del ejército chileno espera al dictador.

A pesar de toda la propaganda hecha, a raíz de su detención, sobre el triunfo del imperio de la ley y del buen funcionamiento de la justicia, la realidad es que los gobiernos inglés, español y chileno han buscado siempre una salida para ese asesino.

Se calcula que en el momento del golpe de estado de Pinochet 30.000 partidarios del gobierno de izquierda fueron asesinados en pocos días. Después continuaron los asesinatos y las torturas.

Mucho se habló también de la independencia de la justicia pero al final la decisión la tomará un ministro del Interior y basada en un informe médico secreto, cuya confidencialidad fue pactada con el propio Pinochet. Los estados capitalistas prefieren proteger a aquellos que les hacen el trabajo sucio. De regresar a Chile su enjuiciamiento será muy improbable.

Pero en cualquier caso, sea cual sea la suerte personal de ese viejo dictador, los países que apoyaron su golpe, especialmente Estados Unidos, no han dejado de sostener y aupar numerosas dictaduras en todo el planeta. Es gracias a ellos que las dictaduras se mantienen, ametrallando manifestantes, encarcelando y torturando a sus opositores.

Para acabar con las dictaduras no sirven para nada farsas como las montadas en torno a Pinochet. Es el mismo imperialismo el que tendrá que ser derribado.

Enero de 2000.

Pactos PSOE-IU

El pacto electoral alcanzado por PSOE e IU está levantando interés sobre las posibilidades de un gobierno de izquierdas. Ambas fuerzas han acordado presentar candidaturas conjuntas al Senado, un programa común de gobierno y el apoyo de IU para la investidura de Almunia como presidente del gobierno.

Es claro que un gobierno derechista del PP no va a beneficiar en modo alguno a los trabajadores, pero cabe preguntarse, al mismo tiempo, si un hipotético gobierno de la izquierda favorecerá los intereses la clase obrera, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de 13 años de gobierno del PSOE, durante los que aplicó una dura política anti- obrera: Reforma Laboral, contratos basuras, reconversiones industriales salvajes, paro, mientras los empresarios se hacían de oro y la corrupción manchaba a los políticos del PSOE.

¿ Acaso el PSOE ha cambiado de la noche a la mañana, ha dejado de ser el partido de la corrupción y el GAL, como le criticaba IU?, O ¿ más bien se trata de crear ilusiones entre los trabajadores que facilite su llegada al poder?.

De hecho las negociaciones para el pacto han evidenciado que sobre todo se jugaban intereses de partido, al estar centradas en las candidaturas y el reparto de escaños, sin que primaran las necesidades de la población trabajadora.

La política practicada por PSOE e IU ha llevado a la desilusión a muchos trabajadores y jóvenes. Al PSOE le es imprescindible recuperar parte de esos votos y arañar electores de IU en nombre del voto útil, si quiere gobernar, a IU, tras su hundimiento electoral, mantener su cuota en las instituciones y la puerta abierta a ser un partido de gobierno, de la mano del PSOE. En ese juego electoral, a ambos, les interesa crear expectativas en los trabajadores.

Basta un simple vistazo al programa pactado para adivinar que puede esperar la población trabajadora, y para poner en entredicho la idea de IU de que un pacto con el PSOE, un gobierno con su presencia, puede hacer girar a la izquierda a los socialistas; más bien ha sido todo lo contrario.

El programa establece el mantenimiento de la política económica (Plan de Estabilidad) practicada todos estos años, por los gobiernos del PSOE y del PP, que ha llevado al recorte de gastos en los servicios públicos y a su degradación, a las congelaciones salariales, a la flexibilidad laboral, mientras los empresarios se benefician de subvenciones públicas que no son cuestionadas, como tampoco el actual sistema fiscal que favorece descaradamente a los más ricos. Las privatizaciones se mantendrán, al igual que las Empresas de Trabajo Temporal. Da la impresión que se quiere tranquilizar a los empresarios: nada sustancial va a cambiar.

En lo que sí ha cambiado IU ha sido el no cuestionar, en el pacto de gobierno, la pertenencia a la OTAN. Hay que recordar que IU nace como una coalición opuesta al ingreso de España en la OTAN.

