Antonis Samaras, primer ministro griego, se ha visto obligado a anunciar elecciones legislativas anticipadas para el 25 de enero de 2015. La crisis institucional en la que viven es el reflejo de la cólera y de la presión populares crecientes contra el actual gobierno que aplica sumisamente todas las medidas de rigor presupuestario dictadas por los acreedores internacionales del país.
Desde 2010 y con el inicio de la crisis, todos los gobiernos griegos han hecho pagar muy caro a la población la presunta recuperación de las finanzas públicas. De media, los salarios han bajado cerca de una cuarta parte. El desempleo alcanza ya al 27% de la población y a más del 50% de los jóvenes de entre 15 y 24 años. Según las estadísticas oficiales, más de un tercio de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Y el salario mínimo, cuando es respetado, está congelado en 580 € brutos al mes hasta 2016. Los funcionarios que se jubilan no son reemplazados y los recortes en los presupuestos de los servicios públicos son catastróficos. En la Educación, la situación es tal que el ministro ha propuesto en noviembre pasado que 1.100 puestos sean ocupados por docentes voluntarios con la promesa de que sus nombres serían quizá tenidos en cuenta en futuras contrataciones. El sistema de salud ha retrocedido años.
Las clases populares griegas están cada vez menos dispuestas a aceptar todo esto sin rechistar. Lo han demostrado durante las jornadas de huelga y de manifestaciones nacionales organizadas por los sindicatos de trabajadores de los sectores públicos y privados, especialmente la del 27 de noviembre pasado. Y el descontento se ha expresado también en las elecciones europeas de 2014. La alianza electoral Syriza ha quedado en cabeza por primera vez en un escrutinio nacional.
Nada más anunciarse las nuevas elecciones legislativas, el FMI ha declarado que suspendía su ayuda financiera a Grecia hasta la constitución del próximo gobierno. Las declaraciones de altos responsables europeos, entre ellos Merkel, han ido en el mismo sentido: amenazando a la población griega si esta "vota mal". Para todos estos sirvientes de los poderes financieros europeos y mundiales, la población debe aceptar dejarse robar en silencio.
Muchos griegos esperan que Tsipras, líder de Syriza, si llega al poder, tome medidas radicales para recuperar el nivel de vida de las capas populares. Pero no está nada claro. Al acercarse al poder, Tsipras busca demostrar su sentido de responsabilidad ante la burguesía. Ya no habla de no pagar la deuda sino de renegociarla. Busca extender su coalición, incluso girando hacia algunos políticos que han apoyado a Samaras, como los del partido de la Izquierda demócrata (DIMA).
La primera preocupación de los dirigentes europeos es, como siempre, tranquilizar lo que llaman " los mercados ", es decir la gran burguesía capitalista. Y si una inquietud se abre, no es tanto por una posible victoria electoral de Syriza: sus dirigentes ya se apresuran a demostrar su prudencia. Lo que motiva los golpes de barbilla de unos, las amonestaciones de otros, y el breve acceso de pánico de las Bolsas, es la hipótesis de un empuje de la cólera de la población griega que se traduciría, en el plano electoral, por una victoria de Syriza. Y sobre todo, si esta cólera no se para ahí. Sería, sin embargo, todo lo que la arrogancia de estos financieros y de estos políticos manipuladores merecería.
Así pues, para las clases populares, la única garantía de que se opere un cambio de política en el sentido de sus intereses es que ellas mismas ejerzan una presión sobre el poder, cualquiera que sea, con sus movilizaciones y con sus propias reivindicaciones vitales.