El pasado 28 de febrero Ferrovial anunció la propuesta de trasladar su sede social a Países Bajos y debutar en bolsa en EE.UU. Sus accionistas han aprobado el traslado, con el 93,3% de los votos; el resto de accionistas que ha votado en contra pueden vender sus acciones a la empresa. Ferrovial tiene preparado para ello ¡500 millones!

El principal argumento de Ferrovial era pagar menos impuestos. Pero ahora Ignacio del Pino, su presidente, cambia el tercio y asegura que no hay motivos tributarios sino deseos de expansión.

Las ayudas públicas en forma de subvenciones y de créditos millonarios recibidos desde que fue creada en 1952 permitieron a Ferrovial obtener suculentos contratos públicos. Hoy día cotiza en bolsa y desde el día siguiente al anuncio de la operación los títulos de Ferrovial han subido el 3,35 %. Si se tiene en cuenta que desde entonces el Ibex 35 ha caído un 1,23 %, la revalorización sería del 4,6 %.

La posición del gobierno no ha pasado de tibia protesta, a pesar que se trata de una empresa construida con millones de capital público y que gracias a ello obtiene beneficios privados para un puñado de accionistas. El propio José Luis Escrivá ha llegado a decir “cuando hay beneficios fiscales, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy justificado”. Esta perezosa reacción del gobierno solo ha servido para que, en la junta general, algunas voces se hayan alzado denunciando la injerencia del Gobierno en asuntos privados.

Con la marcha de Ferrovial se ve a las claras que quien manda en el país, en este como en otros, no es la clase política; los verdaderos dirigentes son los empresarios que hacen y deshacen a su antojo aunque para “estimular” sus negocios han recurrido a mansalva a las arcas públicas. Por esto, lo que entre todos pagamos debe ser devuelto a la sociedad en forma de servicios públicos. Y expropiando se pone límite a la voracidad de estos accionistas y empresarios que se han apropiado y se enriquecen a costa de la inversión pública.