¿No es curioso que sea el gobierno el que diga que la oferta salarial del 4% a los maquinistas es “justa y razonable”? ¿Y dice a los 12.000 trabajadores afiliados al sindicato ASLEF en huelga que deben aceptarla, como si fuera su empleador y pagador?

Sin embargo, de las 16 compañías operadoras de trenes contra las que los conductores están en huelga, sólo 11 siguen en manos privadas, representadas colectivamente por el llamado Rail Delivery Group de franquicias. Scotrail y los ferrocarriles galeses ya son “públicos”, pues dependen de los gobiernos escocés y galés.

En mayo, un cuarto operador privado – TransPennine Express – pasó a manos del Operador de Último Recurso (OLR) del gobierno, después de que cancelara 1 de cada 4 de sus servicios a principios de año y sólo consiguiera mejorar hasta 1 de cada 6 en abril.

Y mientras el Secretario de Transportes del gobierno, Mark Harper, culpa a las huelgas de este mal rendimiento, es obvio para todos los demás que la compañía se limitó a engullir los beneficios (¡que de todas formas procedían de subvenciones del gobierno!) y no se molestó en financiar el servicio.

Una quinta adquisición espera entre bastidores: Avanti West Coast (al igual que Transpennine, propiedad de First Group), cuya franquicia sólo se ha prorrogado hasta octubre de 2023.

Parece que la privatización del ferrocarril está en el aire. Y aunque Harper no lo admita, su reactivación del proyecto Great British Railways equivale, como mínimo, a una admisión de fracaso, aunque sea una pálida imitación de la nacionalización ferroviaria.

El triste chiste es que las compañías ferroviarias de la OLR apenas funcionan mejor que las franquicias privadas, si nos atenemos a las cancelaciones. LNER, en manos del gobierno desde que la franquicia Virgin-Stagecoach dejó de pagar lo que debía al gobierno hace 5 años, ha tenido incluso más cancelaciones que Northern, de la que se hizo cargo OLR en 2020. Y mientras Transpennine es el peor, LNER ocupa el 4º lugar en cuanto a retrasos y cancelaciones.

En otras palabras, los malos servicios ferroviarios no se deben únicamente a la especulación privada. El gobierno y los operadores ferroviarios capitalistas se comportan exactamente igual: reducen la plantilla al mínimo y lo externalizan todo para ahorrar costes. Así que, aunque sí, los trabajadores tienen que exigir la nacionalización, los ferrocarriles sólo mejorarán si son asumidos bajo la gestión y el control de los trabajadores.

Traducido de workers_fight.org