El primero de Agosto entró en vigor el reglamento de la Ley de Extranjería, aprobada el año pasado. Al mismo tiempo el gobierno ponía fin, antes de lo prometido, al proceso de regularización extraordinaria que había abierto el seis de Junio y que exigía demostrar estar en España antes del 23 de Enero y tener una oferta de trabajo. En cierta medida este proceso respondía a las movilizaciones emprendidas por los inmigrantes tras la aprobación de la Ley de Extranjería, concretadas en multitudinarios encierros y huelgas de hambre como los protagonizados en la iglesia del Pi de Barcelona, a principios de año. Sin embargo representantes del gobierno advertían que no se podía esperar una regularización masiva; el director de la Oficina de Extranjería de Barcelona declaraba que "habrá un porcentaje alto de denegaciones". De hecho en Huelva, sobre unas 4000 solicitudes, han sido denegadas, hasta el momento, el 60% de las mismas.
El tres de Agosto, Fernández Miranda, delegado del Gobierno para la Extranjería, afirmaba, con el reglamento ya en vigor, que "a partir de ahora no se puede entrar, ni residir, ni trabajar ilegalmente en España." . Sin embargo, poco después de estas declaraciones, en Barcelona y Cuenca grupos de inmigrantes plantaban cara a las intenciones del gobierno.
La Ley de Extranjería que deja sin derechos a los inmigrantes "sin papeles" y limita los de los inmigrantes legales, se ve ahora completada por un reglamento fuertemente restrictivo. Se mantiene la posibilidad de expulsión en un plazo de ¡48 horas!. Igualmente dificulta la entrada al país cuando exige un seguro médico para cruzar la frontera o establece el llamado buzón consular para las solicitudes hechas desde el extranjero. La única posibilidad que deja el nuevo reglamento para la regularización es por motivo de arraigo, es decir acreditar la permanencia en España durante tres años y estar "potencialmente incorporado al mundo del trabajo", o tener algún vínculo familiar en el país. Pero sin "papeles" no se puede obtener un contrato de trabajo, y sin contrato no hay "papeles", o sea regularización.
De ésta manera se mantiene en la más absoluta precariedad e indefensión a los llamados inmigrantes "ilegales", mano de obra barata y flexible. Este verano los medios de comunicación difundían la noticia de la existencia de "agencias" que ofrecían a los empresarios "trabajadores (extranjeros) baratos y dóciles", que naturalmente cobrarían por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los propios medios criticaban esta practica como explotación inhumana, pero por la misma época la Cruz Roja y la Junta de Castilla y León firmaban un acuerdo para "insertar laboralmente" a inmigrantes, cobrando el 80% del SMI y sin derecho a paro. Ambos hechos favorecen y responden a los intereses de los empresarios. En El Ejido, por ejemplo, esta mano de obra barata y sin derechos está en el origen de verdaderas fortunas; Mercedes García, defensora de los derechos de los inmigrantes de El Ejido, declaraba en una entrevista a "El País" como "hay empresarios que en 20 años reconocen haber hecho un capital de 60.000 millones de ptas."
Represión del gobierno y de la oposición de izquierda
Desde la entrada en vigor del reglamento el gobierno del Partido Popular ha desencadenado una fuerte campaña contra los inmigrantes que tiende a asociar delincuencia con inmigración. Rajoy, ministro de Interior, llegó a proponer la expulsión inmediata de los inmigrantes "ilegales" acusados de cometer un delito o en su defecto la realización de juicios rápidos; una especie de justicia de excepción para los inmigrantes, para los pobres.
Más recientemente a raíz de la polémica suscitada por el gobierno sobre el aumento de la inseguridad ciudadana, tanto Rajoy, como el Director General de la Guardia Civil, o algún delegado del gobierno, han relacionado directamente el crecimiento de los delitos con la inmigración, especialmente, según ellos, en las zonas donde residen mayor número de inmigrantes. Una campaña semejante fue el fondo de sucesos como los de El Ejido. Al mismo tiempo las expulsiones no dejan de sucederse.
