A nivel global, Naciones Unidas calcula que cada año 20 millones de personas abandonan su hogar y esta cifra aumenta cada año debido “a las causas políticas y económicas, a la inestabilidad alimentaria y la crisis climática, que genera cada vez más migraciones”.

Según ha informado la organización Save the Children, el número de migrantes que llegan a España casi se triplica en lo que va de año respecto al mismo período de 2023. Informa además que de las 20.000 personas que han llegado, más de 1.500 son niños y niñas. La mayoría proceden de Senegal, Mauritania y Mali.

A los fenómenos meteorológicos extremos, como la sequía prolongada, las lluvias torrenciales, la desertificación, etc. hay que añadir los efectos que causa el actual sistema económico capitalista. El continente africano es rico en materias primas; uranio, gas, oro, hierro, gas y petróleo forman el botín que las principales naciones, con EE.UU. y la UE a la cabeza, esquilman desde la época colonial hasta nuestros días.

Las colonias han desaparecido pero la voracidad capitalista, de la gran burguesía de los países ricos, se mantiene como el primer día. Persiste el saqueo de los recursos naturales combinado con una situación de extrema pobreza y explotación en la mayoría de la población. Para seguir manteniendo el control en estos países un recurso ha sido siempre enfrentar entre sí a las diferentes etnias, para someter bajo el terror a base de las armas y el pillaje a la población trabajadora.
En países como Nigeria, Burkina Faso, Mali, Níger y Chad ha aumentado esta conflictividad provocada por los intereses capitalistas. Debido a ello muchas personas mueren cada año en esos países. Y la inmigración forzosa hace el resto; produce la muerte de miles de personas durante su travesía hacia los países ricos por tierra y por mar en su búsqueda por mejorar su situación y la de sus familiares. El pasado Enero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en un informe titulado “El Mediterráneo, una ruta mortal”, señalaba que desde que comenzó la recopilación de datos, hace ahora una década, al menos 61.457 personas han muerto o desaparecido en trayectos migratorios en todo el mundo. Más de un tercio, 28.806 personas, solo en el Mediterráneo.

Ahora bien, durante años la Unión Europea ha seguido ampliando el cerco contra la inmigración, y cerrando más acuerdos transfronterizos, financiando con dinero público la cooperación con los principales países de origen para frenar el flujo de personas migrantes a los estados miembros. Algo además inutil ante la miseria y la guerra.

El pasado Mayo la UE sacó adelante, tras más de cuatro años de negociaciones entre los países miembros, el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, que según la Comisión Europea “intenta ordenar, homogeneizar y coordinar la gestión de los Estados ante las llegadas irregulares”. Según la propia UE estos pactos tratan sobre todo de que los países de origen puedan financiar la gestión de fronteras, operaciones de búsqueda y rescate, actividades contra el contrabando y retorno de migrantes.

El papel del “gobierno de progreso” en la inmigración

La guerra que estalló en Malí en 2021 entre rebeldes y grupos yihadistas se ha intensificado en los últimos dos años y como consecuencia ha aumentado la población que huye del país. Lo hace a través de Mauritania y su gobierno pide ayuda porque dice están desbordados.

Pedro Sánchez aprovechó este pasado agosto una gira por varios países africanos con el fin de reforzar el control migratorio, empezando por Mauritania que es actualmente la ruta más utilizada para llegar vía Canarias a España desde Malí, país que lleva años asolado por la guerra. Hace seis meses Mauritania ya recibió 500 millones de los fondos europeos para controlar la llegada de malienses y ahora reclama más ayudas para poder seguir conteniendo la salida a la UE y a España de inmigrantes.

Pedro Sánchez quiere hacer en Mauritania lo que la ministra italiana Meloni hizo en Túnez, utilizar los fondos europeos para financiar el cierre de fronteras de terceros países. Además de ello el presidente ofrece a Mauritania 250.000 empleos en España, sobre todo para el campo, para contener la inmigración ilegal dice, para a continuación añadir que “La migración no es un problema para España, sino que es una cuestión de principios morales, solidaridad y dignidad…”.

Esto lo dice quien miró hacia otro lado el año pasado en el transcurso de la “tragedia de Melilla”, perpetrada entre el gobierno marroquí y el español que causó la muerte de 37 personas, más de 70 siguen desaparecidas y 470 fueron devueltas ilegalmente. Y quien además continúa defendiendo el empleo de los CIEs. Ahí es nada. Finalmente para no diferenciarse del PP declaró en Dakar: “Es imprescindible el retorno porque traslada un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos, pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello”.

Dinero público para financiar el control de las fronteras de la UE

La inversión europea en la vigilancia y control de sus fronteras sigue creciendo de forma exponencial. En solo cuatro años, de 2019 a 2022, la partida presupuestaria de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, suma más de 2.000 millones de euros.

En 13 años, se han destinado más de 6.700 millones de euros en asignaciones a los Estados miembros, de los que más de 4.100 corresponden al ejercicio 2021-2027, un 45% más que el periodo anterior.

Los intereses detrás de las políticas antiinmigración responden a los intereses de las grandes empresas, la burguesía y sus negocios que para expandirse necesitan controlar y reprimir a la población en los países de salida, le sirve sobre todo de presión para bajar los sueldos y enfrentar entre sí a los trabajadores en los países de llegada. Nativa o extranjera, es la misma clase obrera y solo habrá un mundo mejor cuando expropie todo a la burguesía y controle ella misma en todas las ramas de la producción económica.