La reivindicación de las 35 horas por Ley queda reducida, a adoptar "medidas legales y reglamentarias" que la favorezcan, prácticamente lo que hay ahora. En cuanto a las pensiones mínimas, después de todo el ruido montado, solo hay un compromiso de elevarlas "por encima de los niveles vigentes", ni tan siquiera el compromiso de igualarlas al mísero Salario Mínimo.

El verdadero cambio para los trabajadores, solo podrá venir de la mano de una política que defienda con firmeza sus intereses de clase, recupere la confianza en sus propios medios, en su combatividad, para frenar las agresiones de la patronal y de cualquier gobierno, tenga éste la etiqueta política que tenga.

Febrero de 2000.

La campaña electora

En plena campaña por las elecciones del próximo 12 de marzo, los principales partidos políticos prometen el oro y el moro, para luego hacer nada.

El PP vende su política "recordando" que "España va bien". Va bien para los empresarios pues con la Reforma Laboral del 1997 se redujo aún más (pues ya el PSOE había comenzado) el precio del despido y se aumentó la flexibilidad laboral, o sea, la libertad para contratar, despedir, aumentar ritmos de trabajo... Y el paro en España sigue siendo el de mayor porcentaje europeo, y el que se "crea" es absolutamente precario.

El plato fuerte del PP es el anuncio de una nueva "revolución fiscal"; anuncian que volverán a bajar los impuestos. Para la patronal, además, más rebajas ¡aún! en sus aportaciones a la Seguridad Social y del IAE (Impuesto de Actividad Empresarial).

Lo que no dicen es que aunque haya habido una leve bajada en los impuestos directos que pagamos a Hacienda, lo que pagamos como impuestos indirectos es mayor, al subir los precios de la gasolina, alimentos, viviendas, etc. Que su pretendida "revolución fiscal" no favorece más que a aquellos con mayor capacidad económica. Y al igual que hizo el PSOE en sus tiempos, Aznar anuncia la creación de 1.400.000 puestos de trabajo, apostando claramente por continuar los procesos de privatización.

Por su parte el PSOE, con su pacto electoral con IU, dice que no subirá los impuestos ni tampoco la presión fiscal al empresariado. Promete la semana laboral de 35 horas para las empresas que así lo soliciten, para lo cual recibirán "ayudas" y subvenciones. O sea, más de lo mismo.

Acusa al gobierno de haber privatizado poniendo en manos de unos pocos "amigos" el poder económico del país, aludiendo a las famosa "stocks options" de Telefónica y a la fusión BBVA- Telefónica. Al parecer lo que les molesta no es que se privatice sino que los capitalistas sean "amigos de Aznar" puesto que como el mismo Almunia ha recordado a la patronal fue el PSOE "quién primero privatizó" y el partido "que más ha privatizado durante su etapa de gobierno". Los empresarios no tienen nada que temer del pacto PSOE-IU sino todo lo contrario.

En cuánto a IU, Frutos parece la marioneta de Almunia diciendo, casi con las mismas palabras, lo mismo. La única cosa que los diferencia es su afán por pedir insistentemente a los indecisos de izquierda que no se abstengan, para así "tirar" del PSOE hacia una política "más radical". Pero ¿de qué política habla? Su programa no se diferencia cualitativamente del programa del PSOE y la realidad es que está siendo éste último el que está "tirando" de IU hacia discursos más moderados, si cabe.

En cuánto al País Vasco la dinámica electoral es la misma, pero el último atentado de ETA, que ha ocasionado la muerte del socialista Buesa, ha fraccionado aún más a la población entre los españolistas, con el PP y PSOE, y los nacionalistas con el PNV y EA que no dudan en enfrentar a la población en torno a sus intereses partidistas y electoralistas.

Nada tiene que ofrecer una nueva elección que no va a cambiar la sociedad desde sus cimientos. El interés de la clase obrera no está en alinearse detrás de partidos que buscan una u otra política para la burguesía capitalista, sino en expropiarla y poner fin a esta forma loca de organizar el mundo, donde las diferencias entre los ricos y pobres son cada día mayores. La única salida es avanzar en la construcción de una organización independiente, recuperando los métodos obreros, la unión de clase por intereses comunes para imponer entre todos el cese de las privatizaciones de los servicios, los regalos y subvenciones a la patronal, la prohibición de despedir en empresas que tienen beneficios, para así crear puestos de trabajo fijos directamente por parte del Estado.

marzo de 2000