Pero esta política no es exclusiva del Partido Popular. El seis de Agosto, el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por el PSOE, desalojaba de la céntrica Plaza de Cataluña a un centenar de inmigrantes africanos (nigerianos en su mayoría) que desde hacía seis meses malvivían en la plaza, como muchos de los 30.000 inmigrantes sin papeles de Barcelona que no tienen otro lugar para vivir que la calle. El desalojo, justificado por razones de "salubridad", se hizo cuando actuaba como alcaldesa accidental Inma Mayol, miembro de Iniciativa por Cataluña Los Verdes, antiguo grupo componente de Izquierda Unida, y que apoya al PSOE.
El Ayuntamiento como el gobierno central y catalán se negaron a ofrecer alojamiento a estos inmigrantes e incluso cubrir sus más elementales necesidades alimenticias. El responsable de los servicios sociales del Ayuntamiento reconocía que habían esperado la entrada en vigor del reglamento de extranjería para efectuar el desalojo. Los socialistas se unieron al PP y al gobierno catalán para tratar de imponer la expulsión de los inmigrantes desalojados. Una dirigente de los socialistas catalanes, Marina Geli, manifestaba a la prensa: "nuestro partido no está a favor de esta legislación pero hay que cumplir la ley que impusieron CiU y PP", o sea hay que expulsar.
Los inmigrantes no se resignaron a su suerte y se volvieron a concentrar en la plaza de Berenguer el Gran de la que fueron nuevamente desalojados. De allí trasladaron su protesta a la plaza Andre Malraux de la que fueron expulsados el 17 de Agosto, tras una brutal intervención policial a la orden de "detened a todos los que podáis". Hubo más de un centenar de inmigrantes detenidos y se montó una auténtica cacería humana: el metro fue tomado por la policía y patrullas policiales rastreaban el centro de la capital catalana para detener a los sin papeles. Una vez más el Ayuntamiento y el PSOE justificaron la represión. El alcalde, Joan Clos, diría: "El Ayuntamiento no puede consentir la acampada en la vía pública. No voy a entrar a descalificar la acción de la policía, pero quiero insistir que estamos ante un problema grave que requiere la corresponsabilidad de todas las administraciones."
Casi al mismo tiempo medio centenar de inmigrantes magrebíes iniciaban una marcha de cien kilómetros desde la pequeña localidad de Las Pedroñeras hasta Cuenca para reclamar su regularización. Durante la marcha otros inmigrantes se incorporaron hasta alcanzar la columna el centenar de personas. Poco antes de la marcha un grupo de extrema derecha convocó en Las Pedroñeras una concentración de claros tintes racistas. Los inmigrantes magrebíes vivían en la pequeña localidad conquense en condiciones infrahumanas, en un campamento de chabolas, pendientes de poder trabajar por un salario de miseria. Destino que comparten con buena parte de los inmigrantes que trabajan en la agricultura. En la provincia de Huelva, según datos aportados por los ayuntamientos, cerca del 30% de los inmigrantes viven en infraviviendas. Un informe del Defensor del Pueblo Andaluz describe como es el alojamiento "en albergues, viviendas de acogida, chabolas, edificios ruinosos y espacios públicos, como puede ser un recinto ferial o un campo de fútbol."
La misma opresión en todo el mundo
La situación de los inmigrantes en España no es única, sino que se repite por todo el mundo y los gobiernos de los llamados países desarrollados, sean de derechas o de izquierdas, practican la misma política represiva. Basta recordar la triste odisea del buque noruego Tampa que recogió en alta mar a más de 400 inmigrantes, en su mayoría afganos, que pretendían llegar hasta Australia. Sin posibilidad de atracar en el país austral o en algún otro puerto, sin recibir, durante días la más mínima ayuda humanitaria, fueron confinados finalmente en la isla de Nauru. Las costas griegas o italianas conocen el mismo reguero de muertes de emigrantes turcos o albaneses, explotados de la misma manera cuando logran llegar a Europa Occidental.
Por el túnel bajo el Canal de la Mancha cientos de inmigrantes tratan de llegar diariamente hasta Gran Bretaña. La empresa del Eurotúnel ha dado una respuesta prácticamente militar al nombrar a un general británico para aumentar los controles de seguridad, por su parte el gobierno francés ha anunciado el cierre del campo de refugiados de Cruz Roja próximo al Eurotúnel, que acoge a cientos de refugiados iraníes, paquistaníes, afganos o turcos. En la misma Francia las expulsiones de inmigrantes "sin papeles" están a la orden del día.
