La oleada derechista en contra de la Ley de Memoria Histórica no para de crecer; a pesar de las muchísimas carencias de esta, a las derechas, lógicamente, nunca le gustó. Este negacionismo histórico viene de lejos, desde la victoria electoral de la derecha más rancia en las elecciones autonómicas y municipales del 2023.

Algunas comunidades autónomas con gobiernos de coalición PP/VOX ya han anunciado, incluso aprobado, decretos que reemplazan los anteriores sobre Memoria Democrática, como las llamadas “leyes de Concordia”, en las comunidades de Aragón, Valencia o Castilla León.

Pero no nos engañemos, el “Régimen de la Transición”, del que participan las llamadas “izquierdas parlamentarias”, nunca permitirá un auténtico escenario de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición en favor de las víctimas del franquismo, porque hay muchas responsabilidades también en sus filas. Una auténtica Ley de Memoria Histórica nunca podrá ver la luz mientras no sea abolida la ley de Amnistía de 1977, pero sobre todo mientras no haya una voluntad real de implantarla.

La timorata ley de “Memoria Histórica” de 2007, fue mejorada con la Ley de “Memoria Democrática” de 2022 al hacer responsable al Estado y a las administraciones autonómicas y locales de la búsqueda, localización de fosas y exhumación de las víctimas. Sin embargo, en mayo de 2023, el PSOE, promotor de ambas normativas, votó en el Senado, junto al PP, en contra de la iniciativa de tomar en consideración una proposición de ley que permitiera enjuiciar los crímenes del franquismo. Por otro lado, la ley carece de un desarrollo reglamentario, haciendo una vaga referencia a que se establecerán las medidas necesarias de colaboración entre administraciones centrales, autonómicas y locales, pero sin definirlas.

Nunca debemos olvidar que la represión franquista, sus masacres y violencia fueron el arma de la burguesía, la jerarquía eclesiástica y de los terratenientes de España, contra la clase trabajadora para aplastar cualquier atisbo de revolución social que pudiera trastocar su dominación política y social.

En conclusión, no es de extrañar la nueva llamada de atención al Estado español de los relatores de la ONU para la defensa de los derechos humanos, cuestionando los decretos autonómicos referidos de “las leyes de la concordia” e instando a que “se adopten las medidas necesarias para garantizar el respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos” por el franquismo. Si bien es verdad que el gobierno de “progreso” ha anunciado que recurrirá dichos decretos ante el Constitucional, la reaccionaria derecha hispana utilizará múltiples mecanismos de obstaculización para evitar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática: supresión de entidades, desvíos de fondos para otras “prioridades” o paralización de proyectos que ya estaban aprobados, como es el caso de la exhumación de la fosa Monumento en el cementerio de Sevilla.