Por su parte el gobierno italiano de Berlusconi acaba de presentar un proyecto de ley sobre la inmigración que convertirá, aún más, a los trabajadores inmigrantes en verdaderos esclavos, desprovistos de todo derecho. Los permisos de residencia estarán estrechamente ligados a los contratos de trabajo, estando sometido el trabajador inmigrante a un permanente chantaje por los empresarios. El despido o la no renovación del contrato supondrían la expulsión del país. Además el proyecto crea el delito de "retorno ilegal" a Italia, castigado entre seis y doce meses de retención. La pena por la tercera entrada "irregular" en el país será de hasta ¡cuatro años de prisión!.
No hay leyes que paren la inmigración, hay leyes contra los trabajadores inmigrantes
El gobierno del Partido Popular, bien de forma más o menos subliminal, unas veces, o bien de forma abierta, otras, presenta la llegada de los inmigrantes como una auténtica invasión. Es parte de su campaña racista contra los trabajadores inmigrantes. Pero una cosa es verdaderamente cierta: la llegada de inmigrantes es imparable. Este verano, durante el mes de Agosto, en tan solo cuarenta y ocho horas, llegaron a las costas de Cádiz y Canarias, cerca de un millar de emigrantes. El Director General de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, reconocía que se habían practicado el mayor número de detenciones en toda la historia de la Guardia Civil, y ya es decir. Curiosamente el gobierno justificaba su Ley de Extranjería, como el medio más eficaz para evitar la emigración ilegal. Los resultados están a la vista.
La miseria, las crisis, las guerras y las masacres que asolan todos los rincones de la Tierra hacen imposible prohibir a los pobres del mundo buscar un lugar de asilo, cruzar los mares en frágiles embarcaciones aún a riesgo de perder su vida, impulsados por la esperanza de no morir de hambre o bajo las bombas lanzadas por el llamado mundo civilizado. El resultado de todas esas leyes, tanto en España como en otros países, es colocar a los emigrantes en las garras de las redes mafiosas que les hacen pagar a precio de oro el pasaje en las pateras o en los camiones, para terminar en cualquier campo de fresa o en cualquier invernadero, explotado por un empresario español que hace su fortuna con la miseria del mundo.
Si nos atenemos a las cifras del propio ministerio del Interior español, entre 100.000 y 150.000 inmigrantes sin papeles llegan anualmente a España. Según la Fundación Encuentro, actualmente en España hay unos 200.000 inmigrantes que tratan de regularizar su situación, es posible que sean más. Este enorme contingente, junto con los parados, constituye un auténtico ejercito de reserva a disposición de los empresarios. El resultado es que por una parte, en los sectores donde se concentra la mano de obra inmigrante, tradicionalmente precarios también para los trabajadores españoles, como la construcción y la agricultura, la productividad ha aumentado, estos últimos años, de manera muy importante, y por otra parte el hecho que los patronos puedan imponer prácticamente cualquier condición de trabajo o salario a los trabajadores inmigrantes, se convierte en un elemento de presión sobre las condiciones de trabajo y de salario del conjunto de la clase obrera española.
Es frecuente que se hable, desde un punto de vista humanitario, de la integración de los inmigrantes en la sociedad española; naturalmente que ellos tengan los mismos derechos que la población española es algo elemental, pero lo que realmente está al orden del día es la integración de clase de los trabajadores inmigrantes. Los trabajadores españoles deben huir como de la peste del veneno del racismo, de la xenofobia y del nacionalismo. Frente a los patronos y frente al gobierno el interés de todos los trabajadores es luchar juntos para imponer el fin de todas las discriminaciones que afectan a los trabajadores inmigrantes. Para mejorar las condiciones de trabajo, aumentar los salarios y acabar con la precariedad laboral es necesario la lucha conjunta de la clase trabajadora, llámese española o inmigrante, contra los mismo explotadores que viven del trabajo humano, y contra sus gobiernos y sus leyes que atacan a todos los trabajadores.
Noviembre de 2001